Jueza que aprobó sustraer parte de la van der Hammen, ordenó votar de nuevo el POT

El proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del alcalde Enrique Peñalosa parecía enterrado, pero lo acaban revivir. La magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Nelly Yolanda Villamizar, ordenó al Concejo de Bogotá que "proceda a continuar con el primero y segundo debate para la expedición del POT". Agregó que si es necesario se puede votar artículo por artículo en vez de todo el proyecto para hacer después las modificaciones necesarias.  

Esta decisión ha sido muy polémica pues el POT ya había sido votado en el Concejo de Bogotá el pasado 2 de noviembre y se había hundido con ocho votos en contra y cinco a favor. Los concejales que votaron de manera negativa argumentaron su voto diciendo que en el POT las reservas y los cerros de la ciudad quedarían desprotegidos, ya que se permitiría "el endurecimiento de los mismos con la construcción de senderos, miradores y alamedas".

También señalaron que la Secretaría de Planeación, encargada de construir esta hoja de ruta que define cómo se debe construir en la ciudad por los próximos 12 años, "no había tenido en cuenta las cifras actualizadas del Dane y se proponía construir más viviendas de las que se necesitaba". 

A pesar de las explicaciones, Villamizar les ordenó a los concejales el pasado 6 de noviembre que, en un plazo de tres días máximo, respondiera en un informe cuáles fueron "las razones técnicas y jurídicas que se tuvieron en cuenta para no aprobar el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial". La encargada de hacer dicho informe sería la presidenta de la corporación, Nelly Patricia Mosquera.

El argumento de la magistrada Villamizar es que al no modificar el POT se está incumpliendo con la sentencia del Consejo de Estado que desde 2014 ordenó salvar el río Bogotá. Los municipios por los cuales atraviesa el río, entre ellos Bogotá, tenían un año de plazo a partir de la expedición del Plan de Manejo del Río (Pomca), que se dió el pasado 2 de abril, para adecuar sus POT a la decisión judicial. En ese sentido deben incluir las variables ambientales, de cambio climático y de gestión del riesgo asociados antes de abril del 2020.

La concejal de la Alianza Verde, Maria Fernanda Rojas, aseguró que no entiende por qué si el plazo es hasta el próximo año, se les está exigiendo que vuelvan a votar un POT con el que el Concejo no está de acuerdo: “Respeto el fuero de los jueces pero, sin duda, la orden de la magistrada Villamizar atenta contra la autonomía del Concejo como suprema autoridad del Distrito y puede haber incurrido en una extralimitación de funciones". 

Asi mismo, Rojas aseguró que existían miles de motivos jurídicos, técnicos y sociales para rechazar el POT, por lo que le resulta difícil de explicar "la insistencia en aprobar a todo costo un proyecto que afectaba el ambiente y a los ciudadanos de los barrios residenciales".

Por su parte, el concejal Juan Carlos Flórez aseguró que "Es una orden tan arbitraria que cuesta trabajo creer que la justicia vaya a cometer tamaño atropello". También señaló "que pedirle al concejo que vote sí o sí el POT de Peñalosa, que negamos respetando rigurosamente lo que establece la ley, es atropellar la voluntad popular y la separación constitucional de poderes". Además dijo que le envió a Villamizar toda la documentación requerida sobre sus argumentos técnicos para haber votado en contra del POT y hasta ahora no había tenido respuesta al respecto. Por último, explicó que no es acertado decir que el hundimiento del POT va en contra del fallo para sanear el río porque no es así.  

Por su parte Lucía Bastidas, una de las cabildantes que votó a favor del POT, explicó que ella había advertido lo del río, pero nadie la escuchó, por lo que ahora se encuentran en un limbo jurídico. Agregó que sí se está afectando la saneación del Río Bogotá, pues aunque hay tiempo hasta el 2 de abril, hay temas que no se pueden sacar por otra vía distinta al POT y la nueva alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se demoraría al menos un año más para presentar una nueva propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial. 

Villamizar fue la magistrada que falló en primera instancia la sentencia que ordenó salvar el río Bogotá en 2004 y fue designada en 2014 por el Consejo de Estado para hacerle un detallado seguimiento al cumplimiento de ese fallo en segunda instancia. Es la misma que se vio envuelta en una polémica tras haber ordenado a la CAR “aprobar y acoger completamente” el plan de realinderar, recategorizar y sustraer una parte de la reserva Thomas van der Hammen.