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Jurisdicción agraria: Gobierno publicó texto de reforma que establece la creación de nueva corte

Al proyecto de reforma constitucional le restan cuatro debates, que se llevarán a cabo en este primer semestre de 2023, primero en las comisiones primeras de Cámara y Senado, y luego en las plenarias de cada corporación.

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Al proyecto de reforma constitucional le restan cuatro debates que se llevarán a cabo en este primer semestre de 2023, primero en las comisiones primeras de la Cámara y el Senado y luego en las plenarias de cada corporación. | Foto: Guillermo Torres /Semana

Por medio del Decreto 0151 de 2023, el Gobierno del presidente Gustavo Petro publicó el texto completo del proyecto de acto legislativo que establece la creación de la jurisdicción agraria y rural, iniciativa que en diciembre pasado fue aprobada en su primera vuelta.

El texto, publicado el pasado 3 de febrero, contempla la creación de una Corte Agraria y Rural, la cual se señala que es el máximo tribunal de la jurisdicción, cuya estructura y funcionamiento será definido en una ley posterior.

“Se compondrá de un número impar de magistrados, determinado por la ley, quienes para ser elegidos deberán cumplir con los requisitos, cualidades y calidades necesarias para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, y haber ejercido la profesión en actividades relacionadas con el régimen agrario y rural”, dice el texto.

Foto de referencia de campesinos colombianos trabajando la tierra
Desde la oposición cuestionan que unos jueces desde Bogotá vayan a decidir sobre la tierra del país. | Foto: Getty Images

De igual manera, el decreto establece cuáles son las funciones que tendrá dicha corte:

1. Desempeñar las funciones de tribunal supremo y órgano de cierre de la Jurisdicción Agraria y Rural.

3. Dirimir los conflictos de competencias en Jurisdicción Agraria y Rural, que no correspondan a otra autoridad judicial.

4. Preparar y presentar proyectos de ley y de actos reformatorios de la Constitución, en relación con los asuntos de su competencia.

5. Ejercer las demás funciones que determine la ley.

6. Darse su propio reglamento.

Adicionalmente, se establece que la jurisdicción agraria y rural entrará en funcionamiento en un plazo no superior a los dos años siguientes a la promulgación del acto legislativo. “Su implementación será progresiva, durante los dos años y mientras entra en funcionamiento en todo el territorio nacional, se podrá adoptar un régimen de transición en los términos y condiciones que defina la ley”, agrega el texto.

En diciembre pasado, tras la aprobación de la reforma en su primera vuelta, el senador Alexánder López, del Pacto Histórico, señaló que se trata de un proyecto importante para el gobierno de Gustavo Petro, porque el conflicto por la tierra en el país y la titularidad de los predios ha sido un problema constante durante varios años.

Alex López Maya
Alex López Maya | Foto: Polo Democrático

“No es cierto que nuestro gobierno del cambio pretenda crear una corte para llenar eso de burocracia o de jueces”, aseguró López ante algunas críticas de la oposición.

El congresista dijo que en el país se han presentado más de 32 normas con las que se ha buscado crear una Corte Agraria, pero hasta el momento eso no ha sido posible.

López afirmó que uno de los propósitos de esta norma será beneficiar a los campesinos que han estado dentro de los más afectados por las expropiaciones y el desplazamiento en el país.

“Quiero celebrar esta primera vuelta que hemos logrado para llevar a rango constitucional la creación de la jurisdicción especial y agraria en nuestro país. Es un paso absolutamente poderoso hacia la paz, es un paso poderoso hacia la reconciliación”, aseguró el congresista, quien reconoció que el 76 % de las tierras en el país se encuentran en disputa.

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Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Al proyecto de reforma constitucional le restan cuatro debates que se llevarán a cabo en este primer semestre de 2023, primero en las comisiones primeras de la Cámara y el Senado y luego en las plenarias de cada corporación. | Foto: Guillermo Torres /Semana

Por su parte, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, se opuso al proyecto de reforma constitucional. Aclaró que está de acuerdo con que los campesinos puedan acceder a tierra titulada, pero que no está conforme con la forma con la que se está planteando la solución.

“La pregunta es cómo. A mí que no me digan que creando puestos en Bogotá para altos magistrados que ganan un montón de plata, que tienen exenciones tributarias, estamos ayudándole al campesino, como creándole un montón de jueces, cuando es un problema de los procedimientos y de las normas”, afirmó la senadora uribista.