Los cargos que llevaron al exmagistrado Ricaurte a la cárcel

Una organización criminal que hoy tiene en entredicho a la justicia habría nacido un día del año 2013, en el apartamento del abogado cartagenero Francisco Ricaurte. En esa fecha, el entonces magistrado de la Sala Penal Leonidas Bustos hizo la presentación oficial de Gustavo Moreno, el abogado con el que habrían llegado a establecer un estrecho vínculo delictivo, fortalecido con cenas lujosas en restaurantes de Bogotá y reuniones sociales en hoteles dentro y fuera de Colombia.

Esta fue la reconstrucción que hizo la Fiscalía al exponer ante un juez de Bogotá las razones por las cuales consideró que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte debe cumplir la medida de aseguramiento en una prisión. La juez aceptó el pedido y ordenó su traslado La Picota por los delitos de cohecho, peculado, concierto para delinquir agravado y uso indebido de información privilegiada.

El ente acusador señaló que alrededor de esta sociedad se conformó una estructura criminal cuyas cabezas eran Bustos y Ricaurte; en el camino se fueron adhiriendo el exmagistrado Camilo Tarquino, el abogado Luis Ignácio Lyons y el magistrado Gustavo Malo.  

¿Cuál fue el propósito de esta organización? Habrían tenido por fin obtener decisiones que parecieran legales con el fin de favorecer a sus clientes, que eran congresistas y gobernadores. Esto lo habrían logrado a través del uso de información privilegiada, la manipulación de testigos, la instrumentalización de los medios de comunicación para restar credibilidad a testigos y la desaparición o alteración de evidencias. 

El sustento de estos señalamientos son cinco hechos delictivos en los que Ricaurte aparece implicado. El principal delator es el abogado Gustavo Moreno, quien accedió a una negociación con la justicia y espera en el búnker de la Fiscalía en Bogota su extradición a Estados Unidos.

Ashton y los $1.200 millones

El expediente por parapolítica en contra del parlamentario Álvaro Ashton, que se estudiaba en el despacho del magistrado Gustavo Malo, es uno de los casos más sonados dentro de este escándalo. En los audios entregados por la DEA a Colombia, el abogado Leonardo Pinilla habla del supuesto pago de 300 millones de pesos por parte de Ashton para cambiar el rumbo de una investigación por parapolítica en su contra.

La indagación preliminar estaba en manos del magistrado auxiliar José Reyes Rodríguez, quien anunció que estaba listo para abrir investigación, lo que representaba una orden de captura en contra del parlamentario. El investigador fue sacado de la corte por el magistrado Gustavo Malo en julio del 2015.

La Fiscalía revela entre sus evidencias que Ricaurte y Ashton mantienen una relación estrecha y constantes comunicaciones, y aprovechando su cercana relación, acuerdan el pago de $1.200 millones con el fin de engavetar el caso. “Usted (Ricaurte) instruyó a Moreno sobre el valor a cobrarse y cómo se repartiría la cifra. Recibió 400 millones, y recibió también Bustos, Malo y el propio Moreno”, dijo.

Musa Besaile vs. Moreno

Después de una tensa audiencia ante la Corte Suprema de Justicia -en la que se enfrentaron Musa Besaile y Gustavo Moreno- la Fiscalía le dio credibilidad a la versión que entregó el exfiscal.

Asegura que para el año 2014, Francisco Ricaurte le habría ordenado a Moreno que se comunicara y se reuniera con el senador Besaile. Tras varias citas habrían acordado el pago de $ 2.000 millones para frenar una orden de captura en su contra.

Según la Fiscalía, en una primera entrega el dinero se realiza en la oficina del abogado Luis Ignacio Lyons: "de 390 millones, usted (Ricaurte) recibió de Moreno 290 millones", dice la Fiscalía. La segunda entrega se hace en la casa de Moreno, hasta donde Luis Ignacio Lyons habría llevado $ 300 millones, de los cuales 250 habrían sido para Ricaurte.

De esta manera, el exmagistrado habría recibido al parecer $ 550 millones. Ricaurte habría exigido que se le entregaran los restantes $ 1.300 millones de manera directa por parte de Besaile. Este último habría sido el monto correspondiente para pagarle a Gustavo Malo.

Alejandro Lyons

La Fiscalía trajo a colación la declaración que desde Estados Unidos entregó el exgobernador Alejandro Lyons a la justicia, en la que aseguró que se contactó con Camilo Tarquino a través de una amiga común, Muriel Benito Rebollo, excongresista condenada por parapolítica. Lyons aseguró haber entregado $ 30 millones con el fin de que ayudara a que las altas cortes y la Fiscalía tuvieran claro cómo funcionaban los temas de regalías.

Sin embargo, después Tarquino aclaró que debía pagar 20.000 millones para solucionar sus problemas con la justicia. El exgobernador de Córdoba  acumula investigaciones por 20 delitos.  

La captura de Manzur

Para la Fiscalía, en el caso de exparlamentario Julio Manzur hubo un manejo irregular de información privilegiada. Esto en razón a que un mes antes de ser detenido, Moreno habría buscado a Manzur con el fin de ofrecer sus servicios por la compleja situación jurídica que enfrentaba.

"Con datos ciertos ofreció sus servicios, Manzur lo rechazó y la consecuencia es que lo capturan el 24 de enero del 2015". Una vez ocurre ello, Moreno reitera su ofrecimiento a través de familiares con el cobro de honorarios por $2.000 millones.

Juan Carlos Abadía y Bettín

Esta semana le fue pedida la renuncia al fiscal delegado ante la Corte Alfredo Bettín. Él era el fiscal a cargo de investigar al exgoberador del Valle Juan Carlos Abadía por varios delitos. Para el ente investigador, hubo un acuerdo para orientar investigaciones hacia el archivo.

Agregó que Bettín le informó a Ricaurte que en un caso estaba obligado a formular imputación; lo cual termina ocurriendo pero “por la presión que ejerce la nueva administración”.

En ese caso Moreno se vio obligado a renunciar como defensor, y le entregó el caso a Leonidas Bustos, según las evidencias de la Fiscalía.

Fonade y Ricaurte

Para el ente investigador, llama la atención cómo en el despacho de Gustavo Malo tenía en su equipo Carlos Bula Dumar, cuyo hermano Alfredo Dumar fue nombrado gerente de Fonade.

En el nombramiento -dice la imputación- intervienen además de los Ñoños, y el exmagistrado Francisco Ricaurte. “Esta entidad era conocida como el fortín político de los ñoños".

"En algunos de los casos, la entidad fue usada para hacer favores burocráticos y comercializar puestos con la finalidad de lograr favores de la organización”, subrayó la Fiscalía.

La defensa de Francisco Ricaurte aseguró ante el juez que la solicitud de medida de aseguramiento está basada en declaraciones que no han sido sometidas a contradicción ni han sido corroboradas.

Cuestionaron el hecho de que la Fiscalía le dé credibilidad a Gustavo Moreno, un abogado que a pesar de ser el jefe de los fiscales que investigaban casos contra la corrupción, engañó la institución, y que con mentiras pasó la prueba de polígrafo.  

La defensa explicó que, en efecto, existe una relación de amistad entre Ricaurte y Ashton, pero que esta circunstancia no puede considerarse un delito. La decisión de enviarlo a la cárcel fue apelada.