¿Jugaditas en el Concejo? Así se enreda el proyecto de la Región Metropolitana

Lo que ocurrió el año pasado con el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que presentó la alcaldesa Claudia López al Concejo de Bogotá, y el cual no pudo ser discutido ni aprobado por las más de 60 recusaciones e impedimentos que se presentaron en contra de los concejales, está empezando a repetirse con el proyecto de acuerdo por medio del cual se aprueba el ingreso de Bogotá a la Región Metropolitana.

El POT fue radicado ante el Concejo el 10 de septiembre de 2021 y había un plazo de 90 días para su aprobación, pero el proyecto no pudo ser discutido ni aprobado ni siquiera en primer debate, por lo que la alcaldesa López lo expidió por decreto.

Una situación similar se empezó a presentar ahora con el proyecto de Región Metropolitana. La Alcaldía radicó la iniciativa ante el Concejo el pasado lunes 28 de marzo. En el tiempo que ha transcurrido hasta la fecha, el Cabildo adelantó una audiencia pública para escuchar los reparos de la ciudadanía y también un debate de control político. Los concejales encargados establecieron sus ponencias y cuando todo estaba listo para iniciar el primer debate del proyecto en la Comisión de Gobierno, reaparecieron de nuevo las recusaciones.

Al Concejo llegó una recusación contra el concejal del partido Alianza Verde Luis Carlos Leal, y aunque no se conocen muchos detalles del ciudadano que le instaló la recusación, la misma obligó a la suspensión del debate.

La concejal María Fernanda Rojas dijo: “Volvieron las recusaciones falsas al Concejo de Bogotá. El mismo saboteo del año pasado se va a repetir en todos los proyectos estructurales. Insisto a la Fiscalía en que tramite mis denuncias del año pasado”.

Precisamente la cabildante recordó que el 29 de noviembre del año pasado radicó una denuncia ante Fiscalía por una clara suplantación que se dio en una de las recusaciones dentro del debate del POT. Luego de recibir la recusación, lograron contactar a la supuesta persona que la había radicado y afirmó no conocer nada del asunto.

Tras no recibir ninguna información del avance de la denuncia ni haber podido tener contacto con la Fiscalía, el 3 de marzo del presente año la concejal solicitó mediante un derecho de petición que se le informara del estado de la denuncia. Dicho derecho de petición aún no ha sido respondido.

Se espera que esta nueva recusación en contra del concejal Leal sea estudiada por la plenaria del Concejo en las próximas horas.

Lo sucedido con esta nueva recusación se da a pesar de que, a principios de año, el Concejo modificó su reglamento interno precisamente para evitar que situaciones similares a las ocurridas con el POT se volvieran a presentar.

En la modificación al reglamentó se estableció un nuevo procedimiento y trámite para los impedimentos y las recusaciones, haciendo ajustes jurisprudenciales sobre la solicitud de algunos requisitos mínimos que se deben tener en cuenta para la aceptación de los mismos, cumpliendo con lo establecido en la Constitución y la ley.

Esos requisitos mínimos para el caso de las recusaciones son: la identificación del recusante, la identidad del recusado, los hechos en que se fundamenta junto con los elementos probatorios, pertinentes, conducentes y útiles y la causal taxativa en la que se subsume y las razones por las cuales se configura.

Para estos casos también se aprobó que, una vez se tenga conocimiento del impedimento o la recusación, la plenaria podrá ser citada inmediatamente en cualquier hora y día para darle el trámite y decidir lo que corresponda sobre los mismos.

Otros de los cambios que también fueron aprobados indican que los impedimentos se pueden tramitar el mismo día en que son presentados y que la plenaria del Concejo se puede convocar de urgencia para resolver impedimentos y recusaciones.

Se estableció además que, si se admite la recusación, esta se resolverá de la misma forma que el impedimento, no se puede presentar una recusación o un impedimento por las mismas causales y por los mismos hechos, a menos de que haya hechos sobrevivientes o nuevas pruebas y cuando hayan recusaciones temerarias o de mala fe, el secretario oficiará el caso a las autoridades competentes.