Justicia penal: Colombia es un Estado fallido

No es la primera vez que se utiliza la expresión de “Estado fallido” para referirse a Colombia. Pasó también por allá en los inicios del siglo, cuando varios analistas internacionales, ante la gravísima situación de orden público, concluyeron que Colombia iba camino a ser un Estado fallido: un Estado que, por diversas razones, ya no es capaz de atender y honrar las obligaciones que, como organización política, tiene.

Las obligaciones son las más obvias: garantizar la seguridad, proveer servicios sociales, mantener la integridad del territorio y administrar justicia. Y es justo ahí donde me quiero detener. Tomo aire para explicar, con absoluta frustración, la razón por la cual afirmo, no sin dolor, que Colombia, en materia de administración de justicia penal, es un Estado fallido: la razón es que, sencillamente, ha dejado de cumplir con esa función, quizá la más básica.

La cosa es así y los números no dejan mentir, pero sí que producen una terrible zozobra. Casi el 70 % de las denuncias que llegan a la Fiscalía, por todos los delitos, son archivadas. Sin investigación, sin consideración, con argumentos tan peregrinos y ridículos como, por ejemplo, que el denunciante no adjuntó los datos de identificación de la persona que cometió el delito. Queda, pues, notificado, señor ciudadano: cuando lo atraquen en la calle, no olvide pedirle al pillo la cédula ampliada al 150 % para que la Fiscalía haga su trabajo.

Ya ha dicho el Consejo de Estado que los archivos emitidos por la Fiscalía son una denegación de justicia y que debe ser el último de los escenarios. Pero, al fin y al cabo, ¡qué importa lo que diga el Consejo de Estado!

Las denuncias que, por algún milagro, no son archivadas, son llevadas a juicio. El fiscal del caso revisa las pruebas y decide imputar cargos. Pues bien, atérrese, señor lector: la Fiscalía pierde casi el 60 % de los casos que ha imputado. Eso significa que, luego de que la denuncia es radicada y las pruebas son recaudas, el Fiscal va a donde un juez para que determine si la persona es responsable o no. Y ahí la cosa se pone muy oscura, porque perder el 60 % de los casos en los estrados judiciales significa una de dos cosas: que la Fiscalía imputó a inocentes en 6 de cada 10 casos, lo que es aterrador; o que, en 6 de cada 10 casos, la Fiscalía no logró que se condenara a un delincuente, que saldrá libre para seguir en lo suyo.

No sé qué es peor, si perseguir inocentes o ser incapaz de condenar culpables. La cosa no para ahí, no, señores. Los procesos penales duran décadas, mientras la víctima permanece ese tiempo en la cárcel, envejeciendo, a la espera de que el Estado le diga si sí o si no.

Las cárceles están alcanzando la impensable cifra de aproximadamente doscientos mil presos, de los cuales cerca de la cuarta parte aún no han sido condenados. Estos últimos, además, en caso de que luego sean absueltos, vendrán, como es apenas lógico, a demandar a la nación por cuenta de la privación injusta de la libertad. ¿Sabe usted, señor lector, cuánto ha pagado el Estado –de nuestros impuestos– por estas demandas? La medio bobadita de ochocientos mil millones de pesos en los últimos 10 años. Así lo certificó la Fiscalía cuando se le solicitó tal información.

Luego de escribir esto, iba a llorar; pero me dicen que no puedo malgastar agua, así que, por ahora, prefiero reírme.