Jueza le exigió dinero a una funcionaria a cambio de no dejarla sin empleo; esta es la cuantiosa suma que le habría pedido

Un escándalo en la rama judicial sacude a la seccional Arauca, ya que una destacada jueza enfrenta graves acusaciones de extorsión. La Fiscalía Delegada ante el Tribunal de Arauca adelantó una audiencia crucial de formulación de imputación de cargos contra Clara Eugenia Pinto Betancourt, juez segundo promiscuo de familia en la región, quien es señalada como la presunta responsable de cometer el delito de concusión.

Los detalles del caso se desvelaron después de que María Paula Ureña Latorre, exfuncionaria del despacho durante el período de marzo de 2010 a abril de 2012, presentara una denuncia contra la togada. Según Ureña Latorre, la jueza Pinto Betancourt habría utilizado su posición de poder para someterla a una extorsión: exigirle el pago de una suma considerable de $9.000.000 bajo la amenaza de perder su empleo.

Las autoridades judiciales revelaron que la jueza Pinto habría prestado el dinero a dos familiares de la víctima, tejiendo así una red de influencia que genera intriga en este caso.

María Paula Ureña, en un intento desesperado por cumplir con las presuntas exigencias, hizo un pago parcial de la abrumadora suma. Habría consignado $3.974.000 a través de una cuenta bancaria proporcionada por la procesada, además de entregar dos millones de pesos en efectivo.

La audiencia, cargada de tensión y drama, alcanzó su punto máximo cuando Clara Eugenia Pinto Betancourt se negó rotundamente a aceptar los cargos imputados por la Fiscalía. Por el momento, el proceso continúa para esclarecer lo ocurrido.

Policías activos y en retiro habrían ingresado ilegalmente a los sistemas de la institución

En otros hechos judiciales, la Fiscalía General llevó a cabo una operación que culminó con la captura de siete individuos, entre ellos miembros y exintegrantes de la Policía Nacional, quienes están siendo señalados de ingresar de manera irregular a los sistemas de la entidad con el propósito de obtener información sobre una investigación que no estaba bajo su competencia. Por medio de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos, el ente acusador los presentó ante un juez de control de garantías.

Los acusados, quienes anteriormente formaban parte de la Sijín del Departamento de Policía de Cundinamarca y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), habrían utilizado dos bases de datos distintas para conocer las identidades y los números de contacto de los agentes encargados de un caso de contrabando, el cual no estaba bajo su jurisdicción.

Presuntamente, los acusados localizaron a los investigadores responsables y les ofrecieron dinero a cambio de detalles sobre las personas involucradas en el caso y las actividades planeadas.

Estas acciones ilegales se llevaron a cabo durante el año 2021. Los sospechosos fueron detenidos en operativos realizados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía en Bogotá.

Los detenidos son los subintendentes Edwin Arlex Gil Cortés y Diego Alejandro Sánchez Ome, y la técnico para el apoyo de la seguridad, Mónica Alexandra Buitrago Morantes, acusados de acceder de manera abusiva a la plataforma de talento humano y al Sistema para la Información de Equipos Automotores.

Por otro lado, el intendente Jeisson Eduardo Capera Jiménez, intendente en retiro Alexánder Garavito Neira, subintendente Héctor Fabián Mora Marcillo y patrullero Ánderson José Mariño Patarroyo, quienes presuntamente ofrecieron dinero a los uniformados encargados del caso de contrabando.

La Fiscalía les imputó delitos según su posible participación, incluyendo acceso abusivo a un sistema informático agravado, violación de datos personales agravados, utilización ilícita de redes de telecomunicaciones y cohecho para dar u ofrecer.

Todos los acusados han sido sometidos a medidas de aseguramiento, siendo cuatro de estos privativos de la libertad. La investigación continuará para determinar la responsabilidad y el alcance total de estas actividades ilícitas perpetradas por los miembros y exintegrantes de la Policía Nacional.