Juez suspende decreto con el que Alcaldía de Cali validaba diálogo con manifestantes

El Juzgado 16 Administrativo de Cali suspendió este martes el Decreto 0305, que reconocía a la Unión de Resistencias Primera Línea como un actor para negociar diferentes puntos del orden social, y además condicionaba el actuar de la fuerza pública en la capital del Valle.

La suspensión se da luego de una demanda de nulidad simple presentada por la abogada María del Mar Machado. De acuerdo con la demandante, “se está presentando un hecho fáctico” en el que las personas que adelantan los bloqueos a la vía pública, “impidiendo la libre circulación de personas y vehículos”, se amparan en el decreto de diálogos para impedir las labores de la fuerza pública, en contravía al Decreto Presidencial de Asistencia Militar del pasado 28 de mayo.

La abogada señala que la vigencia del Decreto 0305 es un atentado grave contra la institucionalidad constitucional y legal. Lo anterior generaría, a su juicio, una desfragmentación de la unidad nacional y “una afectación grave y directa a los derechos de terceros que se verían afectados por el impedimento de la fuerza pública para actuar frente alteraciones del orden público y la forma en que se afectarían las garantías sustanciales del debido proceso de todos los actores involucrados en las manifestaciones públicas.

Frente a la decisión del juez, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, señaló que: “Cerrar el diálogo es una equivocación, cerrar el diálogo es no conocer a Cali. Hay que tener varias formas para resolver los bloqueos y eso dice mucho de un dirigente y una sociedad. 21 bloqueos se han desafectado a través del diálogo”.

El polémico decreto

Este grupo de Primera Línea es el que mantiene el control de los bloqueos en Cali, por lo que entre líneas el decreto se lee como una legitimización de los bloqueos. Asimismo, el documento expresa: “El Gobierno distrital se compromete en el marco de la protesta pacífica, conforme lo prevé el Decreto Nacional 003 de enero 5 de 2021, a privilegiar la comunicación verbal, respetuosa y permanente entre las autoridades, los organismos de control y los manifestantes para la resolución de los conflictos y desacuerdos, así como la prevención de hechos de violencia y el uso indebido y desmedido de la fuerza por parte de la Policía Nacional, velando por la inclusión en el marco del respeto ciudadano y los lineamientos que traza la Corte Suprema de Justicia”.

Este decreto también busca regular la presencia del Esmad en las protestas pacíficas: “(...) Con el fin de que las actuaciones de los efectivos de la fuerza policial y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) se sujeten a tales protocolos, y no intervengan en el desarrollo de la manifestación pública y pacífica realizada en el marco de la Constitución Política y la Ley por los puntos de Resistencia”.

Y aunque la intensión del alcalde Ospina es el diálogo, el decreto no cayó muy bien en algunos sectores de la ciudad que consideran que se está abriendo una puerta ambigua, que puede ser utilizada para la prolongación de los bloqueos, pues al entregarle reconocimiento es una invitación para que en futuras manifestaciones el taponamiento de las vías sea una opción de hecho.

“Decreto desconoce legitimidad de instituciones”

Una de las voces de rechazo a este decreto es la del concejal Roberto Rodríguez Zamudio, quien señaló que el documento desconoce la legitimidad de las instituciones. “Este decreto pone en duda el actuar de la Policía y la Fiscalía y crea una organización para proteger los actos delictivos que se dan en Cali, por lo cual el alcalde debe derogar ese decreto”.

Así lo hizo saber el concejal en constancia que presentó este martes en la sesión plenaria. “No puedo estar de acuerdo con ese decreto, porque agrede la democracia colombiana, el orden jurídico, la institucionalidad, la convivencia pacífica y la seguridad de los habitantes de Cali”, afirmó.

“Dicho decreto en sus considerandos y articulado da a los responsables de los atentados contra la seguridad de la ciudad, a los responsables de los hechos vandálicos que se dan desde el 28 de abril, la categoría de víctimas, que no han incurrido en ningún delito, y reconoce a los llamados integrantes ‘unión de resistencia de primera línea’ como movimiento autónomo y con esto se legitiman los bloqueos criminales. Igualmente, a la minga indígena ajena a Cali y autora de desmanes en la ciudad, le da reconocimiento de derechos humanos”, afirmó Rodríguez Zamudio.

De igual manera expresó: “Lo que vive Cali no es nuevo, se ha cocinado por muchos años y ahora explotó con el paro nacional. Por eso insisto, ante los hechos y reclamos no se puede concertar en medio del bloqueo, se deben dar soluciones y esas podrían surgir del empréstito, una mano generosa del Gobierno y el Concejo, donde se destinen recursos del empréstito para solucionar la falta de empleo, un empleo transitorio, para proyectar soluciones a largo plazo”.