La apuesta del Congreso para que funcionarios participen en política: ¿por qué es inconveniente?

Actualmente en Colombia un funcionario público no puede participar en política ni hacer parte de campañas o pertenecer a un partido. Todo esto con el fin de garantizar la independencia de sus funciones y evitar la politización del Estado.

En la Constitución de 1991, en el artículo 127, se estableció: “A los empleados del Estado que se desempeñen en la rama judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio”.

En el Congreso para esta legislatura fue radicado un proyecto de ley que comenzará su trámite en las próximas semanas y que hasta ahora ha pasado desapercibido. Este busca modificar el artículo de la Constitución para que se establezca que todos los funcionarios del Estado y servidores públicos puedan participar libremente en política. Sus autores son los representantes Juan Diego Echavarría y Julián Bedoya, ambos del Partido Liberal.

Para muchos esto puede llegar a ser contraproducente porque habilitaría a que funcionarios que deben mantener su independencia puedan perderla y terminar favoreciendo algún interés político por medio de la entidad o el cargo que ostente.

Así mismo, consideran que regular la participación política de los funcionarios podría dar pie para que se presenten más actos de corrupción dentro de las entidades del Estado, hechos que ya se evidencian y en general quedan impunes. Igualmente, su aprobación se daría precisamente en una época prelectoral y esto podría llegar a influir en gran medida en los próximos comicios de 2022.

La semana pasada hubo en el Congreso una audiencia pública para discutir el tema. Allí intervinieron funcionarios del Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo, la Misión de Observación electoral (MOE), entre otros.

En general todos dijeron que como está planteado el proyecto puede ser contraproducente y que por lo tanto necesita grandes ajustes para realmente hacerlo efectivo.

Santiago Mendoza, en representación de Seamos, una agrupación de investigación política, dijo que le preocupa la impunidad que se pueda presentar con los funcionarios que comentan los delitos estipulados en el proyecto como dar prebendas o influir en el voto de subordinados. “No se establecen las sanciones. Existen cuerpos normativos ya sobre esto, y el reto es que se sancione realmente a quienes las incumplan”, dijo.

Para Mendoza también es importante tener en cuenta que por lo general estas prácticas se mantienen ocultas, especialmente en hechos relacionados con corrupción, por lo que el proyecto debería enfocarse en encontrar los mecanismos que permitan evidenciar estos hechos.

Mendoza dice que también les preocupa que no se establezca claramente ningún tipo de sanción ni se diferencien los niveles de los cargos. “No contempla ningún tipo de sanción, pero sobre todo no contempla las diferencias entre los distintos niveles de los puestos públicos. Se debe diferenciar rango de funcionarios”, afirmó.

Sobre este punto, Camilo Mancera, quien intervino en representación de la MOE, coincidió. “En el proyecto se hace referencia específica a unas conductas que están habilitadas frente a la participación en política de estos determinados funcionarios".

Y propone: "Lo que encontramos en la MOE es que el artículo 6 debería tener una diferenciación o un parágrafo en el que se haga un régimen especial o se establezcan unas actividades especiales donde aquellas autoridades que tienen competencia dentro del proceso electoral que hacen parte de la rama ejecutiva, tengan mayor restricción”.

Así mismo, puso el ejemplo de que un ministro llegue a hacer parte de una campaña en el ejercicio de sus funciones y que esto claramente politizaría la entidad e influenciaría a los funcionarios. Además, se debería aclarar el uso de los recursos y otras condiciones que hacen improcedente la reforma como se plantea.

Otro punto importante en la discusión es el uso de las redes sociales. Actualmente estas herramientas son fundamentales para cualquier campaña. Desde el Ministerio del Interior se pidió que establezca claramente que no se podrán usar las redes sociales institucionales para favorecer a algún candidato o movimiento.

La representante del Ministerio también referenció la plataforma Uriel, en la cual la ciudadanía interpone quejas sobre los procesos electorales y dijo que una de las denuncias más constantes es con relación a participación política de funcionarios en campañas. “Hay que dejar claridad de cómo se deben utilizar los recursos públicos entre otros elementos institucionales para hacer campaña”, aseguró Hilda Gutiérrez.

En el debate también alcanzaron a intervenir algunos congresistas, entre ellos el representante César Lorduy de Cambio Radical quien agradeció los aportes de los participantes pero comentó que se debe regular.

“Es un proyecto sincero porque se está proponiendo que se legalice lo que ya se hace” comentó. Y dijo que se deben realizar ajustes correspondientes para que se restrinja a los funcionarios que realmente sí necesitan esas restricciones. Por ejemplo, Lorduy no cree que deban tener participación política los funcionarios de organismos de control o de justicia.

"Surge la idea, se abre el debate y la invitación es a que nos sinceremos. Hemos tenido la conducta de no mencionar algunas cosas como si no existieran o nos hacemos los locos o actuamos con algún nivel de hipocresía. Es hipócrita negar que la participación política se ejerce por parte de funcionarios públicos, por lo menos no de manera abierta, pero sí se ejerce, todo el mundo lo sabe” afirmó el congresista.

Hasta ahora empieza el debate que necesitará de dos debates tanto en Cámara como en Senado para ser aprobado. La mayoría coinciden en que se requiere una medida de este tipo, sin embargo, casi todos también concuerdan que como está redactado sería contraproducente aprobarlo y una ventana para la impunidad y la corrupción.