Atajan propuesta de vivienda social de Petro en estratos altos

El controvertido proyecto de la Alcaldía Mayor de Bogotá para construir 372 apartamentos para personas de escasos recursos, que serían construidos en predios de estratos 5 y 6, debe sortear ahora un serio obstáculo.

Una acción popular interpuesta por 15 personas, entre ellos varios vecinos de los predios a intervenir- la mayoría hoy son parqueaderos- y el concejal Roberto Hinestrosa (Cambio Radical), detuvo el plan, según decidió este viernes el Juzgado 26 Administrativo del Circuito de Bogotá.

Ese despacho ordenó “la suspensión inmediata de la ejecución del contrato de consultoría para la elaboración de los diseños arquitectónicos y estudios técnicos del proyecto IDU-parqueaderos”, se lee en el documento de notificación enviado por el juzgado a la Secretaría de Hábitat.

La acción de amparo estuvo dirigida también en contra de Metrovivienda y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Para el concejal Hinestrosa, la idea del alcalde Gustavo Petro de construir viviendas para desplazados es violatoria de la ley porque se estaban desviando los recursos. A ese argumento se suma que la destinación del bien no fue aprobada por el Concejo de Bogotá. 

“Es una alcaldada y un acto provocador lo que estaba haciendo (Petro), debería existir una política de reinserción y no actos improvisados”, dijo el concejal a Semana.com.

El tema lanzado por Petro causó toda una controversia. La intención del mandatario local es generar la integración de los diversos tipos de poblaciones que coexisten en la variopinta capital de la República.

Entre los argumentos en contra está es que los eventuales beneficiarios, entre los que estarían desplazados por la violencia, no tendrían la capacidad económica de sostener las viviendas por el costo de los servicios públicos o del impuesto predial.

Tampoco -se esgrime- podrían acceder a los servicios de la zona (servicios de salud o educación y comercios, entre otros) puesto que todo está diseñado para personas con alto nivel adquisitivo.

Pero quizá lo más contundente es que es que el proyecto costaría 30.000 millones de pesos que, si se dividen en el número de los apartamentos, cada uno costaría cerca de 850 millones de pesos. Una cifra exorbitante si se tiene en cuenta que el costo de las Viviendas de Interés Prioritario (VIP) no supera los 40 millones de pesos.

La suspensión es provisional, mientras los tribunales deciden de fondo sobre el tema. No se descarta que la disputa jurídica llegue hasta el Consejo de Estado, por lo que llevaría años resolverla.

El proyecto

Polémica causó en noviembre del 2014 la propuesta de la Alcaldía de Bogotá de utilizar cuatro parqueaderos ubicados en exclusivos sectores de Bogotá para construir 372 viviendas. La idea es que allí habitaran personas de estratos 1 y 2 que fueron víctimas del conflicto armado, por lo que los apartamentos serían de interés prioritario (VIP).

La propuesta que tuvo la administración es que en la calle 107 con carrera 17, la carrea 11 A con calle 93, la carrera 11 con calle 88 y la calle 82 con carrera 11 se construyeran apartamentos que garantizaran el bienestar de esas personas. Todos los terrenos son del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y en total la extensión de los predios suma 4.959 metros cuadrados.

Los 30.000 millones que se usarían para la construcción de las viviendas iban a ser costeados de dos maneras. La primera, con subsidios distritales de vivienda, a los que se suman recursos compensatorios de constructores privados que están obligados a pagar a la ciudad por edificar en ella. Se habla del 20 %.

Los edificios de entre cuatro y siete pisos tendrían parqueaderos públicos, por lo que no serán para los residentes. En su momento se calculó que por ser esta una vivienda de interés prioritario, cada apartamento costaría hasta 70 salarios mínimos mensuales vigentes y los residentes pagarían 40 salarios.