Ataque de nervios provoca la JEP en la Cámara de Representantes

Mientras miles de guerrilleros de las FARC van camino a las zonas veredales, y durante dos días el país ha visto las imágenes de esa especie de trashumancia de combatientes en la que puede ser su última marcha hacia la dejación de armas, a cientos de kilómetros de distancia, en el corazón de la capital, los beneficios jurídicos para los miembros de las FARC sigue provocando un ataque de nervios.

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Además de la oposición del uribismo, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y ahora el procurador general, Fernando Carrillo, se han sumado al lado de los preocupados con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Ese aparato de justicia transicional, que tendrá vigencia por 10 años, en principio, prorrogables a 15, y que investigará y sancionará los graves delitos con ocasión del conflicto, fue aprobado por la Cámara de Representantes. Ahora será el Senado, en dos debates, quien dé la aprobación definitiva.

La decisión de la plenaria de Cámara estaba prevista. Sin embargo, la JEP fue aprobada con las mayorías justas, apenas 85 votos de 166, es decir, los votos mínimos de aprobación. Circunstancia que demuestra que en el Congreso la implementación del acuerdo de paz firmado en el Teatro Colón de Bogotá el pasado mes de noviembre está despertando pocas pasiones.

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El Centro Democrático se opuso a que la Cámara aprobara la reforma de la JEP y exigió que el debate no se adelantara hasta que las FARC entregaran a los menores reclutados y que aún están bajo su tutela. “Esclavizados”, en palabras del uribismo. La propuesta fue sometida a votación y, como era de esperarse, fue derrotada con amplitud.

La JEP puede ser el corazón de la implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC. No sólo porque establece los beneficios jurídicos a los excombatientes de la guerrilla, sino porque es la que pretende garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

Su contenido, como es lógico, no genera mayores preocupaciones entre las mayorías parlamentarias, que hace rato han asumido la consigna de que es mejor que las FARC estén echando discursos que echando bala.

Para el uribismo, al que ya se le ve con desespero para atajar la implementación del acuerdo, la JEP es la puerta de la impunidad, pues considera que se creará un nuevo tribunal de justicia, paralelo a las instituciones del Estado, que estará diseñado a la medida de la guerrilla para que juzgue sus delitos. El representante Samuel Hoyos, quien defendió la ponencia para archivar la reforma, utilizó la imagen de los guerrilleros caminando a las zonas veredales para advertir que eran el reflejo del triunfo de las FARC sobre las instituciones democráticas.

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A la oposición le preocupa que la Comisión de la Verdad desplace las competencias de la Fiscalía y que no tengan el deber de denuncia, pues sus funcionarios no podrán investigar delitos por fuera del conflicto, o cometidos con posterioridad al primero de diciembre del 2016, como quedó establecido en el acuerdo de paz. Lo mismo, advirtieron, sucede con la Comisión de Búsqueda de Personas desaparecidas.

También consideran que la JEP desconocerá a quien debería ser su superior jerárquico, la Corte Suprema de Justicia, pues el nuevo tribunal de paz tendría la facultad de desconocer fallos y no respetaría fueros. E investigaría a cualquier ciudadano con ocasión del conflicto. La propuesta del uribismo fue que la JEP tendría que estar al interior de la Sala penal de la Corte.

Sobre las sanciones establecidas, consideran inaceptable que las graves violaciones no tengan penas de privación efectiva de la libertad bajo el régimen ordinario de reclusión. Y que las sanciones se reduzcan a la restricción de salir del país, o de una vereda, y que mientras tanto puedan desempeñar cargos públicos. Tampoco admiten que los jefes guerrilleros reciban los beneficios de las penas restaurativas, y los criterios para aceptar tutelas contra sentencias de la JEP, que en su teoría, no van a prosperar.

Según Hoyos, la JEP también elimina la extradición para disidentes o reionsidentes, como también lo alertó el fiscal Martínez, o que beneficiará a familiares de jefes guerrilleros vinculados con el narcotráfico. Por eso denunció que esta disposición llevaría a que las FARC vendieran membresías de guerrilleros a narcotraficantes puros.

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Según el representante, en dos, en ocho, o en 15 años, el pueblo colombiano conservará su derecho a revisar los acuerdos, y que la justicia ordinaria, o la justicia internacional, intervendrá para juzgar los delitos con ocasión del conflicto.

Argumentos que tuvieron que ser desvirtuados por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y por el ponente, representante Hernán Penagos (La U), quien aseguró que la JEP respeta el derecho internacional y está ajustada a las disposiciones del Estatuto de Roma, el que creó la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Penagos aseguró que los disidentes o reincidentes serán investigados por la justicia ordinaria y no la transicional, a pesar de que en esta jurisdicción pudieran recibir beneficios penales.

El procurador Fernando Carrillo no comparte que la Procuraduría esté excluida en la JEP. En la justicia ordinaria, por ejemplo, el Ministerio Público tiene asiento para acompañar los procesos penales. La justicia para los combatientes no contempla asiento para los agentes de la Procuraduría.

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Esa disposición, según Carrillo, es inconveniente e inaceptable, pues la Procuraduría, dijo, es una institución del corazón del equilibrio de poderes y el sistema de pesos y contrapesos. Pero con su exclusión, considera, será difícil la participación de las víctimas en la JEP, pues el procurador es su defensor prioritario de estas en el ordenamiento jurídico.

El reclamo de Carrillo se advirtió justificado, pero también precipitó algunas conjeturas, como que en las negociaciones de La Habana se hubiera excluido a la Procuraduría por la figura de Alejandro Ordóñez. El ministro Cristo rechazó tales especulaciones.

El fiscal Néstor Humberto Martínez ya había provocado trabajo extra para el Gobierno y los ponentes que tuvieron que hacerle más de diez modificaciones al texto original, todas provocadas por las observaciones constructivas del jefe del organismo investigador.

Este miércoles las reiteró. En una carta exigió claridad respecto al régimen de extradición, el tratamiento de los delitos continuados (por ejemplo, el reclutamiento de menores que ya se extendió más allá del primero de diciembre del 2016), y el juzgamiento de los guerrilleros reincidentes.

Pidió también que los reincidentes de las FARC y autores de delitos de ejecución permanente como secuestro y lavado de activos puedan ser extraditados.