Keralty, dueña de Sanitas, dice que intervención de su EPS es “improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria”

Ante la intervención de la EPS Sanitas por parte de la Superintendencia de Salud, Keralty se pronunció este jueves 4 de abril: rechazó de manera enérgica y contundente esta acción, que considera “improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria”.

A través de un comunicado, la entidad señaló: “Esta medida puede comprometer la prestación del servicio a nuestros 5,8 millones de afiliados y cambia drásticamente las reglas de juego para las empresas que le apuestan al país”.

En el comunicado, Keralty inició resaltando: “Durante los últimos 43 años, hemos trabajado para cuidar la salud y bienestar de nuestros usuarios, con la calidad y dedicación de los colaboradores y profesionales que hacen parte de la organización”.

Luego, argumenta que la situación de sostenibilidad financiera de EPS Sanitas fue provocada, “en gran medida”, por el mismo Gobierno. La insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) sería el centro de la problemática.

“Al no hacer los análisis responsables en temas como la insuficiencia de la UPC, la concentración de riesgo por afiliado y el no reconocimiento de la deuda acumulada. Dichas problemáticas fueron alertadas oportunamente en múltiples escenarios frente al Ministerio de Salud, la Adres y otras instituciones, sin encontrar soluciones”, indicó la empresa en el documento.

Y agregan que no se consideró que, en 2023, la EPS presentó ante la Superintendencia de Salud “un plan de reorganización institucional sobre el cual no hubo decisión alguna”. Destacan que el acto administrativo de la intervención “desconoce todo lo anterior”.

Manifiestan también que los indicadores de quejas en los que se basó la intervención reflejan “un análisis parcializado”.

“No corresponde a la realidad del servicio de la EPS, pues se afirma que el promedio de quejas de EPS Sanitas durante el 2023 ‘supera significativamente el promedio nacional’, cuando el indicador es similar a la media del sector”, agregó el comunicado.

Y sobre las dudas frente a sus reservas técnicas, respondieron: “Hacemos claridad en que hoy la EPS cuenta con inversiones que las respaldan por un valor superior a los 800 mil millones de pesos”.

Finalmente, la empresa dueña de EPS Sanitas asegura que se encuentra analizando “las acciones a tomar para hacer cesar la arbitrariedad del acto de intervención”, en busca de retomar la administración “en beneficio de nuestros afiliados, colaboradores y del país”.

“Continuaremos trabajando con el compromiso de siempre y cumpliendo nuestro rol con excelencia, con un interés genuino y permanente con la salud y el bienestar de nuestros usuarios”, concluyó la empresa en el comunicado.

En medio de las intervenciones a las EPS, el pasado miércoles, en la Comisión Séptima del Senado, se hundió la reforma a la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Este miércoles 3 de abril, después de siete horas de debates e impedimentos, los senadores sometieron a votación la ponencia de archivo de la reforma a la salud. Tal como estaba previsto, la iniciativa terminó hundida.

Nueve de 14 senadores votaron por el archivo de la iniciativa que redactó inicialmente la exministra de Salud Carolina Corcho, que terminó en manos de su sucesor, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Los senadores Norma Hurtado (Partido de La U), Miguel Ángel Pinto (Liberal), Nadia Blel (Conservador), José Alfredo Marín (Conservador), Honorio Henríquez (Centro Democrático), Alirio Barrera (Centro Democrático), Lorena Ríos (Colombia Justa Libres), Berenice Bedoya (Alianza Social Independiente) y Ana Paola Agudelo (Partido Mira) fueron los encargados de sepultar la iniciativa.