Karen Abudinen no será víctima en el proceso contra el empresario Juan José Laverde, uno de protagonistas del escándalo de Centros Poblados

La exministra de las TIC, Karen Abudinen, a quien le metieron gato por liebre en la millonaria adjudicación de la licitación para llevar internet a zonas apartadas del país a Centros Poblados, no será víctima en el proceso que se adelanta contra el empresario Juan José Laverde Martínez, uno de los principales implicados en el escándalo en el que ya se embolataron 70 mil millones de pesos.

La jueza 40 de conocimiento de Bogotá consideró que los argumentos aportados por la defensa de Abudinen no permiten inferir su afectación dentro de este expediente. “Puede ser víctima en otros procesos penales y administrativos en donde se acredite el verdadero daño relacionado con los procesados”, le recomendó la jueza a la exministra de las TIC.

“Frente a las afectaciones sufridas por Karen Abudinen en calidad de exministra de MinTIC es de indicar que para acceder al reconocimiento como víctima, directa, o sujeto pasivo o indirecta, dentro del proceso penal actual no basta con pregonar un daño genérico, es preciso señalar el daño real y concreto causado por el delito, así se persiguen exclusivamente los objetivos de justicia y verdad y se busca la reparación”, aclaró la jueza.

En este sentido, consideró que los argumentos planteados por el representante de la exministra “no se evidenció que la situación fáctica y jurídica hubiera generado de manera directa o indirecta un daño a Karen Abudinen frente a los bienes jurídicos que se juzgan, luego, la presunta comisión de las conductas, los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal no se puede considerar que generaron un daño a la funcionaria”.

Pese a que en diversas oportunidades la exministra de las TIC advirtió que ella fue la que denunció las irregularidades en la puesta en marcha del contrato y los engaños que incurrieron los representantes de la Unión Temporal Centros Poblados -entre los que se encontraba Laverde- para resultar beneficiados en el proceso de licitación, la jueza consideró que esto no es motivo de debate en el presente caso.

“Si bien fueron de público conocimiento los señalamientos que se hicieron a la exministra y la relación que le imputaron los medios de comunicación con la UTC Centros Poblados, esta situación afectan otros bienes jurídicos tutelados que están siendo investigados por el ente acusador, abonado que los daños que alega el representante de víctimas deben ser estudiados de manera amplía pues se tratan de unos hechos de corrupción en el interior de la entidad en la que ostentaba la calidad de Ministra”, explicó.

Por esto se considera que el directamente perjudicado en este caso es el Ministerio pero no la Ministra. “La afectación del buen nombre y el de su familia fue creado al parecer frente al respectivo caso de manera general y no por la conducta atípica indirecta atribuida a Juan José Laverde en esta actuación, por tanto, se insiste en que no hay una relación directa entre la afectación y perjuicio alegado por los delitos anunciados en este proceso en el que pueda ser atribuible su condición de víctima”.

La exministra no compartió la decisión y manifestó, por medio de su abogado, que presentará recurso de apelación, el cual deberá ser resuelto por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Esto obligó a suspender la revisión del preacuerdo firmado entre Laverde y la Fiscalía General.

En mayo pasado, Laverde Martínez firmó un preacuerdo con la Fiscalía General en el que reconoce su participación en las irregularidades que se presentaron en la licitación del Contrato 1043 de 2020, convocado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), entonces en cabeza de Karen Abudinen, y que tenía como objetivo la construcción de 7.277 centros educativos virtuales en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada, así como en la ciudad de Bogotá.

Laverde, que era el representante de la empresa Rave Seguros, aceptó su participación en los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. En la negociación se fijó una pena de 48 meses de prisión y el pago de una multa.

En el preacuerdo se realizó también una modificación en la participación del empresario en este caso, pasando de autor a cómplice en el delito de fraude.

Laverde enfrenta otro proceso por los delitos de falsedad ideológica en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito. Esto, por las irregularidades en el anticipo de 70 mil millones de pesos que giró el MinTIC para la compra de equipos para los centros virtuales que buscaban llevar internet a las escuelas de bajos recursos.