Víctimas
La búsqueda incansable de las mujeres de la Orinoquia
Esta es la historia de Paulina Mahecha, quien 15 años después de que su hija fuera víctima de la guerra decidió, con otras mujeres, tramitar su dolor a través del arte y del trabajo colectivo.*
Paulina Mahecha, madre de la enfermera María Cristina Cobo, quien fue violada, asesinada, desmembrada y desaparecida en abril de 2004 por paramilitares, cuando se movilizaba por la vía que de San José del Guaviare conduce a Calamar, lleva más de una década buscando los restos de su hija, para darle el último adiós y acabar con la cruz de la incertidumbre que carga desde hace años.
Este calvario lo viven decenas y decenas de mujeres de los Llanos Orientales; quienes se han unido en una sola voz para clamar justicia. Son mujeres que han perdido a sus seres queridos por causa de la desaparición forzada de grupos armados ilegales como los paramilitares, el ELN y las guerrilla y que juntas emprendieron la lucha por sacar a luz la verdad, lucha que permitió que en el año 2000, en Colombia se tipificara este flagelo como un delito.
A través del arte han encontrado la manera de transmitirle al mundo su dolor, contar sus historias y denunciar los actos de los que han sido víctimas, inclusive dicen sentirse señaladas y juzgadas por la misma comunidad e instituciones, desde el momento en que se pone la denuncia, al punto de sufrir maltratos psicológicos por parte de la justicia.
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En diferentes escenarios han presentado sus obras de teatro que retratan la magnitud de la guerra en sus territorios y por medio de Las Cristinas del Conflicto, unas muñecas hechas por ellas mismas, tratan de aliviar el sufrimiento que las persigue día y noche. La elaboración de cada una se realiza con prendas que quedaron de sus familiares y mientras las cosen, hablan con ellas, las peinan y las visten con cariño, representando a ese ser querido que nunca regresó a su hogar.
Paulina, dice que en este proceso les ha tocado aprender a ser psicólogas entre ellas mismas, apoyándose las unas a las otras; abogadas por los trámites que conlleva atravesar un proceso de este tipo, con conocimiento jurídico y cartográfico; comunicadoras, para denunciar sus casos a la opinión pública; antropólogas, forenses, defensoras de derechos humanos y sobre todo hermanas para afrontar las situaciones.
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Hacen un llamado al Estado para que sea eficiente el sistema que atiende los casos, desde la toma de muestras de ADN, como el acompañamiento a las familias, la reparación y la capacitación a la población frente a las denuncias.
La Comisión de la Verdad señala que la desaparición quebranta para siempre la vida de sus familiares, sometiéndolos a una constante tortura emocional. Por eso ha venido reconociendo a estas mujeres como víctimas directas, quienes emprendieron la incansable búsqueda de sus seres queridos, además del conocimiento excepcional en formas de búsqueda, por no permitir que el país olvide a los desaparecidos y mantener viva su memoria, por su lucha contra los discursos de silencios, negación y justificatorios.
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, en Colombia han sido desparecidas 60.630 personas en los últimos 45 años, en el marco del conflicto armado y en el departamento del Meta se han registrado 4.456 casos de desaparición forzada. De acuerdo a la investigación ‘Hasta Encontrarlos‘, las afectaciones a la población se clasifican en Daños Morales que hacen referencia al damnificar el buen nombre de la víctima, impedimento de sepultura y despedida. Daños psíquicos y emocionales relacionados con el hecho de adoptar nuevas formas de vida y afectaciones físicas. Daños Socioculturales, determinados por su papel en la comunidad. Daños Materiales y perjuicios económicos, referentes a la implicación de nuevos gastos de procesos de denuncia y búsqueda. Daños Políticos, Deficiencia en la atención estatal, la impunidad y la diferencia social. Clasificada en negligencia del Estado en el cumplimiento de su deber frente a los derechos de las víctimas, la victimización secundaria y el señalamiento de la sociedad; estas tres últimas denunciadas frecuentemente por el colectivo de mujeres.
El pasado 2 de agosto en la ciudad de Villavicencio, Meta, por iniciativa de la Universidad de los Llanos, se realizó un acto de reconocimiento al papel de estas mujeres de la mano de la Comisión de la Verdad, dado que María Cristina fue estudiante de esta institución. Alumnos y comunidad en general, convirtieron las aulas en un escenario para homenajear a estas mujeres en su lucha de mantener viva la memoria de sus familiares y el esfuerzo para hallarlos; allí se exhibieron fotografías de las personas desaparecidas, adornadas con velas y mensajes, para luego concluir con una caminata e insistir en las preguntas que se hacen permanentemente, ¿Qué pasó? ¿Dónde están?
Por la desaparición de María Cristina Cobo hay dos condenas impuestas por la justicia colombiana, por 31 y 32 años de cárcel a Edilson Cifuentes, alias Richard, quien era el segundo comandante paramilitar del Guaviare, y a Juan Pablo Hernández, alias Ronald, comandante paramilitar de El Retorno, por desaparición forzada y concierto para delinquir.
La Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas realizaron en Pasto, Nariño, el segundo Encuentro por la Verdad “Reconocimiento a la persistencia de las mujeres y familiares que buscan personas desaparecidas”, quienes aseguran que ante los obstáculos y la indiferencia de la institucionalidad, las víctimas han creado sus propias metodologías de búsqueda y han llegado hasta instancias internacionales para reclamar verdad y justicia. El tiempo dirá si esto sucede.
*Artículo escrito por Alejandra Benavides estudiante de Periodismo Político en la Universidad de los Andes.