Judicial
Kiko Gómez, exgobernador de La Guajira condenado, fue trasladado a la cárcel de Barranquilla por supuestos problemas de salud
El exmandatario departamental se encontraba en la cárcel La Picota de Bogotá pagando una pena de 55 años de carcel. Víctimas reclaman que nunca fueron notificadas por parte del Inpec.
El exgobernador de La Guajira, Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar fue trasladado en las últimas horas a la cárcel El Bosque, en Barranquilla, por presuntos problemas de salud. Bajo un complejo operativo de seguridad, el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) realizó el traslado desde la cárcel La Picota, en Bogotá, donde se encontraba desde hace nueve años.
Gómez Cerchar se encuentra cumpliendo una condena de 55 años de prisión por su participación en el asesinato de la exalcaldesa de Barrancas (La Guajira), Yandra Brito; su esposo, Herny Ustáriz y el conductor de la familia, Wilfredo Fonseca.. En este caso se determinó que el exmandatario era el determinador de este triple homicidio, dándole órdenes directas a la banda criminal de Marquitos Figueroa.
El exmandatario fue sentenciado por su responsabilidad en los delitos de homicidio consumado y tentado, agravados, en concurso homogéneo con tráfico, fabricación y porte de armas, municiones o explosivos de uso privativo de las fuerzas armadas, agravado, y porte fabricación y tráfico de armas de juego, parte o municiones.
En su contra existe otra condena de 40 años de cárcel por haber ordenado el el asesinato del concejal Luis López Peralta-registrado en febrero de 1997- y Luis Rodríguez y Roa Cabrera, en julio del 2000. Estos crímenes también fueron ejecutados por la banda de Marquitos.
Las víctimas del proceso aseguraron que nunca fueron informadas por parte del Inpec de este traslado, reclamando que en diferentes oportunidades Kiko Gómez había presentado excusas médicas para lograr permisos.
Reclamaron además que en diferentes oportunidades el exmandatario ha buscado diferentes beneficios judiciales manifestado que presenta problemas de salud pero jamás ha enviado la documentación pertinente.
Frente a esto, Diana López, hija del concejal Luis López Peralta, cuestionó el hecho que el Inpec no cuente con toda la documentación para ordenar el respectivo traslado de Kiko Gómez. El hecho que se haya manifestado que cuenta con arraigo representa una “mayor peligrosidad pues casi todas sus víctimas han sido del Caribe”.
Igualmente, señaló que las investigaciones que tenía pendiente por un centenar de crímenes, amenazas, extorsiones y vínculos con grupos armados ilegales en el norte del país se estancaron y, hasta la fecha, poco o nada se ha avanzado pese a todas las pruebas documentales y testimoniales.
Incluso, varias de las víctimas fueron amenazadas y fueron obligadas a salir del departamento e incluso del país, por lo que se manifiesta que el exgobernador todavía da órdenes desde la cárcel y tiene vínculos con grupos armados ilegales.
La fiesta de Fin de Año
En enero de 2022, el exgobernador de La Guajira fue noticia cuando se conocieron varias fotos y videos de su celebración de Fin de Año en la cárcel La Picota. Gómez celebraba con una botella de whisky mientras recibía, por celular, una parranda vallenata de Poncho Zuleta, quien le deseaba todos los éxitos.
Esto generó que el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) le abriera un proceso disciplinario. En un escueto comunicado de prensa publicado por el Instituto se manifestó el 4 de enero de 2022 que podría tener restricción de visitas hasta por un año, así como un antecedente que le afectaría tanto en la redención de pena por trabajo, estudio o enseñanza.
Gómez, quien se encuentra privado de su libertad desde octubre de 2013, ha protagonizado varios actos de indisciplina dentro de la cárcel. En el año 2015, los dragoneantes del Inpec le encontraron ocho botellas de licor y varios equipos de comunicación y tecnológicos dentro de su celda.
Cinco años después, el exgobernador fue reseñado en el marco de una investigación contra tres funcionarios del Inpec por el ingreso de bebidas alcohólicas y otros elementos a la cárcel La Picota. Los guardianes, según la Fiscalía, cobraban altas sumas de dinero por ingresar estos objetos prohibidos.