El graduado que incendió la universidad

“Abogado. Senador de la república 2018-2022”, así se presenta en sus redes sociales el joven congresista antioqueño Julián Bedoya Pulgarín. Pero un cúmulo de evidencias indica que su título de abogado es chimbo y que lo habría obtenido en tiempo récord gracias a sus influencias como parlamentario. La Procuraduría General le acaba de formular pliego de cargos “por presuntas irregularidades en el uso de su investidura de congresista para obtener beneficios personales de parte de la Universidad de Medellín, entre ellos su título de abogado”.

En enero de 2001 Bedoya comenzó sus estudios de Derecho en la Universidad de Medellín. Y pasaron 18 años antes de que lograra concluir el plan general académico, en febrero de 2019. Lo curioso es que el joven senador liberal, durante casi dos décadas, tuvo largos interregnos alejado de la universidad. Aparecía y desaparecía, y sacó el promedio general de un estudiante mediocre (3 sobre 5). Pero súbitamente, en solo tres meses se convirtió en un genio del derecho y aprobó a salto de garrocha un cúmulo de exámenes y requerimientos, lo que a cualquier estudiante le podría tomar dos años. 

El ministerio público hizo una inspección en la Universidad de Medellín y estableció que el senador realizó cuatro exámenes para optar por el título el 26 de octubre de 2018, otros siete el 23 de noviembre de 2018, y cuatro pruebas más el 22 de enero de 2019 (y además inició el curso de Protocolo Empresarial). E hizo dos exámenes adicionales el primero de febrero de 2019, sin olvidar la prueba de Estado Saber Pro el 18 de noviembre de 2018. Pero eso no fue todo. 

El congresista también acreditó haber participado en la investigación académica que derivó en el libro Sistemas jurídicos. Pero la Procuraduría, al revisar ese mérito, encontró que Bedoya no era estudiante durante la época en que supuestamente trabajó en ese proyecto. Además, cuando le preguntaron al docente Jhon Ferrer Murillo, director de la investigación, sobre el aporte del senador a ese trabajo, dio respuestas contradictorias.

La Fiscalía ha hecho hallazgos significativos y este lunes imputará el cargo de falsedad en documento público al rector de la Universidad de Medellín, Néstor Hincapié Vargas; a la secretaria académica de la Facultad de Derecho, Yolanda Cossio; al subsecretario general de la institución, Juan Felipe Hernández; y a los profesores Juan Carlos Hoyos, Saúl Alonso Benítez, Julián Orlando Rendón, Paola Andrea Cataño y Jhon Ferrer Murillo. Para el ente acusador, el título de abogado exprés no se explica sin que estos hubieran participado.

Ante la citación judicial, la alma mater emitió un comunicado en el que dice que dará las explicaciones debidas y asegura que “la Universidad de Medellín, en especial sus directivos, están, como siempre lo han estado, prestos a contribuir con la administración de justicia, para que cumplan con sus funciones, siempre en procura de la verdad y el respeto por los derechos de todos”. Por su parte, Bedoya ha preferido guardar absoluto silencio frente al escándalo.

Los estudiantes de la universidad sí han reaccionado con enfado y preocupación. El miércoles un centenar de jóvenes hicieron una velatón a la entrada del claustro para pedir la renuncia del rector y demás salpicados. En concreto, los alumnos y egresados de la Facultad de Derecho temen que el Ministerio de Educación detenga o niegue el proceso de acreditación de alta calidad al programa, con lo cual todos se verían afectados. 

La semana entrante el asunto volverá a agitarse, cuando un fiscal formule imputación contra el rector Hincapié y compañía. También en los próximos días el senador en cuestión deberá presentar sus contraargumentos. El pliego de cargos de la Procuraduría consta de 37 páginas, en las que el ente detalla una a una las irregularidades detectadas, con cada hallazgo respaldado por documentos o testimonios anexos. Evidentemente, Julián Bedoya necesitará de un abogado de verdad, verdad.