Justicia restaurativa, una propuesta que suscita debate y que abogados penalistas piden analizar para ciertos delitos

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, se estrenó en el cargo con una propuesta que abrió un fuerte debate promovido por la oposición: la justicia restaurativa para algunos delitos menores.

Este modelo, que ya lo aplicó el país durante años anteriores, podría interpretarse como un aperitivo para la delincuencia porque, entre otras, busca que quien se robe un celular lo devuelva y, como medida restaurativa, asuma el gasto del servicio de telefonía celular de su víctima durante seis meses, según Osuna.

En otras palabras, se pretende que la víctima y el victimario lleguen a un acuerdo, exista una rebaja de pena, se reduzca el hacinamiento carcelario –con una sobrepoblación de 16.182 reclusos, de acuerdo con el Inpec– y, de paso, se descongestione el sistema judicial.

Sobre el terreno, nadie se imagina conciliando con un delincuente el robo de su teléfono celular. Menos hacerle seguimiento para que cumpla con los pagos de la factura. Al fin y al cabo, cuando el ladrón acude al raponazo es porque no tiene condiciones económicas. ¿Qué ocurrirá con el delincuente que no tenga dinero para pagar? El Gobierno tiene que ser creativo, señala el abogado Francisco Bernate.

“Si el señor no tiene trabajo, a la víctima tampoco le servirá que el ladrón vaya preso. Tenemos que pensar en trabajo social”, explica. Ese es uno de los tantos interrogantes que deberá resolver Osuna, cuya iniciativa permanece en su cabeza, pero aún no está escrita en un proyecto de ley que tendrá que pasar por el Congreso, en el que corre el riesgo de ser satanizada.

Aunque el ejemplo del robo del celular jugó en contra del ministro, el grueso de abogados penalistas respalda la justicia restaurativa y considera que no es ninguna locura porque beneficiaría a aquellos victimarios que cometen delitos menores, no acuden a la violencia ni han reincidido en los últimos cinco años. Es decir, no tendrían cabida los violadores, atracadores y extorsionistas que intimidan a sus víctimas con cuchillos o armas de fuego.

“La propuesta es razonable, pero el ejemplo del robo de celulares es desafortunado porque la sociedad lo percibe como una plaga armada con muertos a bordo. Mejores ejemplos: cheques chimbos, inasistencia alimentaria, pequeñas estafas”, dijo el senador Humberto de la Calle.

Si la iniciativa se aplica, permitiría que algunos delitos menores no terminen congestionando aún más los despachos judiciales y se resuelvan en conciliaciones. “Buscaría que un fiscal que hoy tiene 2.000 carpetas o investigaciones, muchas de las cuales son asuntos que se pueden resolver económicamente, se dedique a combatir las mafias, la corrupción y no se detenga en asuntos que se pueden reparar y donde las víctimas pueden salir satisfechas”, explicó Bernate.

Mientras el proyecto se estructura, el Gobierno tendrá que tener cuidado con el mensaje que le llegará a la opinión pública, hoy sedienta de justicia.

“No se le puede decir al delincuente ‘robe, que si lo cogen, devuelve y queda afuera tranquilo’. Esto tiene que ser muy bien reglamentado”, afirmó el expresidente de la Corte Suprema Jaime Arrubla.

La justicia restaurativa, que se aplica en varios países, entre ellos Reino Unido, se da en el derecho privado y laboral, y la idea es que en adelante llegue al Código Penal, pese a que hasta 2004 en Colombia regía la indemnización integral, según el artículo 42 de la Ley 600 de 2000. “Sería revivir el artículo”, explicó Bernate.

El proyecto de ley aún no tiene forma y seguro pasarán varios meses para que llegue al Congreso. No obstante, abrirá la puerta al debate de abolir la cárcel para quienes comentan algunos delitos, entre ellos la inasistencia alimentaria.

El Gobierno tendrá que correr con la elaboración y socialización del proyecto si quiere un tránsito sin complicaciones en el Congreso. De lo contrario, después de finalizada la luna de miel entre el Ejecutivo y el Legislativo, una iniciativa tan controversial difícilmente tendrá un buen final.