Condenan a 'Kiko' pero sigue la crisis de La Guajira

Pocas veces una condena contra un líder político había sido tan lógica, tan esperada y a la vez tan sorprendente como la del exgobernador de La Guajira Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar. El juez octavo especializado de Bogotá le notificó este lunes que deberá pagar 55 años de prisión, la sentencia más larga contra un alto funcionario en la historia del país.  

Si se miran los asesinatos por los que acusaban a Gómez, la sentencia era predecible. Sin embargo, hace unos años pocos anticipaban que la justicia podría ser tan contundente con él –aunque la estela que había dejado el exgobernador en La Guajira era conocida–. Gómez llegó a llevar las riendas de uno de los departamentos más pobres del país en medio de gran controversia. En la región se decía que el exgobernador era el brazo político de una banda criminal liderada por Marcos Figueroa García, alias Marquitos, con quien, según el fallo, “existía una relación tan intensa que este mataba cuando Gómez Cerchar se lo ordenaba”.

La relación de ambos personajes tiene detrás una historia tenebrosa. Cuando las autodefensas llegaron a La Guajira en 2002, Jorge 40 le declaró la guerra a todas las bandas que delinquían en la península y les exigió el desmonte de las estructuras, entrega de rutas y pago de impuestos por contrabando de gasolina, drogas, cigarrillo, licor y negocio de divisas.

Como muchos de esos jefes se negaron, Jorge 40 ordenó asesinarlos. Marquitos desafío al líder paramilitar, pero al igual que muchos otros se vio obligado a esconderse en Venezuela, y cuando Rodrigo Tovar se entregó, él y otros jefes guajiros regresaron a recuperar sus negocios. La ambición por controlar el tráfico de gasolina y el comercio ilegal desató una enorme crisis en la región.

Marquitos no era un delincuente del bajo mundo, ni un gatillero a sueldo, sino una especie de ‘justiciero’ que defendía sus negocios y se movía con soltura entre las familias poderosas del sur de La Guajira y Valledupar. Manejaba el contrabando de gasolina, el intercambio de divisas y la ganadería en la frontera con Venezuela. En las dos últimas décadas se enfrentó con muchas familias y la persona que sirvió de intermediario para poner fin a esas guerras fue Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez.

Cuando Kiko fue elegido gobernador se encendieron todas las alarmas, pero existía la percepción de que era poco probable que el peso de la ley llegara a La Guajira. La Dian había advertido la relación del gobernador con el tráfico de gasolina, la Corporación Arco Iris, el periodista Gonzálo Guillén y la senadora Claudia López habían denunciado la alianza de Gómez con las bandas criminales. SEMANA, en una portada de mayo de 2013 titulada ‘Un gobernador de miedo’, relató en detalle la forma como este personaje había logrado hacerse al poder de La Guajira y manejaba desde la Gobernación todo tipo de actividades ilegales.

Kiko Gómez es hijo de un importante ganadero de Barrancas, Alfonso Gómez Barros, y su madre es prima de los Gnecco Cerchar, quienes han combinado el poder político con negocios poco claros. Jorge Gnecco Cerchar fue quien llevó el paramilitarismo al Cesar y Magdalena, pero terminó asesinado por el propio Jorge 40 en San Ángel.

Desde 1993 y hasta el momento de su captura, Kiko había logrado construir una hegemonía política en el departamento. Fue elegido dos veces alcalde y apoyó a otros mandatarios aliados. Yandra Brito, elegida para el periodo 2004– 2007, según algunos con la venia de Gómez, terminó por enfrentarse con él porque no aceptó sus peticiones de entregarle contratos y puestos en la Alcaldía. El esposo de Yandra, Henry Ustariz, desafió a Kiko y lo amenazó con su primo Giovanni Ustariz, quien era jefe financiero de los paramilitares.

El juez condenó a Kiko Gómez especialmente por tres homicidios. El primero fue el caso de Henry Ustariz, asesinado el 2 de abril de 2008 en un espectacular operativo en las carreteras de La Guajira. Ese día también murió su conductor. Supuestamente unos sicarios habrían ejecutado ese atentado por órdenes de Marquitos y Kiko Gómez, aunque ambos lo niegan. Kiko habría cometido la imprudencia o el descaro de asistir al sepelio de Ustariz, y quienes presenciaron la escena dicen que Yandra le dijo a sus dos pequeños hijos: “Miren bien a ese hombre, ese fue el que ordenó asesinar a su padre”. La madre de Yandra denunció a Kiko como autor intelectual del homicidio de su hija, ocurrido en Valledupar en 2012. Gómez ya era gobernador.

El proceso contra Kiko Gómez se convertirá en un precedente en el tratamiento de los grandes casos que tienen esa compleja mezcla de corrupción, bandas criminales y funcionarios públicos. Estas investigaciones plantean ejercicios complejos en los que muchas veces tienen que participar los organismos de inteligencia, la Policía y los órganos judiciales.

En este caso, por ejemplo, fue clave que, al mismo tiempo que la Fiscalía investigaba a Kiko Gómez, el Estado lanzaba todas sus fuerzas a capturar a alias Marquitos. La inteligencia logró determinar su paradero gracias a que interceptaron las comunicaciones de las ocho mujeres del capo, con las que tiene 14 hijos. Lo capturaron en octubre de 2014 en Boa Vista, capital del estado amazónico de Roraima, fronterizo con Venezuela. Testificó contra Gómez desde una cárcel en Brasil y posteriormente fue extraditado a Colombia.

La condena también abrió la necesaria discusión de hasta qué punto los partidos políticos tienen que responder por las acciones de sus candidatos. La respuesta debería estar en la ley que rige esas colectividades, que fue promovida por Germán Vargas Lleras precisamente para evitar este tipo de situaciones. Kiko Gómez llegó a la Gobernación por Cambio Radical, el partido del vicepresidente. Sin embargo, no es posible derivar responsabilidades a ese partido pues para esto la ley exige que la condena se presente en el mismo periodo para el que el candidato fue elegido. Como eso no sucedió en el caso de Gómez, quienes le dieron el aval no tendrán ninguna consecuencia.

El problema va más allá pues la legislación tampoco está preparada para tratar un caso de sospechas. En el caso de Gómez, por ejemplo, ante los cuestionamientos que se dieron en la campaña, el entonces director del partido, Carlos Fernando Galán, pidió al Consejo Nacional Electoral que le revocara la inscripción, pero eso no era posible legalmente. El caso llegó al Consejo de Estado, que argumentando razones jurídicas le dio la razón a Gómez.

Y el tema judicial no es lo único. Después del paso de Kiko Gómez, La Guajira no ha podido tener un gobierno estable. Con su captura en 2013 fue necesario convocar a elecciones para terminar el periodo. Ganó José María Ballesteros, hijo del dos veces gobernador Jorge Ballesteros Bernier, una de las familias hegemónicas de la región. Luego lo hizo Oneida Pinto, quien apenas estuvo seis meses en el cargo pues el Consejo de Estado tumbó su nombramiento. Finalmente, los dos grupos políticos tradicionales, que históricamente se habían enfrentado (los primos Jorge Ballesteros Bernier y Jorge Pérez Bernier) se unieron para enfrentar al candidato de Kiko Gómez y Oneida Pinto. Así, el actual gobernador es Wilmer González, exalcalde de Uribia.

La condena contra Kiko Gómez seguramente servirá de escarmiento a los partidos políticos al momento de otorgar avales, pero también se convertirá en un precedente único para evitar que se presenten casos como este.