LA BATALLA DEL GLIFOSATO

EL CORONEL LEONARDO GALLEGO ES UN hombre curtido en la guerra. En más de una oportunidad se ha cruzado con la muerte, pues en el curso de su nada tranquila carrera en la Policía ha sobrevivido a cinco atentados contra su vida, aparte de haber tenido a cargo operativos tan decisivos como el que el 15 de diciembre de 1989 terminó con la vida de Gonzalo Rodríguez Gacha. También dirigió, en 1989 las operaciones Apocalipsis I y II y el cerco de Cocorná, en el Magdalena Medio, cuando las autoridades estuvieron a punto de atrapar a Pablo Escobar y su helicóptero fue alcanzado por balas disparadas al parecer por el propio capo.
Pero aun así el actual director de antinarcóticos nunca había estado tan cerca de morir como la semana pasada, en el marco de los episodios de movilización campesina y narcoguerrillera en el departamento del Guaviare, los cuales se iniciaron a mediados de noviembre y culminaron el jueves pasado con un acuerdo entre los cultivadores de coca y el gobierno. El lunes 12 a las nueve de la mañana fue emboscado por un grupo de subversivos en el municipio de Miraflores, al sur del departamento, cuando realizaba una visita de cortesía a las autoridades de la localidad y pasaba revista a , sus hombres.

"Ese día a mi coronel no le tocaba morir", relató unas horas después uno de los agentes que combatió a su lado. Mientras de las selvas que rodean el lugar los guerrilleros disparaban intensas ráfagas, Gallego y sus hombres se atrincheraron e iniciaron una tenaz resistencia, la cual se prolongaría por casi tres días. Tras las primeras horas de combate, 10 oficiales resultaron heridos y dos helicópteros fueron averiados. Pero lo peor estaba por venir.

En la mañana del martes el coronel Gallego y su jefe de seguridad, teniente Diego González Quintero, decidieron enfrentar al enemigo desde el aire. Para la misión cada uno utilizó un helicóptero artillado."En el momento de abordar, mi teniente González decidió cambiar de helicóptero con mi coronel Gallego. Cosas del destino, porque una hora después, en pleno combate, y cuando se le atascó la ametralladora punto 50, mi teniente recibió un balazo en plena cara", le contó a SEMANA uno de los oficiales asignados al cuartel de Miraflores.

¿Cómo fue que una visita de cortesía del jefe de antinarcóticos de la Policía a las autoridades de Miraflores terminó en una batalla campal? La razón es simple: la Policía se metió, como nunca antes en la historia de la lucha antidrogas, en las entrañas de los cultivos de coca del país, una zona al occidente de Miraflores donde, según las fotografías satelitales proporcionadas por las autoridades estadounidenses, hay 23.900 hectáreas sembradas con la hoja maldita, cerca de dos terceras partes del total de plantaciones de coca de todo el país y un 13 por ciento del total sembrado en todo el planeta, calculado en más de 190.000 hectáreas. Como le dijo a SEMANA hace pocos días el director de la Policía Nacional, general Rosso José Serrano:"EI Guaviare es un mar de coca".

Pero también es un mar de plata. Esas 23.900 hectáreas producen, en cada una de las cuatro cosechas anuales, entre 35 y 40 toneladas de base de coca, para un total de más de 150 toneladas por año. En plata blanca, esto quire decir que en el año que está por terminar en las selvas del Guaviare se ha movido la increíble cifra de 128.000 millones de pesos. "Con un negocio de esta dimensión, quien asome la cabeza para combatirlo es hombre muerto," señaló un alto oficial de la Policía Antinarcóticos.

Y eso fue precisamente lo que estuvo a punto de ocurrir el pasado 12 de diciembre con el coronel Leonardo Gallego, quien desde hace siete meses decidió meterse en la boca del lobo en esta región. Las patrullas bajo su dirección, especializadas en la lucha antidrogas, con el apoyo de una flotilla de aviones y helicópteros, han destruido gracias a las fumigaciones con glifosato, 4.657 hectáreas cultivadas con hoja de coca, algo así como la sexta parte de total sembrado en la zona.

NARCOGUERRILLA
Esta batalla hubiera resultado más sencilla si hubiera tenido que librarse solamente contra los cultivadores de coca y los cuidanderos de los laboratorios. El problema es que en el Guaviare operan tres frentes de las Farc, que desde hace tiempo ejercen una autoridad paraestatal en la región con el cobro de tarifas a la producción de hoja de coca de las plantaciones y de la cocaína de los laboratorios. "Cobran peaje por todo: por custodiar los cultivos, por dejar salir y entrar aviones, por el uso de los ríos, por el transporte de los insumos, por la vigilancia de los laboratorios, por los embarques, mejor dicho, por todo", dijo un oficial de la Policía Antinarcóticos, que tiene en su poder documentos que demuestran esta actividad de la guerrilla en el Guaviare.

La ofensiva de la Policía contra las gigantescas siembras de coca en el Guaviare, celosamente vigiladas por decenas de guerrilleros, fue sin duda el ingrediente que desencadenó los paros de Miraflores en noviembre, el de San José del Guaviare en las últimas dos semanas y numerosas movilizaciones en lo que va corrido del año. Las pruebas de la participación guerrillera en las movilizaciones son claras y tienen que ver con la detención de cabecillas de las Farc que han instigado las marchas. El primero de ellos es José Martínez Mancera, conocido por las autoridades con el alias de Edwin, a quien el Ejército identifica como uno de los líderes de la columna Antonio Nariño del primer frente de las Farc. Fue capturado cuando dirigía un retén de respaldo al paro cerca a San José del Guaviare. El otro subversivo capturado es Arley González Sánchez, alias Gildardo, detenido por el Ejército en el municipio de Calamar dos días antes de iniciarse el movimiento campesino, cuando obligaba a un grupo de habitantes de esa región a unirse a la marcha de protesta. De acuerdo con los informes del Ejército, González pertenece al frente séptimo de las Farc, que también opera en el Guaviare.

Aunque sólo en esta ocasión han aparecido pruebas tan claras de la participación guerrillera en estos movimientos, los indicios de ello vienen de tiempo atrás. "Ha sido algo matemático -le dijo a SEMANA un oficial antinarcóticos-, a cada avance nuestro, a cada nueva ofensiva hacia el corazón de este reino de la coca, la gente ha respondido con una nueva movilización, muy organizada, como suele suceder con los paros patrocinados por las Farc".

Al principio fueron protestas aisladas porque las fumigaciones con glifosato sólo afectaban las parcelas más pequeñas. Pero a medida que la fumigación se extendió hacia el occidente del departamento, donde se encuentran los grandes latifundios de la coca, las protestas fueron adquiriendo mayores dimensiones. Era la primera vez que las autoridades antinarcóticos les pisaban los callos a los grandes cultivadores de hoja de coca. "Si los dos últimos movimientos de protesta fueron masivos, fue porque las fumigaciones comenzaron a afectar el negocio", aseguró a SEMANA el coronel Gallego.

A medida que los helicópteros y las avionetas sobrevolaban los extenso cultivos de coca y sobre ellos esparcían el glifosato, los pobladores de Guaviare comenzaron a sentir paso de animal grande. El primer episodio ocurrió el 18 de noviembre en Miraflores, un pueblo que nació hace cuatro décadas alrededor de una pista de aterrizaje clandestina ubicada a orillas del río Vaupés. Sus 40 años de existencia han estado marcados por la riqueza y la violencia. En los 60 se hizo famoso por la fiebre del oro, en los 70 por la bonanza marimbera y desde los 80 por el frenesí de la coca. Miraflores es un sitio de paso entre la civilización y la selva coquera. Su polvorienta pista tiene en cada cosecha de hoja de coca más congestión que el propio aeropuerto de Eldorado, en Bogotá. Desde allí despegan 40 vuelos diarios de los vetustos DC-3 que transportan a los comerciantes, comisionistas y prostitutas que hacen parte de ese mundo donde habitan cerca de 3.500 personas. Allí, en medio de la miseria y de la inhóspita selva, estan ubicados los grandes latifundios de hoja de coca. A diferencia de hace tres años, cuando los sembrados no pasaban de un par de hectáreas de extensión, hoy las plantaciones se convirtieron en complejos que abarcan hasta las 40 hectáreas, algunos de ellos con sofisticados laboratorios de procesamiento. "Este crecimiento nos ha demostrado que Colombia dejó de ser un importador de base coca del Perú y de Bolivia, para producirla en sus propias selvas", afirmó el general Rosso José Serrano.

RAZONES DE UNA BONANZA
El crecimiento inusitado de las plantaciones de hoja de coca en el Guaviare tiene una explicación: los gobiernos de Perú y Bolivia intensificaron sus programas de erradicación de cultivos con glifosato. En el Perú las autoridades desplegaron sus operaciones sobre la región del Alto Huallaga, donde está la mayor concentración de plantaciones de coca. En ese país existen 108.800 hectáreas cultivadas, de las cuales han sido erradicadas más del 10 por ciento. En Bolivia se ha cumplido la misma tarea y los esfuerzos se han concentrado en la zona de Santa Cruz de la Sierra. En este país se calcula que están sembradas 49.600 hectáreas, de las que las fumigaciones han erradicado unas 7.000.
Con esta arremetida de los gobiernos andinos era predecible que los carteles colombianos comenzaran a buscar alternativas para no quedarse sin materia prima e incumplir sus compromisos en el mercado internacional. La suerte estuvo de parte de ellos, pues el año pasado el gobierno nacional debió concentrar sus esfuerzos en la erradicación de los sembrado de amapola- que se dispararon hasta las 20.000 hectáreas- y suspender, en parte por las protestas campesinas, las fumigaciones de los cultivos de coca con glifosato.

Fue así como los agentes antinarcóticos sólo destruyeron -a machete- 846 hectáreas de cultivo de coca durante 1993, mientras fumigaron 9.547 hectáreas sembradas de amapola. "Cuando nos dimos cuenta el problema se había salido de las manos. En la discusión bizantina sobre si era conveniente o no el uso del glifosato, los cultivadores de coca hicieron su agosto. Las plantaciones crecieron en forma alarmante y cuando decidimos ponerle coto a este asunto se nos vinieron encima", dijo a SEMANA un, vocero de la auditoría ambiental para la erradicación de cultivos ilícitos.
Y el problema no es otro que el paro de San José de Guaviare que se realizó la semana pasada. Cerca de 4.000 campesinos se tomaron el aeropuerto de esta localidad en protesta, nuevamente, por el uso del glifosato. Exigían la suspensión de las fumigaciones porque, según los voceros de los campesinos, los cultivos de maíz, yuca y plátano se habían arruinado y la gente de esa región estaba aguantando hambre. "Es una gran mentira. En esa región apenas existen 4.200 hectáreas de agricultura tradicional. Lo demás es selva y coca. Entonces es cuando uno se pregunta qué hay detrás de toda esta protesta, y surgen las respuestas obvias", indicó un alto funcionario del gobierno.

Las autoridades antinarcóticos, consideran que, en medio de todos los problemas, la fumigación ha producido muy buenos resultados y que nada demuestra esto tan a las claras como el tamaño de las movilizaciones de los últimos meses. El efecto de erradicar una quinta parte de lo sembrado en el Guaviare con el uso del glifosato ha elevado el precio del kilo de base de coca de 800.000 pesos a 1.200.000 en unos cuantos meses, "un proceso que podría conducir a volver poco competitiva la base de coca producida en esta región frente a la del Perú y Bolivia, con lo cual la actual bonanza se vendría abajo y se desestimularían las nuevas siembras", según un funcionario del Consejo Nacional de Estupefacientes.

¿QUÉ TANTO SE CEDIO?
Por esas mismas razones resulta difícil entender algunos de los aspectos del acuerdo alcanzado por el gobierno con los cultivadores de coca del Guaviare. La comisión gubernamental acogió una propuesta de los campesinos en el sentido de distinguir entre los grandes cultivos de coca -que el texto del acuerdo llama "comerc¿ales"-, y los que llama "de subsistencia", que son aquellos de menos de tres hectáreas y que, en virtud de los compromisos adquiridos por el gobierno, no seguirán siendo fumigados con glifosato.

Aquí surge la primera contradicción. Si las autoridades estaban convencidas, como se hizo evidente por las declaraciones de los oficiales antinarcóticos y del propio comandante del Ejército, general Harold Bedoya, de que la movilización no era más que una maniobra de los carteles y de la narcoguerrilla, ¿en qué momento el paro se convirtió en un acto legítimo que merecía una negociación por parte del gobierno? O mejor dicho, ¿en qué momento los supuestos jefes narcoguerrilleros de la movilización se de la movilización se convirtieron en líderes campesinos que sólo estaban defendiendo el único medio de sustento de sus familiares, tal como lo da a entender el texto del acuerdo al aceptar que no sean fumigadas sus parcelas sembradas de hoja de coca "para subsistencia"?

La verdad es que el acuerdo produjo una profunda decepción entre oficiales y agentes de la Policía Antinarcóticos, aunque ninguno de ellos lo haya dicho ni lo vaya a decir en público. "Para nosotros -le explicó a SEMANA un oficial de la Policía- el acuerdo es un baldado de agua fría, pues después de todo el sacrificio que han implicado estos meses de arriesgada penetración en estas áreas para descubrir las siembras y definir las fumigaciones, con un costo importante de vidas como la del teniente González la semana pasada, ahora resulta que lo que estábamos era perjudicando a unos pobres campesinos".

La verdad es que tanto en opinión de algunos sectores de la Policía como de la propia Fiscalía General de la Nación, la distinción entre grandes cultivos y cultivos de menos de tres hectáreas va a ser el atajo por el que todos los sembradores de coca de la zona se van a tratar de meter. Como dijo a SEMANA una fuente de la Fiscalía: "Es obvio que lo que van a hacer los grandes cultivadores, que no son otros que los grandes carteles, es dividir sus siembras en pequeñas parcelas y convertir a todos sus empleados en pobres campesinos víctimas del glifosato".

Según las mismas fuentes, eso es lo que explica que el paro de San José del Guaviare haya sido desmovilizado tan rápidamente. "¿Ustedes creen -preguntó un oficial de la Policía- que teniendo en cuenta que los grandes cultivadores estaban detrás de la marcha, ellos hubieran aceptado suspenderla y desactivar la protesta si la fórmula que se encontró no les resultase favorable? ".

El hecho es que, a pesar de que en un principio se elogió la agilidad con que se adelantaron las negociaciones entre los delegados gubernamentales y los cultivadores de coca del Guaviare, a las pocas horas surgieron las dudas y muchos se preguntaron si no se había cedido demasiado a cambio de nada o de casi nada.

Esta impresión viene a sumarse a otros casos recientes en los cuales el gobierno ha aparecido retrocediendo ante la presión de alguna fuerza social o las críticas de algún sector de opinión. El caso más reciente es el de las cooperativas de seguridad rural, audaz propuesta del ministro de Defensa, Fernando Botero, que terminó semiarchivada por una fórmula negociada entre distintos funcionarios del alto gobierno después de una andanada de críticas de importantes columnistas. Algo similar se había dado cuando algunos funcionarios de la administración propusieron suspender las elecciones regionales de octubre en municipios en los que se percibía una clara interferencia de la guerrilla, los paramilitares o el narcotráfico, y se echaron para atrás. El tema de las alcaldías revivió cuando el Ministerio de Defensa divulgó, días después de las elecciones, una lista de alcaldes supuestamente vinculados a la guerrilla y el narcotráfico que luego, ante la reacción airada de los afectados por las acusaciones, el gobierno calificó como documento preliminar falto de pruebas. Más recientemente se presentó el caso de un allanamiento llevado a cabo por el Bloque de Búsqueda en el Hotel Intercontinental de Cali en momentos en que se celebraba la primera comunión de la hija de Miguel Rodríguez Orejuela, tras el cual las autoridades presentaron excusas públicas por considerar que la represión a los carteles no podía extenderse a los familiares de los narcotraficantes.

Esta imagen reiterada de un gobierno que en los asuntos de orden público da un paso adelante y luego se devuelve, dice primero que sí y luego que no, está comenzando a ser mal percibida por algunos sectores de la opinión. Parte de ésta apreciación puede ser el fruto, ante todo, de las contradicciones internas que han protagonizado los ministros de Defensa y de Gobierno, las cuales el presidente Ernesto Samper, haciendo gala de sus dotes de mediador, ha tenido que salir a resolver interviniendo siempre entre las dos posiciones enfrentadas. La verdad es que el mandatario de los colombianos no es un hombre de confrontación sino de conciliación, algo que si bien ha reportado beneficios en delicadas negociaciones como la del Pacto Social, puede traer serios problemas en asuntos de orden público. La pregunta que persiste es si, en casos tan complejos como el del Guaviare, donde por más conciliador que sea un gobierno hay principios de autoridad y legalidad en juego, esta actitud no terminará a la larga por generar mayores problemas que los que hasta ahora y a corto plazo parece haber resuelto.-