La alarmante situación de hacinamiento en estación de Policía de Riohacha

Hasta el departamento de La Guajira llegó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, para constatar la crítica situación que viven las personas privadas de la libertad en una estación de Policía en la ciudad de Riohacha en ese departamento.

Según los reportes de las autoridades, la estación conocida como ‘La 19′ sería la más hacinada de Colombia y en ella hay reclusos con diferentes enfermedades.

Por lo anterior, para el defensor del Pueblo y luego de haber hecho la visita y el recorrido por las instalaciones, hay una alarmante situación de derechos humanos de las personas privadas de la libertad en ese lugar.

“Este departamento cuenta con 17 estaciones de policía que registran un hacinamiento promedio del 233 %. Sin embargo, en la Estación de Policía ‘La 19′ de Riohacha nos encontramos con la situación humanitaria más grave, no solo de La Guajira sino de todo el país, con un hacinamiento que llega al 2.000 % en esta estación”, dijo el defensor del Pueblo.

Algunos de los reclusos que permitieron que fueran grabados sus testimonios contaron que “ni siquiera pueden caminar dentro del lugar, hay personas con procesos quirúrgicos sin terminar, invidentes y adultos mayores”.

“Es infrahumana la situación en la que se encuentran las personas privadas de la libertad en la estación de Policía de Riohacha. Desde la Defensoría dispondremos de un equipo especial de Defensores Públicos y les solicitamos a las autoridades judiciales un plan de descongestión humanitaria para resolver la situación jurídica de los detenidos. Valdría la pena otorgar libertades controladas inmediatas en el marco de lo establecido en nuestra normatividad y garantizando la integridad y el debido proceso”, aseguró el defensor del Pueblo.

Los reclusos en esa estación hacen sus necesidades en cajas de icopor y botellas de plástico, duermen en hamacas amarradas a los techos y muchos de ellos aseguraron tener tuberculosis. Por lo que el defensor le solicitó a las autoridades locales trabajar de manera articulada con las autoridades nacionales, particularmente el Ministerio de Justicia, para solucionar esta crisis y dijo que urge adelantar una jornada de salud, ante las alertas por un posible brote de tuberculosis entre otras enfermedades, y proveer de baterías sanitarias para que los privados de la libertad puedan hacer sus necesidades fisiológicas.

“Reiteramos que el cierre de los establecimientos de reclusión a cargo del Inpec por la propagación del covid-19 conllevó a que la problemática histórica del hacinamiento, que durante décadas había soportado el sistema penitenciario y carcelario, se trasladara a las estaciones de Policía y las URI del país”, dijo Camargo.

Los centros de detención transitoria están diseñados, tanto legal como logística y administrativamente, para alojamiento y custodia de las personas privadas de la libertad de manera temporal, con un máximo de reclusión de 36 horas, por orden de la autoridad judicial competente, mientras se define su situación jurídica. Sin embargo, en las estaciones de policía de La Guajira, la Defensoría ha encontrado personas sindicadas que permanece detenidas por más de 2 años.

Finalmente, el defensor del pueblo manifestó su preocupación porque las unidades policiales deben ser separadas de la seguridad ciudadana para dedicarse a la custodia de las personas privadas de la libertad. Aseguró que es una situación que se escapa de sus funciones institucionales y que debe ser solucionada de manera urgente.