Nación

Kiko Gómez recibe nueva oportunidad en la JEP, su expediente será revisado

El exgobernador de La Guajira habría hecho parte activa de los grupos paramilitares en la región.

12 de abril de 2022
'Kiko' Gómez en La Picota

El proceso contra el exgobernador de La Guajira Francisco Javier ‘Kiko’ Gómez será nuevamente revisado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Así lo determinó la Sección de Apelación que revocó el fallo emitido el 14 de agosto del 2020, por medio del cual rechazó su sometimiento a esa justicia especial.

Gómez, quien actualmente cumple dos condenas por haber ordenado los homicidios de sus enemigos políticos en La Guajira, había presentado su sometimiento a la JEP como protagonista en el conflicto armado interno. Sin embargo, en ese momento, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas aseguró que no se habían allegado elementos que permitieran concluir esa relación. Es decir, no colaboró de forma adecuada, no dijo la verdad ni aportó información suficiente para hacerse beneficiario de la amnistía que le otorga la JEP.

La Sección de Apelaciones ordenó revisar los nexos de Kiko Gómez con los grupos paramilitares entre los años de 1997 y 2006. Esto, expandiendo los plazos que se habían fijado en la petición de sometimiento del exgobernador. En el debate jurídico se indicó que el dirigente político guajiro tendría la condición como tercero colaborador y financiador de los grupos paramilitares en la región.

“En el fallo de 33 páginas dispondrá que la Sala continúe con el trámite previo a resolver dicho beneficio, ahora respecto de la totalidad del tiempo en que sostuvo vínculos con las Autodefensas. Debe reiterarse que el solicitante tendrá que aportar verdad plena sobre todo lo que conoce en relación con el conflicto”.

Igualmente, se señala que el caso del exgobernador podría estar ligado a otros asesinatos que se presentaron en el año 2000 y los cuales fueron ejecutados por la banda criminal que comandaba Marcos de Jesús Figueroa, más conocido como ‘Marquitos,’ y grupos paramilitares, todos asociados con el condenado exgobernador de La Guajira. Entre estos se encuentran los crímenes de Rosa Mercedes Cabrera y Luis Alejandro Rodríguez, registrados el 7 de julio del 2000.

“Está probado que en los hechos participaron personas que integraban tanto la banda criminal de ‘Marquitos Figueroa’ como las AUC, que el móvil fue la supuesta presencia de un guerrillero en el predio donde estaban las víctimas y que la orden fue impartida por el señor Gómez Cerchar”, resalta el fallo al citar varios testimonios y pruebas contra el exmandatario departamental.

Las dos condenas contra Kiko

En el extenso estudio del caso, la Sección de Apelación no aceptó el sometimiento de Gómez en los casos por los que fue condenado por la justicia ordinaria y que lo tienen actualmente privado de su libertad en la cárcel. Estos son el crimen de la exalcaldesa de la Barrancas, Yandra Brito; su esposo, Henry Ustariz, y el escolta, Wilfrido Fonseca, en hechos registrados en el 2012. En el fallo se determinó que Gómez Cerchar había dado la orden de asesinarlos porque Brito no había cumplido con el pacto político para la entrega de contratos y secretarias en la Alcaldía. Por esto fue sentenciado a 55 años de prisión.

Igualmente, tampoco se evaluará el homicidio del exconcejal Luis Gregorio López Peralta, puesto que este crimen habría tenido motivaciones políticas relacionadas con las denuncias de corrupción que hizo el cabildante en contra de ‘Kiko’ Gómez y su grupo político. Por esto se determinó que es un asunto ajeno al conflicto.

También quedó por fuera del nuevo estudio de sometimiento los vínculos del exgobernador con la banda delincuencial de ‘Marquitos Figueroa’, quien ya fue condenado por varios de los hechos en los que está implicado Gómez Cerchar.

En enero del presente año, el exgobernador de La Guajira fue noticia después que se comprobara que había celebrado una fiesta de Fin de Año en su celda de la cárcel La Picota con licor y parranda vallenata. Por esto, perdió varios de los beneficios que se le habían concedido por parte del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec).