Julián Bermeo, el exfiscal de la JEP que ‘vendió su alma’ para entorpecer la extradición de Jesús Santrich

Para este viernes está fijada la audiencia en la que se conocerá el monto de la condena en contra del exfiscal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Julián Bermeo Casas, por haber exigido un millonario soborno para entorpecer el estudio de la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos en contra del excomandante guerrillero Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, por delitos relacionados con el narcotráfico.

Bermeo fue sentenciado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá por el delito de cohecho propio agravado (recibimiento de sobornos). La prueba clave en su contra es el video grabado por el agente encubierto de la DEA en el salón del hotel JW Marriot, en el norte de Bogotá, en la tarde del primero de marzo de 2019.

En la grabación se ve a Bermeo recibiendo, junto al exsenador Luis Alberto Gil Castillo, conocido como El Tuerto, un dinero en efectivo de dos supuestos emisarios de Santrich. Como se había negociado anteriormente, con este dinero se pretendían mover influencias en la JEP para demorar el estudio del caso en beneficio de Santrich.

Pocos minutos después, agentes del CTI de la Fiscalía -con apoyo de la DEA- capturaron a Bermeo y su compañera sentimental con 40.000 dólares en efectivo. “El acusado era un servidor público y recibió 40.000 dólares al retardar un trámite que se surtía al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz y, conforme a las funciones del encausado como fiscal de Apoyo 2 para la Justicia Transicional, se concluye que tenía la competencia para ejecutar un acto contrario a sus funciones, que era torpedear el trámite de extradición de alias Jesús Santrich a través el retraso a las órdenes impartidas por los magistrados”, concluyó el Tribunal.

En el análisis de las pruebas se determinó que Bermeo, de manera clara, puso sobre la mesa la necesidad del pago de la comisión con el único fin de entorpecer el estudio del caso. “No se demostró que la fuente se viera obligada a pagar la suma de dinero pedida por el miedo a la condición de funcionario público, al tiempo que el doctor Casas negoció los actos de corrupción que pretendía ejecutar”.

El Tribunal encontró que no se presentaron pruebas que permitieran corroborar la responsabilidad de Bermeo en los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de influencias de servidor público, hecho por el cual se emitió fallo absolutorio.

“La Fiscalía ni siquiera especificó cuál fue la conducta que desplegó el aquí incriminado, a quién influenció y si esta se soportó en su jerarquía. La imputación fue tan general y vaga que no se especificaron las circunstancias del delito”, detalló el magistrado.

De acuerdo con lo expuesto en la audiencia pública, con fundamento en las investigaciones adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la DEA en Colombia, estas personas vendrían delinquiendo desde diciembre de 2018, cuando supuestamente se concertaron para cometer delitos contra la administración pública.

De acuerdo con videos obtenidos en dos hoteles de la capital y llevados al juez de garantías, “el exfiscal Bermeo habría recibido 40.000 dólares mientras que los otros procesados cerca de 460.000 dólares a cambio de incidir en el expediente por la extradición del exjefe guerrillero Jesús Santrich”, indicó el delegado del ente acusador.

La investigación surgió a partir de un memorando de la DEA del 25 de febrero de 2019 que reveló la existencia de una organización al margen de la ley dedicada a la venta de procesos judiciales en Colombia.

“Aseguró la fuente que se tenía prevista una reunión en los próximos días con la participación de Gil, Bermeo y Villamizar con el propósito de pactar ofrecimientos como los de retardar, congelar u omitir procesos penales específicos y sensibles para Colombia y Estados Unidos”, sostuvo el fiscal.

Para dar con sus capturas, se realizó un operativo de entrega controlada y un agente encubierto, ajustado a los protocolos internacionales y lo contemplado en el artículo 9 de la Convención de las Naciones Unidas.