Se acerca el gran juicio contra Luis Fernando Andrade

Esta semana, el juez que lleva el caso del exdirector de la ANI Luis Fernando Andrade confirmó que Néstor Humberto Martínez será el testigo estelar en ese juicio que está por comenzar. Nunca antes un fiscal general en ejercicio ha ido a un juzgado de Paloquemao a testificar en audiencia pública. Y es aún más inusual que lo tenga que hacer por petición de la contraparte, es decir, de Andrade, el acusado de la Fiscalía.

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El juez tomó su determinación en la última audiencia preparatoria del juicio que se viene. En esa diligencia definió las evidencias y testigos que podrán usar la Fiscalía y la defensa. La audiencia estuvo cargada de tensión por una carta que el ente acusador planteó como “prueba sobreviniente”. Se trata de un documento de ocho páginas que Jorge Enrique Pizano, el fallecido controller de la Concesionaria Ruta del Sol, remitió a su superior para dar cuenta de las actividades de fiscalización que había adelantado. Según Juan Alberto Delgado, el fiscal del caso Andrade, ese documento evidenciaría que “Pizano prendió las alarmas en junio de 2015 sobre contratos irregulares, pero dos meses después, en agosto, las irregularidades estaban resueltas”.

Lo anterior significaría que, si bien Pizano hizo unas denuncias, en apenas dos meses él mismo aclaró sus sospechas y no había irregularidad alguna. Eso obviamente no era así. Una de las claves de ese documento radica en su fecha de agosto de 2015. En ese momento, Pizano buscó a Néstor Humberto Martínez y le informó haber detectado una serie de contratos irregulares dentro de la concesionaria de Odebrecht y Corficolombiana, la subsidiaria del Grupo Aval. El controller quería poner al tanto de sus hallazgos a Luis Carlos Sarmiento, y por ello acudió al abogado de este.

Luego de que hace tres meses Pizano murió, el país conoció las grabaciones secretas que había hecho de sus conversaciones con Martínez Neira. El hoy fiscal general argumenta en su defensa que si el denunciante Pizano no tenía claridad sobre de qué se trataba, cómo pueden pretender que él la tuviera si estaba apenas recibiendo la información.

En todo caso, el fiscal Delgado dejó entrever al presentar ese documento que Martínez Neira tenía argumentos válidos en su defensa. Es decir que el propio Pizano se habría retractado de sus denuncias iniciales. Pero el juez manifestó su sorpresa cuando el abogado de Andrade aclaró que el informe era conocido de tiempo atrás, y que su contenido no permitía concluir que las irregularidades advertidas por Pizano habían sido resueltas. “Señor juez, ese documento es la prueba número 202, que usted ya decretó para esta defensa. Y allí, en ninguna parte de los ocho folios, dice que ya no hay irregularidades. Pizano nunca se ha retractado”, afirmó el abogado Héctor Escobar.

¿Qué dice el informe?

La Fiscalía asegura que conoció el informe de Pizano solo en diciembre pasado, cuando el abogado Rafael Neira, vicepresidente contralor del Grupo Aval, lo aportó y rindió una declaración para sustentar que a mediados de 2015 Corficolombiana no sabía que Odebrecht era una empresa corrupta. De ahí que esta semana, cuando se reanudaron las audiencias del caso Andrade, hayan presentado el informe como prueba sobreviniente.

Sin embargo, es verdad que el documento ya obraba en el proceso dentro de las pruebas decretadas por el juez. Pizano lo había entregado al Tribunal de Arbitramento convocado para resolver el pleito entre el Estado y Odebrecht por la finalización del contrato de la Ruta del Sol. Los abogados de Andrade lo encontraron allá y lo incorporaron a su defensa, pero con una lectura opuesta a la que ahora hace la Fiscalía. Para los defensores del exdirector de la ANI, el documento evidencia que Pizano encendió las alarmas y nadie le paró bolas.

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Realmente, el informe por sí mismo no prueba lo que dice la Fiscalía ni lo que afirma Andrade. El documento da cuenta de las actividades del controller del 1 de enero al 31 de agosto de 2015 con relación al Sarlaf, una herramienta tecnológica para prevenir el lavado de activos en operaciones financieras. Pizano aseguraba que, tras implementar ese protocolo, detectó 17 contratistas sospechosos que no cumplían los requisitos del Sarlaf. Y que hizo verificaciones posteriores “que afortunadamente no han salido positivas”. Esa frase estaría a favor del fiscal Martínez Neira. Pero para Andrade lo más importante del informe son las inconsistencias detectadas con poca información y a partir de solo algunos contratos.

A pesar de la ambigüedad del documento, es difícil considerarlo prueba de que las preocupaciones de Pizano estaban resueltas en agosto de 2015. El hecho es que sus sospechas iniciales han derivado en el escándalo de corrupción más grande de Colombia, en buena medida, gracias a los hallazgos de la propia Fiscalía. Los abogados de Andrade sostienen que, si Martínez hubiera actuado con diligencia cuando Pizano encendió las alarmas, el país no hubiera quedado tan afectado ni Andrade estaría afrontando un juicio por favorecer supuestamente a Odebrecht. Esto tampoco es tan evidente. En todo caso, por esas controversias la comparecencia de Néstor Humberto Martínez en el estrado será el gran suceso judicial.

El juez del caso tiene muy claro que la presencia del fiscal general va a ser un gran espectáculo y no quiere que alguien use esa instancia para “limpiarle el nombre a nadie”. El togado rechazó severamente la presentación que el fiscal Delgado hizo del informe de Pizano. “Es muy muy grave si ese documento no dice lo que la Fiscalía asegura”, advirtió. Y cuestionó que los fiscales a cargo hayan dicho que Andrade no ha prestado colaboración o que las cenas en las que participó con Odebrecht constituyen pruebas de corrupción.

“¿Acaso –cuando se dio el escándalo por el contrato de transacción para no hacerse daño entre las empresas privadas que conformaban el consorcio– el actual fiscal general lo presentó? No, la prensa lo obligó y destapó el escándalo”, dijo el juez. “O cómo me pueden decir (los fiscales) que él hizo el contrato de transacción, pero que sin cenas. ¿Acaso el fiscal que está acá sentado estuvo al lado del actual fiscal general cuando hizo ese contrato?”. El juez, con evidente molestia, agregó que parecería que Martínez Neira se estuviera defendiendo, y no el acusado Andrade.

Este es el informe de ocho páginas que hizo el fallecido controller Jorge Enrique Pizano.

Llegado el momento del juicio oral, cuando el fiscal general rinda testimonio en el estrado, la defensa de Andrade lo atacará al menos frente a tres asuntos: 1) sobre el concepto que emitió como abogado en 2012 respecto a la posibilidad de adicionar al consorcio Ruta del Sol la vía Ocaña-Gamarra; 2) sobre su actuación al recibir las alarmas de Pizano; y 3) sobre el polémico contrato de transacción que redactó, con el que Odebrecht y Corficolombiana resolvieron en forma confidencial un significativo descuadre de caja.

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Para que comience el juicio oral solo falta que el Tribunal Superior defina si los audios y entrevistas que dejó Pizano pueden ser usados en el juicio. El juez y la Fiscalía se han negado a ello. Andrade apeló esa decisión, y la determinación final puede tardar cerca de un mes. Entre tanto, es probable que la Corte Suprema de Justicia resuelva la recusación formulada por Andrade contra Néstor Humberto Martínez y sus fiscales delegados. Andrade pide que se nombre un fiscal ad hoc para lo que resta del caso. Ello, en todo caso, no alteraría la comparecencia de Martínez como testigo en el juicio.

Por la gravedad de lo que está en juego, por la escena inédita de un fiscal general en el estrado y por la talla de quienes se enfrentan, el juicio Andrade versus Martínez sin duda ameritará alquilar balcón.