Jueza envía a la cárcel al fiscal de la JEP y al exsenador Gil

Con la presencia de la exsenadora Doris Vega, esposa del también excongresista Luis Alberto Gil, un juez de Bogotá tomó decisiones en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. En el caso están implicados el fiscal de la JEP Carlos Julian Bermeo, el exsenador Luis Alberto ‘el Tuerto’ Gil, y tres personas más.

Bermeo y Gil fueron capturados luego de que el primero recibió cuatro fajos de dólares (que suman 40.000) los cuales le entregó un individuo que resultó ser un agente encubierto en medio de un operativo sugerido por la DEA a la Fiscalía General. Los otros capturados fueron Orlando Villamizar (amigo de Gil), Ana Cristina Solarte (compañera sentimental de Bermeo) y Yamid Prieto (conductor de Gil).

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La semana pasada la Fiscalía solicitó que los cinco, capturados en el famoso operativo con agente encubierto, fueran enviados a la cárcel aduciendo que representan un peligro para la sociedad y para el buen desarrollo de la investigación.

La juez de garantías decidió imponer medida de aseguramiento intramural contra los cinco. “Sus actividades se vieron descubiertas sin percatarse que todo estaba quedando grabado en audio y video en el marco de un operativo con agente encubierto”, sostuvo la togada, resaltando que los imputados fueron capturados en flagrancia.

La teoría del caso de la Fiscalía es que desde diciembre de 2018 y hasta marzo 1 de 2019 los implicados se concertaron para cometer delitos contra la administración de justicia y para el tráfico de estupefacientes.

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En relación al primer cargo la Fiscalía aseguró que Bermeo influyó para estropear el destino de la carta remitida por la JEP a Washington con relación al indiment de Jesús Santrich. Y que recientemente el fiscal de la JEP se comprometió para retrasar el trámite de extradición del exguerrillero para lo cual contaría con la ayuda de un magistrado y un secretario de la jurisdicción de paz.

Respecto al envío de la droga la Fiscalía señaló que Bermeo supuestamente negoció, el pasado 1 de marzo (día en que fue capturado) el envío a Italia de 120 kilos de coca para ser distribuida en una discoteca supuestamente del propio Bermeo en Roma.

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Tras hacer un análisis de la evidencia descubierta por la Fiscalía y de los argumentos que esbozaron las partes, la jueza a cargo aseguró que “Se infiere que los cinco imputados hacen parte de una empresa criminal de corrupción, al parecer enquistada al interior de la JEP”. La jueza consideró que los cinco implicados tuvieron un rol dentro de la red delincuencial. Para argumentar ese planteamiento la togada sostuvo que en las organizaciones criminales unos negocian, otros transportan, otros ejecutan y otros vigilan. “Tal como se deduce acá por la evidencia presentada”, aseguró.

La jurista sostuvo que hay sustento para colegir que los cinco capturados están implicados en el cargo de concierto para delinquir (que por ser agravado con fines de corrupción tiene una pena de entre 8 y 18 años). Respecto al otro agravante formulado por la Fiscalía –narcotráfico, respecto a Bermeo y Gil– la jueza aseguró que no encontró evidencia para vincular al exsenador con esta conducta, aunque sí frente al delito que apuntaba a lesionar la administración de justicia.

En ese sentido la jueza trajo a colación el asunto de la carta de la JEP que terminó extraviada luego de ser remitida hacia Washington a través de la empresa 4-72. “Aunque es sabido –aseguró la juez– que la Ministra de Justicia asumió la responsabilidad, eso no descarta que algo irregular haya ocurrido en ese episodio”. Luego la togada explicó que la evidencia exhibida por la Fiscalía (en audios, videos e informes) llevan a la conclusión preliminar de que “sí  hubo un acuerdo de voluntades entre los implicados a fin de cometer delitos contra la administración pública”. En virtud de ello ordenó que todos fueran enviados a la cárcel adonde deberán permanecer mientras se desarrolla el juicio penal en su contra.Y en virtud de ello ordenó que todos fueran enviados a la cárcel adonde deberán permanecer mientras se desarrolla el juicio penal en su contra.