Justicia transicional: Lo que planteó Gaviria

La propuesta del expresidente César Gaviria sobre justicia transicional para todos los actores del conflicto ha sido por lo general bien recibida. Lo que más le ha gustado a la gente no tenía nada de nuevo. La simetría de los beneficios jurídicos para las Fuerzas Armadas estaba ofrecida por el presidente Santos desde el primer día. El país no iba a permitir que los guerrilleros estuvieran libres o haciendo política, mientras que los generales que los combatieron estuvieran condenados a penas de 30 o 40 años de cárcel.

Por lo tanto, la propuesta es novedosa en lo que se refiere a no combatientes y colaboradores. En ese sentido es muy importante. El medio siglo del conflicto armado se ha traducido en que los actores del conflicto no han sido solamente el Ejército, los guerrilleros y los paramilitares. Esos pueden ser los protagonistas de la guerra, pero hay muchos más. En algunas regiones del país era imposible no estar con alguno de los bandos. Y esa solidaridad o apoyo podría ser interpretado como un delito de 20 o 30 años de cárcel si no se le aplica la justicia transicional.

En la actualidad hay 13.000 investigaciones en la Fiscalía, de personas que colaboraron con uno de los dos bandos sin combatir directamente. Es decir, ganaderos, empresarios, políticos y otros sectores que en una u otra forma apoyaron a una de las partes. La mayoría de esas personas apoyaron a los paramilitares. Las Fuerzas Armadas no tienen redes de apoyo, y la guerrilla, que sí las tiene, no es en términos económicos sino logísticos, lo cual es muy difícil de probar. Por lo tanto, en lo que se refiere a los no combatientes el meollo está en cómo evitarle al país años de litigios judiciales en procesos de personas que indirectamente apoyaron a las autodefensas cuando la guerrilla se estaba tomando al país.

El problema de la fórmula de Gaviria, por lo tanto, no es con los no combatientes, sino con los combatientes. Para comenzar, el gobierno y la comunidad internacional solo aceptan el concepto de justicia transicional sobre la base de que haya sanciones reales. Puede haber penas alternativas, pero tiene que haber pena y las rebajas dependen de cuánta verdad y cuánta reparación se entregue a cambio. La Corte Penal Internacional no solo prohibió las amnistías sino que en los últimos años ha bloqueado efectivamente cualquier intento de un perdón total.

Lo anterior le suena lógico a todo el mundo, menos a los verdaderos actores del conflicto: las Fuerzas Armadas y la guerrilla. Cada bando requiere un tratamiento diferente, y los militares consideran indignante el concepto de simetría si esto significa que los equiparen con la guerrilla. Sin embargo, los dos tienen una posición en común. Consideran que la razón por la cual fueron utilizadas las armas tenía una justificación. En el caso de los militares, la defensa del Estado. Y en el de la guerrilla, la injusticia social.

Para ellos, los beneficios que ofrece la justicia transicional entrañan en alguna forma el tratamiento de delincuentes y no de combatientes. Las palabras verdad y reparación implican confesión y arrepentimiento, y a eso no le jalan. Los militares, por ejemplo, aceptarían beneficios siempre y cuando fueran automáticos derivados de una norma general y no de casos penales individuales. Los representantes de las Farc en La Habana hasta este momento solo aceptan algún tipo de responsabilidad histórica abstracta, exigiendo que el Estado acepte lo mismo y sin ninguna fórmula jurídica que pueda condenarlos individualmente.

La cúpula de las Farc, que está condenada ya por delitos atroces, ni siquiera reconoce la validez del marco jurídico para la paz, que es en este momento el único instrumento que puede garantizar la justicia transicional. Lo que más les preocupa del marco para la paz es que allí quedó consagrado el concepto de ‘máximo responsable’. Esto significa que la tropa podrá tener un trato muy favorable que no implique cárcel, mientras que los jefes deberán ser juzgados y condenados. El problema es que estos últimos son los que están negociando en La Habana y no están dispuestos a firmar ningún acuerdo que implique un tiempo tras las rejas.

Lo mismo sucede con los militares. A ellos tampoco les gusta el marco para la paz por las mismas razones. En este los ‘máximos responsables’ son los generales y ellos tampoco están dispuestos a ir a la cárcel por 50 años de conflicto o los excesos de sus subalternos. A esto se suma que el concepto de simetría en beneficios que se piensa otorgar en Colombia no se ha aplicado históricamente a nivel internacional. Las ONG y la propia Corte Penal Internacional siempre han sido más laxas con los excesos de la guerrilla que con los de las Fuerzas Armadas.

Aunque ninguna de las partes todavía ha puesto sobre la mesa sus verdaderas cartas, lo que se puede anticipar es que habrá que tragarse muchos sapos. Por ejemplo, a pesar de que nadie lo reconozca los responsables de falsos positivos podrían tener que ser incluidos en el paquete. Independientemente de la atrocidad de esos crímenes van a ser presentados como derivaciones del conflicto armado. En este momento, hay 2.000 miembros de las Fuerzas Armadas detenidos por esos hechos, de los cuales 817 ya tienen condenas en firme. Si se les aplica la justicia transicional no quedarán libres, pero sus penas podrían pasar de más de 40 años a menos de diez.

Lo anterior hace pensar que la iniciativa de Gaviria es un gran aporte en lo que se refiere a los no combatientes, pero no cambia en nada las dificultades de llegar a un acuerdo con los actores del conflicto. Así como la guerrilla y el Ejército no le jalan a algunos elementos del marco jurídico para la paz, el presidente y los negociadores del gobierno no le jalan a ninguna fórmula que implique impunidad.