La batalla por conseguir 12 millones de votos para la consulta anticorrupción

La consulta anticorrupción tendrá su cita el próximo domingo. Para la organización electoral significa una tarea tan dispendiosa y compleja como cualquier otra elección nacional en todos los municipios del país y en los consulados del exterior. Después de la consulta liberal en noviembre pasado, de la escogencia de un nuevo Congreso el 11 de marzo, de dos consultas interpartidistas en las que triunfaron Iván Duque y Gustavo Petro y de las dos vueltas presidenciales el 27 de mayo y el 17 de junio, a esta jornada no la rodean la expectativa e interés de las anteriores.

La falta de ambiente electoral se debe a la falta de costumbre –los años electorales suelen terminar con la elección del nuevo jefe del Estado– y de divulgación: los medios periodísticos se entregaron con todo a cubrir las campañas ya realizadas y ahora tienen la mira fija en los célebres 100 días de la nueva administración. El entorno no es favorable para la consulta, pues para quedar aprobada se requiere no solo que haya mayoría por el Sí en las siete preguntas, sino superar un umbral de 12 millones de votos. Si bien en las últimas dos citas a elecciones presidenciables acudieron 20 millones, esa cifra es alta porque esta vez se lleva a cabo en un domingo cualquiera en el que no están en juego los intereses de los partidos, ni de los líderes políticos, ni de quién va a gobernar al país. Estarán a prueba el deber ciudadano, el rechazo a la corrupción y la espontaneidad y libertad a la hora de votar.

El tema de la consulta no podría ser más relevante. La corrupción apareció siempre en las encuestas de la última campaña entre los primeros lugares de las listas que más preocupan a los votantes. Precisamente esta semana el rector de la Universidad Externado de Colombia, Juan Carlos Henao, hizo público un amplio estudio que demuestra que la corrupción es un problema sistémico y generalizado, y no exclusivo de alguna región o sector. Los propios resultados de las elecciones pasadas demostraron que los votantes quieren modificar prácticas políticas asociadas con la corrupción, en especial en una segunda vuelta presidencial entre candidatos provenientes de los dos sectores opositores. No en vano el país se ha sacudido en los últimos años por escándalos de la dimensión del de Odebrecht y el del cartel de la toga en la Justicia, para no hablar de otros anteriores como el de la contratación de obras públicas en Bogotá o los elefantes blancos a lo largo y ancho del país.

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Los líderes de la consulta –la Alianza Verde, el Polo, Colombia Humana y más de 35 comités promotores en el país– más 4 millones de personas que firmaron para respaldar la convocatoria tienen buenas razones para defender una noble causa. El Congreso no ha querido aprobar medidas necesarias, y peor aún, ha estado vinculado a varios de los casos de corrupción que han sacudido al país. Después del proceso 8000 y de la parapolítica, por cuenta de los sobornos de Odebrecht están presos tres senadores y en los últimos años los debates en el Capitolio estuvieron contaminados de favores y dádivas –puestos y contratos– sin los cuales el trabajo parlamentario simplemente no andaba. Dejar en manos de ese mismo Poder Legislativo las reformas que necesitan sus propias costumbres –y que ponen en peligro sus beneficios– equivale, en la práctica, a dejar todo como está. Así lo ha demostrado la experiencia reciente: el Congreso no tiene capacidad para autorreformarse. La fórmula de entregarles estas decisiones a los ciudadanos coincide con los objetivos buscados cuando se aprobaron los instrumentos de participación de los ciudadanos. Ya lo había dicho en 1998 Fabio Valencia Cossio como presidente del Congreso: “O cambiamos o nos cambian”. Y no ha pasado mucho. Por eso el poder ciudadano es el instrumento más legítimo para dar esa lucha contra la corrupción.

Sin embargo, el proceso de la consulta también tiene obstáculos por superar. Las siete preguntas del formulario –que los votantes marcarán de forma separada– no necesariamente constituyen un estatuto anticorrupción coherente. Algunos de los puntos –como la disminución del salario de los congresistas– responden más a criterios de equidad que de eficacia en la lucha contra la corrupción. De hecho, expertos en el tema consideran que una alta remuneración de los funcionarios desincentiva la búsqueda indebida de recursos mediante prácticas corruptas. Se entiende que ese punto es más un gancho para que la gente salga a votar que una herramienta efectiva contra el serrucho. Otro punto, el límite en el número de periodos de los congresistas tampoco tiene relación directa con el objeto de la consulta. Puede ayudar a la renovación de la política, sin duda, pero hay ejemplos –en Colombia y en el mundo– de parlamentarios con muchos años de desempeño en sus curules sin que hayan jamás incurrido en un acto de corrupción y, por el contrario, de otros que solo necesitan un periodo para darle un zarpazo al erario.

El proceso de convocatoria de la consulta comenzó con la recolección de 4 millones de firmas, la aprobación en el Congreso y, más recientemente, la campaña. 

Otros puntos ya existen en normas vigentes o se pueden llevar a la práctica con ellas. Como, por ejemplo, la obligación de los funcionarios de presentar sus declaraciones de renta; o la rendición de cuentas periódicas y públicas; o la contratación mediante pliegos únicos en las licitaciones; o que no haya casa por cárcel para los funcionarios corruptos. Y otros más, como los presupuestos elaborados con participación ciudadana, han sido objeto de complejos debates, pues tienen aspectos positivos y otros de dudosa conveniencia.

La consulta anticorrupción, además, quedó mal agendada. La habían propuesto para la época de campaña y por esa razón algunas fuerzas políticas buscaron aplazarla por el temor de que podría impulsar electoralmente a sus promotores, en especial a la Alianza Verde. El Centro Democrático, por ejemplo, que logró postergar la fecha y ahora, ad portas de la jornada, está dividido: mientras el presidente Iván Duque la apoya, el expresidente Álvaro Uribe se opone. Más allá de la importancia y necesidad del tema, la época no es la más propicia para que la gente salga a votar masivamente. Y muchos críticos han lamentado su costo: 300.000 millones de pesos, siete veces más que la cuestionada consulta liberal de noviembre pasado.

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Los promotores más visibles –como la exsenadora Claudia López y los senadores Antonio Navarro y Angélica Lozano– han hecho un gran y muy meritorio esfuerzo para responder todas las inquietudes. Bajo el lema de “Siete veces sí”, consideran que cada punto tiene efectos directos contra prácticas generalizadas que favorecen la corrupción y que, en su conjunto, su victoria enviaría un sólido mensaje de rechazo ciudadano a ese fenómeno. Este último es su argumento más sólido. Una votación masiva se convertiría en una presión necesaria para el Congreso, el gobierno y la administración de justicia, en el sentido de que el sentimiento ciudadano se caracteriza por “cero tolerancia” frente a la corrupción. Ese sería el logro más importante de un triunfo del “Siete veces sí”.