"Mi papá fue asesinado hace 20 años por Kiko Gómez"

El 22 de febrero de 1997 fue el día que el entonces alcalde de Barrancas, La Guajira, Juan Francisco Kiko Gómez, escogió para matar a mi papá, Luis López Peralta, el concejal del pueblo. Ya han pasado 20 años de otra muerte que se hundió en el silencio y la justicia lo olvidó. Solamente quedan el dolor insuperable y la impotencia que se acrecientan en cada aniversario.

A principios de 2013 –con una demora de 16 años–, la Fiscalía General se dio a la tarea de investigar el asesinato con base en una denuncia que hizo el periodista Gonzalo Guillén, pues en la región nunca avanzaron las investigaciones. La Fiscalía tardó 16 años para detener a Kiko Gómez; lo hizo cuando ya era gobernador de La Guajira. Cayó preso mientras bebía güisqui en una parranda. Los cargos fueron el crimen de mi papá, el de dos campesinos y concierto para delinquir con los escuadrones de la muerte de Marcos Figueroa y las Autodefensas Unidas de Colombia.

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La Fiscalía actuó cuando unos testigos ya estaban muertos físicamente, y los demás, muertos de susto. Lo mismo ocurrió en el caso de Yandra Brito, exalcaldesa de Barrancas, asesinada en 2012, también por Kiko Gómez, hecho por el cual acaba de ser condenado a 55 años de prisión. Antes de morir, Brito –desesperada– advirtió que había ordenado la muerte de ella, la de su esposo (Henry Ustáriz) y la de mi papá. Cumplió sus propósitos en los tres casos.

Yandra Brito, días antes de ser abatida por sicarios en Valledupar, denunció que Kiko Gómez le había dicho: “que si no cerraba la boca, le pasaría lo mismo”. Y le pasó.

Vale decir que Kiko Gómez está denunciado por al menos 131 homicidios, de acuerdo con investigaciones, publicaciones y denuncias judiciales del periodista Gonzalo Guillén.

Con 17 años de atraso, en 2014 Kiko Gómez fue llevado a juicio en el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá. Todo el proceso –cundido de dilaciones y marrullas–  terminó hace exactamente 10 meses, el 22 de abril de 2016. Y ahí quedó. El juzgado no emitió sentencia alguna, ni ha informado siquiera si su decisión será condenatoria o absolutoria. Esto, a pesar de que el Código de Procedimiento Penal de 2000, en su inciso segundo del artículo 410, dispone que “finalizada la práctica de pruebas y la intervención de los sujetos procesales en audiencia, el juez decidirá dentro de los 15 días siguientes”.

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En la respuesta a un derecho de petición presentado el pasado octubre por el periodista Guillén, la juez dijo que “es humanamente imposible dictar en el término establecido en la ley, por cuanto se trata de una actuación de gran complejidad que consta de más de 6.500 folios y alrededor de 60 horas de grabación; aunado a lo anterior, este despacho también tramita acciones de tutela y habeas corpus, que tienen prelación sobre cualquier otro asunto, además tiene una carga alta de procesos regidos por la Ley 906 de 2004”.

El mismo año del crimen, Kiko Gómez recibió el premio “Orden a la Democracia Simón Bolívar” como “mejor alcalde del país”, otorgado por la Cámara de Representantes. Desde entonces, no dejó de recibir “distinciones” de ese tipo, entre ellas un título honoris causa de la Universidad de La Guajira.

Mi papá fue asesinado cuando yo tenía 10 años de edad. He librado muchas luchas, principalmente de conciencia, porque vengo de una cultura donde todo se permite y lo normal es “ser prudente”. En una tierra asediada por la impunidad, lo malo es defender mis derechos.

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En La Guajira se cuentan por miles las víctimas apabulladas e inducidas a ensalzar a los asesinos. Allí se mira mal a quien denuncia al asesino y no a quien asesina.

A pesar de que recibí presiones muy fuertes para que desistiera del juicio, me he mantenido firme. Ya decía el expresidente de Italia, Alessandro Pertini: “A veces en la vida hay que saber luchar no sólo sin miedo, sino también sin esperanza”.

En la misma clínica donde yo nací, murió desangrado mi papá, Luis López Peralta, circunstancias que ya he relatado en la crónica “A mi papá lo mataron dos veces”.

Durante el juicio, el gran abogado penalista Carlos Toro López, quien me ha representado gratuitamente, logró tumbar la teoría según la cual Kiko Gómez decía ser víctima de una confabulación política.

La Fiscalía demostró que hubo un incendio en la Oficina Jurídica de la Alcaldía, del cual fue testigo mi padre. Por el hecho, iba a denunciar a Kiko Gómez, a quien señaló de haberlo causado para borrar evidencias de sus contrataciones corruptas. En las audiencias también se logró demostrar que hubo fuertes contradicciones entre Kiko Gómez y mi papá, quien iba a postular su nombre a la alcaldía.

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La defensa solamente argumentó que nadie en el juicio señaló directamente a Kiko Gómez por la muerte de mi papá. Al respecto, muchos testigos expresaron en el juicio temor e inseguridad, sentimientos que fueron palmarios; otros, a pesar de no manifestarlo, “lo dejaron ver en su actitud y forma de declarar, así como con sus respuestas calculadas para no comprometerse, pese al evidente conocimiento de los hechos, bien por haberlos presenciado, o por vivir en las comunidades en las que han ocurrido esos crímenes”, declaró en los alegatos finales el fiscal del caso, Julio Ospino.

Varios testigos nunca aparecieron a pesar de las reiteradas citaciones de la Policía Judicial, otros fueron conducidos, como un temeroso tío mío que en el proceso se negó a declarar con el argumento de que “si lo hacía sería hombre muerto”.

Otros aparecieron a última hora y cambiaron sus versiones. Sucedió con la secretaria de mi papá, Osiris García Brito, quien, llena de miedo, para favorecer a Kiko Gómez, contradijo la versión que había dado a la Policía en 1997. 

Varios paramilitares también se negaron a declarar en este proceso y manifestaron terror.

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Jesús Albeiro Guisao, alias “Brayan”, fue uno de los sicarios que mató a mi papá, de acuerdo con la Fiscalía. El otro sicario, apodado “Carevieja”, fue asesinado. Brayan declaró en versiones libres de Justicia y Paz en 2010 que en el departamento de La Guajira “fue recibido por Kiko Gómez” cuando era el alcalde de Barrancas, concretamente en enero de 1997. Allí resaltó que “se hicieron varias cosas, hubo varios muertos”. Contó la sevicia con que mató a decenas de personas. A una de ellas, -dijo- le sacó los ojos y el corazón.

Luego, cuando fue llamado a declarar en juicio cambió misteriosamente esa versión para encubrir a Gómez. Allí dijo que solo lo conocía por noticias de televisión. En consecuencia, por incumplir con los compromisos de verdad adquiridos en su desmovilización, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, lo excluyó de Justicia y Paz en octubre pasado.

También hubo un testigo que fue aportante de la campaña a la gobernación de Kiko Gómez, así como el coronel Juan Carlos Vargas Carvajal, que nunca recordó que hubiera operaciones de los paramilitares en aquella época.

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En el juicio, quedó también demostrada la evidente participación de Kiko Gómez en la conformación de los escuadrones de la muerte. Arnulfo Sánchez González, alias Pablo, en declaración rendida para el juicio, habló de la importancia de Kiko Gómez en la organización del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia.

“Kiko Gómez es una persona muy importante para el grupo de autodefensas; ningún grupo ingresa a una zona sin tener un apoyo, una coordinación. Empezamos en el sur de La Guajira porque Kiko Gómez nos brindó apoyo”. Según su testimonio, el grupo se ubicó en la finca La Curva, de propiedad de Kiko Gómez.

La estrategia que quisieron imponer la defensa y sus testigos fue desbaratada en los alegatos del juicio, así como la hipótesis absurda de que a mi papá lo habían matado las FARC.

Tras una investigación interna de varios meses certificaron que ellos no habían sido. Los mismos guerrilleros del frente 59 de ese grupo rebelde que operaba en el sur de La Guajira me dijeron personalmente en octubre pasado que no tuvieron nada que ver con el homicidio de mi papá.

Es de recalcar que el fiscal de San Juan del Cesar, Rodrigo Daza Bermúdez, engavetó la investigación tan pronto llegó a su despacho. Para la fiscalía “el archivo de las diligencias, contra todo pronóstico probatorio, fue la constante en la casi totalidad de investigaciones adelantadas contra estas personas por los funcionarios judiciales de La Guajira”.

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Kiko Gómez se encuentra en la cárcel La Picota, de Bogotá, de donde ha tratado de huir mediante un recurso de Habeas Corpus que le concedió un juez de Barranquilla al que sobornó y que ahora está preso. También, ha alegado “enfermedades” que le han “diagnosticado” médicos a los que la justicia no les ha creído y, por el contrario, ha encausado.

A diferencia de Estados Unidos, en Colombia la acumulación de la pena no es aritmética, sino jurídica. La pena máxima es de 60 años, independiente de si un asesino mató a diez o a 131 personas.

La Ley colombiana determina que si un crimen no se investiga en 20 años, la investigación prescribe. Pero en este corazón de dolor creciente, jamás prescribirá el crimen de mi padre.

Twitter: @dianalzuleta