JUSTICIA PA' LOS DE FRAC

La opinión pública parecía ya curada de espanto ante cualquier declaración del ministro de Justicia, Rodrigo Lara. Pero los incidentes que la semana pasada lo enfrentaron al juez 6° Penal del Circuito, Julián Rojas Otálora, fueron para muchos la gota que rebosó la copa. El Ministro había sido llamado por el juez a rendir indagatoria en el proceso que se sigue por narcotráfico a Evaristo Porras, quien en 1983 entregó un cheque de un millón de pesos a Lara para la campaña galanista, que habría sido consignado por el hoy Ministro en sus cuentas personales, configurándose, según lo señalaba la prensa a mediados de la semana, un delito de abuso de confianza de Lara para con su movimiento. En castellano raso, esto significaba que Lara le había "puesto conejo" a su grupo político. El titular de la cartera de Justicia respondió con una carta al juez, en la cual lo acusaba repetidamente de "prevaricador" y "cobarde", porque según el Ministro, Rojas no había detenido a Porras y, en cambio, se había basado en su testimonio para desviar la investigación y enfilarla contra Lara.
Para numerosos jueces y abogados, la carta del Ministro resultó "insólita y poco acorde con su posición". Según Asonal, la agremiación de los empleados de la rama judicial, "los términos empleados en la referida comunicación no son los que el pueblo colombiano espera de un Ministro de Estado". Otros juristas consultados por SEMANA opinaron que la carta, que fue preparada por el grupo de asesores legales del Ministro, había sido redactada intencionalmente en forma violenta, pero todos estuvieron de acuerdo en señalar que esa estrategia, presumiblemente destinada a obligar al juez a declararse impedido para juzgar el caso, se le podía permitir a todo el mundo, menos a un ministro de Justicia.
En pleno cierre de la campaña para mitaca, las reacciones políticas no se hicieron esperar y la Comisión Política Central del liberalismo exigió pronunciamientos del Presidente Belisario Betancur y del jefe del Nuevo Liberalismo, Luis Carlos Galán. Al día siguiente, Lara, en un acto de contrición, recogía velas, justificando su "gaffe" como una frustración por la actitud de la opinión pública que, según él, no reconocía que "he resuelto afrontar con decisión y sin temores la lucha contra el crimen organizado". En la mañana del jueves, asediado por una nube de periodistas y chiflado por los colegas del juez, el Ministro rindió indagatoria. A fines de la semana, el tono del debate había descendido, pero un mal sabor quedaba en boca de la opinión pública que, por segunda vez, había visto a Lara salirse de sus casillas. Una caricatura de Naide en el diario El Tiempo del viernes reflejaba en parte ese sentimiento, dando a entender que al bajar el tono de la polémica, se podrían escuchar las carcajadas de Evaristo Porras. La inminencia de la renuncia de Lara era otra vez tema de conversación en círculos políticos y en esta ocasión las versiones aseguraban que se iría de embajador a México.
En realidad, la última polémica causada por Lara parecía tener más alcance que el de un simple arrebato de un Ministro "emproblemao". Según muchos observadores, el caso constituía también el reflejo de un sentimiento generalizado de que algo estaba pasando con la justicia. Este tema había sido puesto sobre el tapete en un editorial de El Tiempo del domingo 4, con motivo del auto de detención dictado por el juez 40 penal del circuito, Julio Lancheros, en contra del presidente del Banco de Bogotá, Jorge Mejía Salazar, acusado por su participación en la adjudicación de una licitación de la empresa Alcalis. (Ver recuadro). El editorialista de El Tiempo decía al referirse al caso que "es una muestra de la peligrosa animosidad que se ha creado contra la clase dirigente colombiana y la amenaza de una Justicia en que las ansias de popularidad incitan a los jueces, con muy honrosas excepciones, a buscar publicidad y volverse "personajes" según sea la mayor espectacularidad de sus gestiones, no siempre basadas en el buen conocimiento de la ley y la justa apreciación de la Justicia". Si bien en un principio, cuando se profirieron los primeros autos de detención por la crisis financiera, el país reaccionó favorablemente y respaldó a los jueces, lo sucedido en las últimas semanas llevaba a muchos a preguntarse si no se estaban cometiendo algunos abusos ahora que la justicia también se aplicaba "a los de frac".
El jueves, en declaraciones al noticiero de televisión de Prego, el presidente de la Andi, Fabio Echeverri Correa, consideraba que existia una abierta persecución contra la clase dirigente y que ese proceso debía detenerse, so pena de poner en peligro la estabilidad política y económica del país. Los autos de detención contra miembros prominentes de esa clase dirigente habían proliferado, según algunos, en forma excesiva y lo que en otras épocas era un estigma, hoy se había vuelto tan común como una foto en las páginas sociales de Cromos o Al Día. Otros sectores de opinión aseguraban que a la circunstancia descrita por Echeverri Correa, se agregaba el hecho de que mientras los banqueros entraban a las cárceles ocultando sus rostros tras las solapas de sus abrigos, los grandes capos de la mafia debutaban abiertamente en sociedad, lo cual, a los ojos de muchos, indicaba que algo no andaba bien.

LA JUSTICIA PROLETARIA
El ambiente parecía propicio para un cuestionamiento a la justicia ¿Qué explicación se le podía dar a lo que estaba sucediendo? No parecía haber una sola y, por el contrario, todo indicaba que se trataba de una conjunción de factores simultáneos. Los jueces se habían convertido en figuras públicas sometidas a toda clase de presiones, que iban desde la tentación publicitaria de dictar un auto de detención a un banquero prominente, hasta la de no hacerlo contra un mafioso, por miedo a perder la vida, del mismo modo que la perdió hace pocas semanas un joven abogado que se había destacado como defensor del Tratado de Extradición: Edgardo González.
Un ex ministro de Justicia consultado por SEMANA explicó que entre los jueces se había operado un cambio sustancial en los últimos años. Según él, una nueva clase social había ascendido a la administración de la justicia, gracias a ciertas posibilidades universitarias que se presentan desde hace pocas décadas para los sectores de clase media. El exministro considera que esta "nueva clase" se destaca por tener una mentalidad diferente a la que había caracterizado a los jueces durante mucho tiempo: "En muchos casos, se trata de jueces marxistas, muy preparados, muy honestos, pero con una forma de ver la realidad colombiana completamente distinta a la de aquellos jueces que, provenientes de los partidos tradicionales, habían administrado justicia a lo largo de la historia del país. La nueva justicia se ha proletarizado, para bien o para mal".
Según el ex ministro, esta nueva clase se encontró, al tener acceso al poder judicial, con una clase dirigente que, particularmente en el sector bancario, estaba acostumbrada a llevar a cabo operaciones que aunque técnicamente reñían algunas veces con la legislación vigente, no implicaban beneficio personal directo. "Incluso, buena parte de la legislación bancaria existente hasta antes de la crisi financiera de 1982, promovía la conformación de grandes grupos financieros, con un banco a la cabeza, que permitía la autofinanciación y su forma más conocida, los autopréstamos", declaro el ex-ministro.
El sector financiero, según la fuente, creció de este modo en forma tal, que la Superintendencia Bancaria resultó insuficiente y se quedó chiquita para controlar el sistema. "La nueva mentalidad de los jueces y los cambios que se fueron dando en la legislación bancaria, permitieron a aquéllos aplicar las normas, con un rigor que resultaba inusitado para un país donde muchas de las prácticas que ahora se condenan eran pura y simplemente una costumbre", dijo el ex-ministro.
Para algunos sectores de la clase dirigente, era una realidad que muchos de los acusados dentro de la crisis financiera, que han aparecido ante la opinión pública como hampones, no son más que responsables de irregularidades en trámites mecánicos, cometidas muchas veces sin conocimiento del delito, como en el caso de muchos miembros de juntas directivas cuyas actuaciones estaban destinadas a respaldar decisiones administrativas que configuraban delitos. Si bien algunos eran culpables a conciencia, otros se habían limitado a seguir órdenes o a cumplir con operaciones que la costumbre había impuesto. Este hecho tenía, de cualquier manera, un efecto positivo: los ejecutivos del sector financiero tendrían a partir de ese momento mucho más rigor en el ejercicio de sus funciones.
Sin embargo, si en el castigo de los delitos financieros, los jueces habían actuado con todo el rigor que les permitían las normas -y a veces incluso más allá de esos límites-, no se podía decir lo mismo de la persecución a los narcotraficantes. Para el ex-ministro que SEMANA consultó, entre los mafiosos y sus asociados, impera una ley del silencio que, con los mecanismos legales existentes, resulta difícil de romper para los jueces encargados de las investigaciones en ese campo. Segun él, sólo una legislación que proteja y beneficie la delación, puede romper ese silencio, como sucede en los Estados Unidos, Francia o Italia. Además, en las investigaciones sobre narcotráfico, los jueces se sienten tan inseguros como los posibles delatores y la impunidad y la liberación de los sindicados por falta de pruebas se han impuesto en el país.

Entre las críticas más comunes que se escuchaban con respecto a la aplicación de las leyes en contra de los sindicados del sector financiero, algunos cuestionaban la tesis, defendida por el mismo Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, de que era necesaria la aplicación de "una sanción social" contra los supuestos delincuentes. Esa sanción, que amplios sectores populares y de clase media defendían como un arma necesaria para castigar la corrupción, implicaba una interpretación de la moral que inevitablemente es acomodaticia. Aparecer en la prensa como sindicado de un delito financiero era, de por sí, una condena ante la opinión pública, antes de que el acusado fuera vencido en juicio.
Pocos discuten sin embargo la efectividad que en un principio tuvo la lucha contra los llamados "delincuentes de cuello blanco". Para Alberto Donadio, investigador estrella de la Unidad Investigativa de El Tiempo en cuanto a temas financieros, resulta importante que "por primera vez haya habido autos de detención contra esa clase de sindicados. Es indudable que el gobierno respaldó esas investigaciones: si no hubiera sido por el pronunciamiento del entonces ministro de Justicia, Bernardo Gaitán Mahecha, quien exigió resultados en las investigaciones sobre los delitos financieros, esos autos de detención no se hubieran producido y personas como Jaime Mosquera Castro no hubieran ido a la cárcel".
Sin embargo, Donadio asegura que las normas de procedimiento existentes son anticuadas y que los jueces no tienen siempre la agilidad para manejar temas tan complejos, además de su explicable ignorancia en ellos. Sobre el decreto 2920, emitido durante la emergencia económica que dictó el gobierno tras los primeros sacudones de la crisis financiera, Donadio opina que "evidentemente es una norma apresurada porque el gobierno tenía prisa. Aunque se trata de una primera norma importante, es indudable que sigue haciendo falta una reforma financiera en grande".

EL 2920
Para el abogado de Mosquera Castro y de Jaime Michelsen Uribe, Alfonso Gómez Méndez, el 2920 es el culpable, por su ambiguedad, de muchas de las injusticias que pueden haberse cometido. Según él, ese decreto "es violatorio del principio de tipicidad que consiste en que la ley penal debe describir el hecho en forma inequívoca, de tal manera que no quede duda alguna sobre los elementos integrantes del delito". Gómez Méndez recordó cómo, por esa misma razón, la Corte Suprema de Justicia declaró durante el gobierno de Turbay Ayala, inexequible una parte del Estatuto de Seguridad, que castigaba a quienes repartieran o difundieran propaganda subversiva, ya que en el texto de esa norma no se definía claramente qué era subversivo y qué no lo era. "Además- explica el abogado- no se definen los límites que no deben superarse en los autopréstamos y simplemente se habla de que éstos quedan prohibidos cuando sobrepasen las autorizaciones legales. En la medida en que hay imprecisión normativa en ese decreto, existe un alto riesgo de que se presenten arbitrariedades por parte de los jueces".
No faltaban quienes le atribuían parte de la culpa al propio Presidente Betancur, quien habría creado un clima de lucha de clases con su retorica contra "los ricos", que dejaba la impresión de que la riqueza por sí misma atentaba contra el interés público.
Muchos interrogantes quedaban flotando en el aire después de los últimos sucesos. Pero algo parecía indiscutible: el péndulo estaba cambiando de lado y si antes la preocupación surgía de la ausencia de acciones judiciales contra "los de frac", ahora la preocupación parecía ser de exceso de celo. En todo caso, lo que se dejaba entrever era un sentimiento de que a las cárceles no estaban llegando los grandes culpables y algunos de los que habían sido objeto de autos de detención no debían estar allí.

DOS CASOS
SEMANA ilustra dos casos de autos de detención recientes, objeto de controversia.

JORGE MEJIA SALAZAR
Para la opinión pública y los círculos financieros, ningún banquero estaba más lejos de hacerse acreedor a un auto de detención que Jorge Mejía Salazar. En medio del desprestigio generalizado en el sector financiero, el presidente del Banco de Bogotá parecía inmune a la percepción negativa que el público tenía de la mayoría de sus colegas. Por eso, la noticia del auto de detención contra él causó más revuelo que cualquiera de las anteriores a tal punto que fue objeto de un editorial de El Tiempo.
La acusación en su contra nada tiene que ver con manejos bancarios. Se limita a su participación en las decisiones de la junta directiva de Alcalis de Colombia, respecto al proceso de adjudicación de un contrato de venta de barcos y de transporte marítimo de sal. En diciembre de 1981, la junta de Alcalis decidió que era más rentable vender los 5 barcos de la empresa y subcontratar con la firma compradora el transporte de sal. En calidad de empresa industrial y comercial del Estado, Alcalis no estaba obligada a abrir una licitación y podía haber contratado directamente a quien la junta hubiera designado. Pese a esto, se decidió abrir una licitación privada. Fueron llamadas 6 firmas primero y otras 6 después, entre ellas Intercaribe de Navegación, empresa que según la Contraloría General de la Nación, quien investigó la adjudicación en septiembre de 1982, fue creada exclusivamente para esta licitación. Solo cuatro firmas contestaron la invitación y entraron a participar en la licitación. De éstas, tres no llenaban los requisitos al no cotizar unos fletes. Intercaribe resultó ganadora y según la Contraloría, esta empresa estaba inhabilitada por no tener experiencia y porque un miembro de la junta, era a su vez accionista y miembro de la junta directiva de la Corporación Financiera de la Sabana, corporación que podía llegar a tener intereses en Intercaribe. El directivo en mención, Diego López, se declaró verbalmente inhabilitado en la junta para efectos de la licitación, pero ese hecho no quedó registrado en las actas. Tan pronto se presentaron objeciones por estas razones y después de que la Contraloría inició su investigación, las dos partes decidieron no firmar el contrato no llegando así a concretarse la negociación.
La Contraloría consideró que, aunque no era obligatorio abrir la licitación, una vez abierta, debía ceñirse a las reglas y que el hecho de que el contrato no se hubiera firmado no exonera a la junta de la responsabilidad del proceso de adjudicación. Por esa razón se inició una investigación penal que, tras las indagatorias del caso, desembocó en autos de detención para todos los miembros de la junta. Aún dando por válidos los argumentos de la Contraloría, muchos se preguntan si no resulta excesivo que el juez haya dictado autos de detención contra todos los miembros de la junta, sin deslindar responsabilidades en forma alguna.

ROBERTO ORDOÑEZ
Roberto Ordóñez era probablemente el hombre más impopular del Grupo Grancolombiano. Su permanente visibilidad lo hacía aparecer ante la opinión pública como la mano derecha de Jaime Michelsen. El poder que ejercía sobre los medios de comunicación, con una cierta dosis de arrogancia, le había producido no pocos detractores, el principal de ellos El Espectador, por haber sido el personaje central en el retiro de la publicidad del Grupo en ese diario, evento que desató la guerra a muerte entre los dos bandos.
A Ordóñez se le ha dictado un auto de detención por operaciones de crédito que la Superintendencia Bancaria consideró violatorias del decreto 2920, relacionadas con los famosos "autopréstamos". Ordóñez desempeñaba la vicepresidencia comercial del Banco de Colombia, la cual, no obstante el nombre, tenía limitadas sus funciones al manejo de la publicidad, la imagen y las relaciones públicas del Banco, que en la práctica se traducían en la organización de campañas como la Teletón, el Mundial de fútbol, el ahorro de energía y otras actividades de esta naturaleza. Sin embargo, ninguna de las responsabilidades de Ordóñez estaba directamente vinculada al otorgamiento de créditos del Banco. No tenía participación en decisiones de la Junta Directiva, ni en los comités de crédito, porque los temas que allí se trataban no eran de su competencia, según registros de la Superintendencia Bancaria. Tampoco se desempeñaba como representante legal o gerente de alguna de las compañías financieras del Grupo que recibieron los préstamos investigados.
Su nombre había sido mencionado en relación con una de las sociedades de bolsillo, denominada Ordóñez, Ibañez, S.C.A., que había sido utilizada como intermediaria de unos créditos del Banco de Colombia a otras entidades financieras del Grupo. Sin embargo, a pesar de llevar su nombre, Ordóñez había dejado de ser socio gestor y accionista de esa entidad desde finales de 1982 y hasta esa fecha, esa sociedad no recibió crédito alguno del Banco de Colombia.
¿Cuál es entonces la causal del auto de detención contra él? SEMANA se ha enterado de que la acusación central gira alrededor de su participación en la Junta Directiva de Artecto S.A., en cuanto a la aprobación de siete préstamos concedidos a esta empresa por el Banco de Colombia. Seis de estos créditos eran simples renovaciones de préstamos existentes antes del decreto 2920. El único nuevo es un crédito ordinario de capital de trabajo, por 16 millones de pesos. El total de los 7 préstamos no asciende al 10 por ciento del capital y reservas del Banco de Colombia, tope establecido por el 2920. Artecto S.A. no es accionista del Banco de Colombia y Ordóñez apenas posee las 16 acciones a que tiene derecho todo empleado del mismo. Como dato curioso, Ordóñez es solamente uno de los miembros de la junta y es suplente del revisor fiscal y ninguno de los otros miembros ni el revisor fiscal principal han sido objeto de acciones por parte de la justicia. Dadas las circunstancias, algunos consideran que a Ordóñez le están cobrando judicialmente su mala imagen.