LA CAIDA DE ROJAS

Los periodistas Silvia Galvis y Alberto Donadio, autores del libro "Colombia Nazí" publicado con gran éxito el año pasado, se encuentran trabajando desde hace varios meses en una nueva investigación. Se trata de un libro que pretende reconstruir y relatar los cuatro años de dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, un periodo que sin duda no ha sido suficientemente estudiado. De los borradores de este trabajo, SEMANA solicitó a los dos periodistas que extractaran lo concerniente a la información recogida por ellos sobre el 10 de mayo de 1957, fecha de la que se acaban de cumplir 30 años y en la cual el general Rojas abandonó el poder. La información de estos borradores fue recogida en su mayoría en los Archivos Nacionales en Washington, donde se conservan las comunicaciones que funcionarios de la embajada americana en Bogotá enviaban a sus superiores en el Departamento de Estado. El libro sobre Rojas aparecerá próximamente, publicado por la editorial Planeta.

"No hubo revolución. Decidí entregar el gobierno a una Junta Militar. Solo unos pocos sacerdotes estaban en contra mía" declaró el jefe supremo a unos periodistas que se acercaron al aeropuerto de Hamilton, Bermudas, para interrogarlo durante la breve escala que hizo el DC-4 de la Fuerza Aérea Colombiana que se dirigía a España con la familia Rojas Correa a bordo.
El hasta entonces excelentísimo señor presidente, teniente general jefe supremo Gustavo Rojas Pinilla, parecía ser el único colombiano que no había comprendido a cabalidad el significado de lo que acababa de dejar atrás aquel 10 de mayo de 1957: diez días de conmoción, una revuelta en ciernes y más de cien muertos
Poco antes de la caída del dictador, a los números telefónicos de Bogotá se les antepuso un 4. No tardó la gente en preguntar si eso quería decir cuatro años más de gobierno del ingeniero civil tunjano,que el 13 de junio de 1953 fue acogido con júbilo universal como salvador de la patria. A las tres de la mañana del 10 de mayo, cuando Rojas no tuvo otra salida que aceptar la entrega del poder, fue el teléfono el que sirvió para transmitir el nuevo júbilo. Debido a la hora y a la censura de la prensa, la noticia no se difundió por las emisoras -como ocurriría en la actualidad- sino que los bogotanos despertaron a sus amigos con llamadas telefónicas y luego salieron a la calle, algunos todavía en pijama a celebrar.
Ese amanecer sorprendió a los colombianos en plena actividad. Los gritos de la gente acompasados con el sonido rítmico de tres golpes de bocina de los automóviles proclamaban a los cuatro vientos la caída del general: "Li-ber-tad", "Ro-jas-no", "se-ca-yó".
En realidad, hacía más de una semana que la noticia se venía anunciando.
La luna de miel entre gobernados y gobernante había entrado en eclipse gradual desde 1955 y se convirtió en repudio generalizado a comienzos de 1957. El descontento de los partidos el enriquecimiento de la familia presidencial y de sus protegidos, la corrupción administrativa, la enemistad de la Iglesia, el malestar de industriales, comerciantes y banqueros sumado a la de algunos mandos militares y a una situación económica difícil para el Estado llano, poco a poco se fueron uniendo ante un enemigo común: el régimen del general Rojas Pinilla.
Sin embargo, un acontecimiento particular sirvió de detonante: el 1º de mayo fue puesto bajo arresto domiciliario en la casa donde se hospedaba en Cali, Guillermo León Valencia, el candidato presidencial escogido por liberales y conservadores para oponer resistencia al deseo de reelección del jefe supremo, que no ocultaba a nadie su ambición de permanecer cuatro años más (1958-1962) en la Presidencia de la República. Esa misma noche, elementos militares y del Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC) quisieron forzar al candidato a trasladarse a su nativa Popayán. Una cadena de llamadas del obispo de Cali al cardenal Crisanto Luque, de este al ministro de Gobierno y la de Hernando Navia Varón, que finalmente despertó a Rojas, lograron que Valencia pudiera pasar la noche en Cali.
Según la embajada norteamericana, la acción contra Valencia se cumplió por órdenes del general Luis E. Ordóñez, jefe del SIC, atendiendo instrucciones que se podía suponer venían del Presidente.
El 2 de mayo fue un día de agitación y protesta en Cali. Grandes manifestaciones de estudiantes gritaban consignas contra la detención del líder conservador. Las manifestaciones continuaron y se extendieron por todo el país; solo cesaron con la partida del general. Primero en Cali -y después en otras ciudades- los clubes sociales cerraron ante la prohibición del brigadier general Jaime Polanía Puyo, gobernador del Valle, de efectuar reuniones sociales que no contaran con su permiso.
Llevado a Bogotá el 3 de mayo, Valencia y el jefe liberal de la oposición, Alberto Lleras Camargo, acordaron anticipar los planes. De acuerdo con documentos de la embajada norteamericana los líderes de la oposición desde hacía algún tiempo habían "estado planeando derrocar a Rojas y a su gobierno a través de manifestaciones estudiantiles, un cierre general de la industria, comercio, banca, etc., y huelgas, pero la fecha prevista había sido fijada para junio o tal vez un poco después. La crisis se precipitó más rápidamente, sin embargo, y los acontecimientos se desencadenaron con la detención de Valencia".
En efecto, el frente civil contra Rojas Pinilla, dirigido por los jefes de los dos partidos, había sido acogido no solamente por un puñado de prelados como declararía el depuesto general a su paso por Bermudas, sino por buena parte de la población.
El 5 de mayo, los estudiantes hicieron circular una hoja clandestina llamando a la población a apoyar el paro general. El gobierno respondió con la orden de cerrar las univesidades y colegios cuyo funcionamiento no fuera normal. El Comité Central Universitario no solo rechazó las amenazas oficiales, sino que desafió al ministro de Educación negándole toda autoridad a "un gobierno bárbaro que ha perseguido y persigue a todos los valores de la cultura". Los profesores también emitieron una declaración conjunta en la cual, debido a la "situación de emergencia nacional" y "a los graves problemas de orden público", acordaron suspender clases. El toque de queda no se hizo esperar. Tampoco la "operación de entrenamiento", como se llamó al despliegue de los soldados de la guarnición de Bogotá en los sectores neurálgicos de la capital, especialmente frente al palacio presidencial, donde se colocaron ametralladoras. Era evidente que el Presidente comenzaba a perder el sueño aunque el brigadier general Rafael Navas Pardo, comandante del Ejército, se esmerara por tranquilizarlo informando que la "maniobra" había sido un completo éxito.
No coincidía el concepto del general Navas con el de industriales y comerciantes. El 7 de mayo las vitrinas de los almacenes permanecían cerradas y sus propietarios se resistían a abrirlas ni siquiera al escuchar las amenazas de los rojistas alborotados que recorrían las principales calles y con altoparlantes advertían: "Si los oligarcas no abren las tiendas, el pueblo las pondrá a funcionar".
Hasta el gobierno norteamericano había comenzado a dudar de la habilidad de Rojas para mantenerse en el poder. Ese mismo día, Albert H. Gerberich, encargado de Colombia (el llamado Colombia Desk) en el Departamento de Estado, informaba en un memorando a sus superiores que hasta ese momento él había pensado que Rojas sortearía la tormenta, pero que ya no estaba tan seguro. Gerberich basaba sus dudas en dos telegramas procedentes de Bogotá. Uno señalaba que seis altos oficiales militares habían manifestado a la embajada su descontento con el Presidente. El cable identificaba solo a tres: general Alfredo Duarte Blum, comandante general de las Fuerzas Armadas; general Alfonso Saiz Montoya, secretario general del Ministerio de Guerra y el teniente coronel Carlos Uribe ex agregado aéreo en Washington. Específicamente los oficiales se quejaban de las maniobras de Rojas para perpetuarse en el poder, de la corrupción y del error del gobierno en organizar para el 11 de mayo una manifestación "espontánea" de apoyo.
El jefe del SIC, general Ordóñez también habría hecho algunas afirmaciones anti-rojistas, pero los diplomáticos no las escucharon de sus labios sino por boca de Eduardo Zuleta Angel, ex embajador del jefe supremo en Washington; Enrique Santos Castillo, actual editor de El Tiempo y Belisario Betancur, que en abril había estado detenido 16 días por órdenes del SIC.
El segundo cable reportaba que el 2 de mayo Lucio Pabón Núñez había pedido visa en la embajada norteamericana para someterse a un chequeo médico. Gerberich observó: "Pabón fue la mano derecha de Rojas y puso en práctica algunas de sus medidas más represivas. Fue elegido presidente de la Asamblea Constituyente y a punta de látigo ha tratado de que Rojas sea reelegido". Según Gerberich, si Pabón "ha roto con Rojas, es la rata más grande que abandona el barco". ("The biggest rat of all leaving the ship").

EMPRESARIOS Y BANQUEROS
No solo los generales se atrevieron a manifestar su descontento. El "cuartel general de la ANDI" como se conoció en su momento a uno de los gremios más diligentes en el derrocamiento del jefe supremo, hervía de actividad. Gerentes, directores, empresarios grandes y pequeños, recibían allí instrucciones para consolidar el paro nacional del frente cívico.
Los banqueros no se quedaron atrás. El 7 de mayo por la noche, Rojas citó en su despacho a Martín del Corral, gerente del Banco de Bogotá, y a otros directores bancarios. Se esperaba que la reunión versara sobre el cierre general decretado ese día por todos los bancos privados, no obstante que el superintendente bancario, Carlos Monroy Reyes, había declarado que los mantendría abiertos a toda costa. Rojas ofreció varias fórmulas de solución a sus invitados, a quienes identificaba claramente con la oposición. Planteó que sería reelegido para el periodo 1958-1962 pero que se retiraría del cargo el 7 de agosto de 1958 dejando en el poder al designado. Los banqueros respondieron que la oposición no reconocería la reelección bajo ninguna circunstancia y exigieron la entrega inmediata del poder. En acto de humildad forzosa, el general preguntó si se le permitiría a su familia salir del país. Los banqueros respondieron que no les preocupaba ese asunto y que la familia podía viajar al exterior o permanecer en Colombia.
Muy pronto la humildad del momento se tornó en desdén de hombre fuerte. Al día siguiente, en un discurso pronunciado con motivo de su reelección -finalmente aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANAC) a las 4:50 de la tarde del 8 de mayo, menos de 48 horas antes del día final- Rojas comparó a los gerentes bancarios con asaltantes de bancos y lanzó acusaciones contra "esos dineros que las oligarquías económicas en criminal maridaje con las oligarquías políticas" estaban invirtiendo, según su opinión, en el asesinato de estudiantes.
Lleras y Valencia, en declaración conjunta, manifestaron que la huelga era una protesta contra la amañada reelección de Rojas en la Asamblea Nacional Constituyente.
La ANAC -que sustituyó al Congreso en los tiempos difíciles de Laureno Gómez y Roberto Urdaneta Arbeláez- estaba formada por 90 diputados, conservadores y liberales, todos adictos al gobierno, de los cuales 30 tenían el carácter de representantes personales de Rojas y los 60 restantes habían sido designados por el Consejo Nacional de Delegatarios, organismo títere del jefe supremo.
Para legitimar la relección, la ANAC aprobó un "acto legislativo" mediante el cual suspendía los mandatos de la Constitución que prohíben la relección inmediata y ordenan que el Presidente se escoja por elección popular.

EL ROJISMO SE DEFIENDE
Mientras la ANDI en su "cuartel" y los banqueros en el suyo organizaban el paro; mientras el Primado de Colombia, cardenal Crisanto Luque preparaba su carta pastoral condenando la dictadura; mientras profesores y estudiantes hacían circular sus hojas clandestinas y los trabajadores lanzaban su comunicado, el presidente Rojas seguía dando palos de ciego en su intento de permanecer en la Presidencia. El Diario Oficial, convertido en la voz del régimen y el Diario de Colombia, dirigido por el yerno presidencial Samuel Moreno Díaz, afirmaba que los directores del autodenominado liberalismo popular, así como grupos de estudiantes de Bogotá y Medellín habían aprobado resoluciones condenando el paro general que ya se extendía en forma masiva por encima de los esfuerzos del gobierno por ocultarlo. Los muertos y los heridos aumentaban. En la ciudad de Cali, solamente, el Hospital Departamental Universitario reportó 40 muertos y otros tantos heridos atendidos en cinco días.
Con esos antecedentes, cada movimiento que el jefe supremo hacía para mantenerse en el poder, le salia mal. Ordenó a la Policía Militar reprimir las manifestaciones estudiantiles. Más grave aún fueron las bombas de gas lanzadas en la misa dominical del 5 de mayo en la iglesia de la Porciúncula en Bogotá y la persecución dentro de la misma iglesia a un puñado de universitarios que manifestaban cerca al atrio. En el instante en que el padre Severo Velásquez levantaba el cáliz en el altar, explotaban dos bombas de gases lacrimógenos. El sacerdote, crítico veterano del régimen, se volvió hacia sus fieles y dijo:
"Maldito sea el tirano. Maldito el hombre que ha llevado al país a esta situación ".
Fue una voz que se regó, literalmente, como pólvora. El llamado del ex presidente Lleras se hizo más urgente. Los periódicos pararon bajo la amenaza de censura total sobre las "noticas alarmantes" y las universidades suspendieron clases por orden oficial. Los tanques y los carros blindados circulaban por las calles de las capitales.

EL DIA FINAL
La noche del 9 de mayo, los altos mandos del Ejército, que aun apoyaban a Rojas, se reunieron para decidir la partida. Después de cuatro horas de discusiones, consensos y disensos echaron la suerte del general. El comandante del Ejército, Rafael Navas Pardo, fue designado para comunicarle a Rojas que debía abandonar el país. Pasada la media noche, el brigadier entró al despacho presidencial. "Mi general, usted debe salir del país", dijo. "Las cosas no pueden seguir así". Rojas se mostró incrédulo pero tres horas más tarde, después de conferenciar con otros comandantes del Ejército y con el representante personal del cardenal Crisanto Luque, el excelentísimo señor presidente, teniente general jefe supremo Gustavo Rojas Pinilla accedió a dejar el poder, no sin antes nombrar a sus sucesores.
Fue entonces cuando Rojas designó, uno por uno, entre sus antiguos colaboradores, la Junta Militar: Gabriel París, ministro de Guerra hasta el 10 de mayo; Rafael Navas Pardo, comandante del Ejército también hasta el día de la caída; mayor general Deo Gracias Fonseca, director de la Policía, brigadier general Luis E. Ordóñez, jefe del SIC, la policía secreta del régimen, y el contraalmirante Rubén Piedrahíta, ex mi-nistro de Obras Públicas de Rojas.
A las 9:30 de la mañana del 10 de mayo de 1957, la radio transmitió el mensaje del general en el cual afirmaba que se retiraba para evitar el derramamiento de sangre y encargaba a la Junta Militar para que continuara el gobierno de las Fuerzas Armadas. En las ciudades, las caravanas de carros continuaban celebrando al grito de "Li-ber-tad", "botas-no", "un-civil".
EL DISGUSTO CON TIME
La revista Time publicó a comienzos de 1957 un artículo titulado "Presidente de la Junta" que irritó mucho a Rojas Pinilla. El enviado de Time sostenía, equivocadamente, que Rojas no era jefe supremo como se proclamaba sino apenas jefe de una junta militar donde otros también detentaban el poder. Alberto Lleras Camargo contó la historia de la reacción del Presidente ante el artículo a un matrimonio de periodistas norteamericanos, él de Time y ella del New York Times. Estos a su vez relataron la conversación a la embajada norteamericana. El jefe supremo citó a los 10 oficiales más importantes de Bogotá y les anunció que rectificaría a la revista. Posteriormente citó al general Gabriel París, ministro de Guerra, y en presencia de Manuel Mosquera Garcés, director del Diario Oficial, le entregó el texto de una entrevista ya escrita que París supuestamente había concedido a Mosquera. En la "entrevista" París rechazaba la publicación de Time y urgía un nuevo periodo presidencial para Rojas. Cuando el Presidente le pidió a París que firmara la entrevista, el ministro le pregunto si se trataba de una orden. Rojas contestó afirmativamente y París firmó. Poco después aparecieron en Bogotá carteles que señalaban: "El general Rojas continuará en el poder por decisión de las Fuerzas Armadas". Para la embajada el principal gestor de la entrevista forzosa del general París fue su colega el general Rafael Navas Pardo, comandante del Ejército y uno de los militares más influyentes del cuasi cuatrienio de Rojas Pinilla.
La reelección se gestó en la ANAC. Esta fue convocada el 22 de marzo, pero Pabón Núñez, que la presidía, dispuso que no se permitiría la lectura de discursos políticos preparados con anticipación. Logró así acallar a los miembros de la oposición que, con Guillermo León Valencia a la cabeza, abandonaron las deliberaciones. La intención de los opositores era leer el manifiesto bipartidista en el cual seis ex presidentes señalaban que Valencia era el jefe del movimiento contra el gobierno. Los miembros de la ANAC leales al gobierno disolvieron la Constituyente, que fue convocada nuevamente para el 11 de abril, pero con nuevos y complejos sistemas de elección que aseguraban total fidelidad al gobierno y absoluta exclusión de los oposicionistas. Reunida la nueva Constituyente, en su primera sesión se presentó la moción para reelegir al jefe supremo por cuatro años más, luego de que expirara su periodo el 7 de agosto de 1958. Después de muchas peripecias y aún de disidencias internas que se resolvieron en privado, la ANAC reeligió a Rojas dos días antes de su partida para Bermudas y su exilio final en España. La reelección, que estaba garantizada desde la disolución de la primera Constituyente, fue otro de los factores que alentó y aglutinó a la oposición contra el régimen.