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“A diseñar una renta básica”: José Antonio Ocampo, economista
“Es necesario contar con políticas específicas de apoyo a las empresas, que deben incluir a las de sectores estratégicos (como el transporte aéreo y los sistemas de transporte masivo), pero especialmente a las pequeñas empresas”.
Por José Antonio Ocampo, economista.
La agenda de reactivación económica debe ser integral y ambiciosa. Debe contribuir, en particular, a superar tres problemas básicos que ha generado la crisis: la reducción de los ingresos de los hogares pobres y vulnerables, el colapso del empleo y la fuerte caída de las exportaciones petroleras. Las acciones en estos campos tienen que estar complementadas con mecanismos de apoyo a las empresas, especialmente las pequeñas, y un complejo saneamiento fiscal.
Sobre el primero de estos temas, la combinación de familias en acción e ingreso solidario ha apoyado a un conjunto amplio de hogares pobres y vulnerables. Los datos oficiales de pobreza tardarán en conocerse, pero las proyecciones que existen indican que retrocederemos una década en este campo. Sin embargo, los montos de los apoyos a estos hogares son muy reducidos. La mejor solución es el diseño de un sistema de renta básica para hogares pobres y vulnerables de mayor tamaño, en torno a los 500.000 pesos por hogar mientras dure la crisis.
Si bien la recesión del país es fuerte, no es de las peores de América Latina, pero el colapso del empleo sí lo es: una pérdida de más de cuatro millones de puestos de trabajo y una tasa de desempleo nacional del 20 por ciento. La reactivación generará empleos, como lo demuestra que la pérdida de empleos en junio y julio es menor que en abril. Pero se necesitan otras acciones: programas de empleo de emergencia, especialmente para las mujeres, que se realicen en conjunto con los gobiernos municipales, inversión en infraestructura que contribuya tanto al empleo como a la reactivación, y el subsidio a la creación de empleo al cual me refiero más adelante.
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La caída de los ingresos petroleros es otro impacto dramático de la crisis. No se ha reflejado en un deterioro de la balanza de pagos, porque las importaciones también han colapsado. Sin embargo, cuando se reactiven las importaciones, el deterioro de la cuenta corriente de la balanza de pagos, que ya era alto antes de la crisis, puede frenar la reactivación. Por ese motivo, la promoción de exportaciones no mineras debe ser una tercera área de atención prioritaria del gobierno. La estrategia exportadora ambiciosa que se requiere debe estar articulada, además, con una amplia política de desarrollo productivo y con un salto en materia de inversión en ciencia y tecnología.
Para apoyar la reactivación del empleo y de la actividad productiva necesitamos tener un sector empresarial que contribuya a esos resultados. Es necesario contar, por lo tanto, con políticas específicas de apoyo a las empresas, que deben incluir a las de sectores estratégicos (como el transporte aéreo y los sistemas de transporte masivo), pero especialmente a las pequeñas empresas. En este campo se podría extender el subsidio al empleo, orientado ahora a nuevos puestos de trabajo, pero también una política de crédito, de apoyo a la capitalización de las empresas y la plena ejecución del programa de garantías crediticias. Una alternativa es otorgar el subsidio a la creación de empleo a través de créditos parcialmente no reembolsables y promover a través de nuestros bancos de desarrollo fondos de capital, que inviertan incluso en empresas pequeñas.
Por último, la situación fiscal debe ser objeto de atención especial, ya que la deuda pública se elevará a los niveles más altos de la historia. Las necesidades de gasto público asociadas a los temas mencionados previamente indican que el ajuste fiscal debe hacerse por la vía tributaria. Por eso se deben postergar o eliminar los beneficios tributarios otorgados el año pasado, crear algunos impuestos de emergencia (a las utilidades de empresas que se han beneficiado con la crisis, a salarios altos y a transacciones digitales) y, especialmente, abocarse a una reforma tributaria estructural en 2021. Esta última debe eliminar o reducir significativamente los beneficios tributarios del impuesto de renta, algunos del IVA y a restablecer un impuesto al patrimonio de mayor alcance.