La cadena de falsedades con la que se quieren embolsillar el inmenso humedal Jaboque

En el mundo de las cárceles el humedal Jaboque es conocido como el lote del millón. Se ubica a pocos metros del aeropuerto El Dorado, en el sector de Engativá, a orillas del río Bogotá. A pesar de ser parte de los 11 complejos de humedales con protección especial de la Convención Ramsar, la más importante a nivel internacional, le salieron dueños que reclaman sus derechos con falsas escrituras.  

La falsedad de títulos fue determinada este miércoles por la jueza 21 de Control de Garantías de Bogotá, quien ordenó congelar cualquier transacción alrededor del megalote, que mide un millón de metros cuadrados y que se identifica catastralmente con el nombre de La Providencia. La historia alrededor de este botín que el Distrito reclama como suyo, pero que se comenzó a engordar en tribunales judiciales para beneficio de privados, no es nueva y ha ocasionado que se abran varios frentes en la justicia.

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El más importante está a punto de resolverse en el Consejo de Estado. Allí está por definirse una pelea de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, que en el año 2014 fue condenada a pagar 64.215 millones para la adquisición de La Providencia. En una decisión que causó sorpresa, el magistrado  del Tribunal Superior de Cundinamarca Carlos Alberto Vargas Bautista, impartió la orden de reparación directa por la omisión en la que incurrió el Distrito al no adquirir el humedal, cuando un fallo del 2002 le había ordenado hacerlo como mecanismo para su conservación.

Fue en ese momento cuando salieron a flote todos los interrogantes sobre cómo fue que este extenso predio cayó en manos de particulares. La decisión del tribunal desembocó en una investigación contra el magistrado, y en procesos penales contra su exjudicante –que tiene un jugoso porcentaje de derechos litigiosos sobre el lote–, también contra los propietarios y abogados que aparecen en la larga cadena de falsa propiedad.  

Este miércoles, el caso tomó un nuevo giro. La Fiscalía presentó el testimonio de Elkin Fernando Susa Díaz, un hombre de múltiples identidades, que tiene en su prontuario haber sido financiador del asalto al Banco de la República, y una condena a 29 años por secuestro y desaparición del sacerdote Abel de Jesús Barahona en 1996. Aunque ha intentado recuperar la libertad como exmilitante de las Farc, la Corte Suprema le ha cerrado la puerta porque su condena es por delitos no amnistiables además que su nombre no aparece en los listados de las Farc. 

Aunque la jueza hizo claridad en que no está en sus manos sacar conclusiones frente a quiénes son los responsables de la falsa cadena de tradición, concluyó que sí existió el fraude y para determinarlo sumó al expediente la declaración de Susa. La Fiscalía llegó al testigo porque en uno de los documentos falseados aparece su huella dactilar asociada a otra identidad. Al ser interrogado llenó vacíos de la investigación y añadió un nuevo ingrediente frente a quiénes pudieron estar detrás del robo: los jefes paramilitares de los bloques Centauros y Capital. 

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El origen

Los antecedentes del predio datan de 1954 pero son como un fantasma en las oficinas de registro. En este año el señor Isidro Silva Varón, mediante sentencia de un juzgado de Bogotá, habría adquirido el predio por prescripción. No obstante, no hay rastro alguno de esta sentencia ni de su proceso. Además, la descripción de linderos se limita a decir que por el norte colinda con el río Bogotá y al occidente, oriente y sur con propiedad privada. Es decir, podría ser cualquier terreno ubicado a orillas del río Bogotá. 

Más adelante, en 1979, se registra una venta del señor Isidro Silva a Álvaro Rojas Barbosa, fallecido. La transacción se hizo por 20 millones de pesos sin que existiera ninguna delimitación clara de su ubicación. Esta solo se vino a realizar en 1996 en la Notaría 29 de Bogotá, que aceptó esta aclaración de linderos sin contar con la resolución o certificado de la oficina de Catastro.   

Después de años de interrogantes alrededor de esta transacción aparece Susa, quien asegura que impulsado por un abogado experto en tierras compró con el fin de hipotecar. Una estrategia fraudulenta con la que los criminales, dice la Fiscalía, legalizan el predio mediante maniobras falsas para después obtener recursos del sistema financiero.

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Susa, sin ningún reparo, le dijo a la Fiscalía que hasta acá no había nada de ilegal, ya que él compró a quienes tenían la posesión por haber heredado el lote en el año 53. “Lo que hicimos fue hacer el juicio de pertenencia y legalizar las tierras. Puse la plata y el abogado Policarpo Suárez (fallecido) me dijo deme 30 millones para confirmar las escrituras y sacar el crédito con Granahorrar”. 

Sin embargo, a renglón seguido confiesa que puso a Álvaro Rojas Barbosa para facilitar el trámite del crédito en el banco ya que para ese momento estaba en el radar de la justicia y no podía actuar de frente. En su declaración especifica que el negocio se hizo en el año 1996, pero que el abogado Suárez fue el encargado de correr la escritura como si el negocio se hubiera cerrado en el año 79. “No sé cómo lo hicieron, eso lo hizo el doctor Policarpo. Es decir, hicimos aparecer una escritura del año 1979”, afirmó.  

Esta versión coincide con el hallazgo de la Fiscalía, que al revisar la escritura 7007 encontró que está pegada y no cosida a los libros. Además, los sellos no corresponden a los de la época y el índice de los libros no coincide con el contenido.

Pero el crédito que buscaban no salió, y Susa asegura que fue necesario adelantar la cuestionada aclaración de linderos, que finalmente ubicó La Providencia encima de un lote del Distrito. En su declaración, explica cómo primero hicieron que el predio apareciera como humedal y luego le quitaron esa denominación para poder construir allí. “Le doy 15 o 20 millones de pesos para una persona del Agustín Codazzi para que se levante la denominación de humedal. Conclusión, en el año 97 llega Ángel (Gaitán Mahecha) a ese negocio”.

Susa asegura que buscó la ayuda del esmeraldero Ángel Gaitán Mahecha, quien fue asesinado en La Picota cuando cayó capturado por paramilitarismo y homicidio. Este habría incluido en el negocio al exjefe paramilitar del Centauros Miguel Arroyave (también asesinado) y a Carlos Alberto Álvarez Borrego, alias El Capi, quien quedó encargado de la ejecución del negocio. La teoría de la Fiscalía apunta a que antes se quiso conseguir dinero con el sistema financiero pero después la estrategia cambió: era el mismo Distrito quien iba a terminar pagándoles.

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Con la tierra quieta durante años, Susa emprendió el nuevo negocio. Para conseguirlo falseó la identidad de su antiguo amigo del colegio César Alfredo Fernández, fue a través de este nombre que Rojas Barbosa le pasó el predio a Jorge Cortés, hombre que al parecer tenía la confianza de Ángel Gaitán. 

Esta transacción se cerró cuatro meses antes de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenara al Distrito mediante acción popular la compra del humedal Jaboque para su conservación. Pero a la Fiscalía no le deja de llamar la atención por qué por el lote se pagaron apenas 60 millones de pesos por un predio de más de 1 millón de metros cuadrados. 

Pocos días después del negocio, Susa detalla que Gaitán Mahecha fue capturado. “Yo visitaba a Ángel en la cárcel. Y lo visitaba porque nos tocó hacer otra cosa para que el terreno quedara como humedal y que el Distrito, que era un único comprador, lo pudiera pagar legalmente; para que el Concejo le dijera que la Alcaldía que podía comprar (...).  Ángel me dijo eso se lo vamos a vender al Distrito, después, me capturan. Ese abogado Policarpo era el contacto con el Concejo de Bogotá”.

La Fiscalía, que también avanza en procesos penales contra varios de los mencionados, planteó durante la diligencia de este miércoles interrogantes clave ¿Quiénes son los concejales que ayudaron? ¿Quiénes los funcionarios del Instituto Agustín Codazzi? También sembró un manto de duda sobre la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que terminó obligando al Distrito a pagar 65.000 millones de pesos por el lote. “Tenemos una decisión judicial del tribunal administrativo de Cundinamarca que le reconoce a Cortés $65.000 millones de pesos de los cuales 12.000 le corresponden a Kelly Andrea exjudicante y ex empleada del magistrado Vargas”, aseguró Daniel Cardona, fiscal segundo delegado ante el CTI.

El caso venía avanzado y el nuevo testigo parece inyectarle información fresca que seguramente abrirá nuevas líneas de investigación. Sin embargo, la decisión de este miércoles podría ser clave de cara a la sentencia que se avecina. La que tiene en su despacho la nueva magistrada del Consejo de Estado María Adriana Marín, que tendrá que determinar si el Distrito está obligado o no a pagarle a Cortés la astronómica cifra por un lote que, insisten, les pertenece.