Gustavo Petro ha hecho declaraciones sobre Perú “ofensivas e injerencistas”: la canciller de ese país habla con SEMANA

SEMANA: La comisión de exteriores del Congreso de Perú declaró persona non grata al presidente Petro. ¿Ha pensado en prohibirle la entrada al país?

Ana Gervasi: La diplomacia peruana actúa con apego a las normas de Derecho Internacional y a la práctica diplomática. La naturaleza y alcances de una declaración de persona non grata están establecidos en el Artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Y deseo reiterar, nuestra diplomacia favorece siempre las relaciones de respeto mutuo, amistad, cooperación e integración, especialmente con países hermanos como es el caso de Colombia.

SEMANA: ¿Cómo se encuentran las relaciones con Colombia después de las opiniones que ha emitido el presidente Gustavo Petro?

A.G: Por los canales diplomáticos hemos expresado reiteradamente nuestro rechazo a declaraciones que hemos considerado ofensivas e injerencistas. No vamos a caer en un juego de declaraciones ni alimentar titulares que buscan dividirnos. Las históricas relaciones de amistad entre el Perú y Colombia incluyen procesos de integración que benefician el desarrollo social de nuestros pueblos. Nuestras relaciones son bicentenarias. Estamos seguros que ni peruanos ni colombianos deseamos que declaraciones desafortunadas afecten nuestros vínculos de amistad, los intereses que compartimos y nuestra visión de futuro.

SEMANA: Según el presidente Petro, Pedro Castillo es “una víctima”, ¿cuál es su opinión?

A.G: El señor Pedro Castillo se encuentra cumpliendo una detención preventiva dispuesta por el Poder Judicial por los actos en que incurrió el 7 de diciembre de 2022, cuando en su calidad de Jefe de Estado y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas ordenó sin ningún sustento constitucional o legal, el cierre del Congreso, la reorganización de todo el poder judicial y la detención de la Fiscal de la Nación. En suma, intentó dar un golpe de Estado. No es entonces una víctima. Su situación judicial es el resultado de sus propios actos. No debemos olvidar, además, las denuncias en contra del ex Presidente Castillo por casos de corrupción y crimen organizado.

SEMANA: ¿El Gobierno peruano se ha sentido agredido en algún momento por el presidente Gustavo Petro?

A.G: El Gobierno del Perú ha expresado formalmente su protesta a través de los canales diplomáticos por las expresiones del Presidente Gustavo Petro, que hemos considerado ofensivas e injerencistas. Son declaraciones que además no son consistentes con las bicentenarias relaciones de respeto mutuo, amistad y cooperación que unen a nuestros dos estados y pueblos. No debemos permitir que 200 años de historia común se vean afectados por declaraciones desafortunadas y fuera de lugar.

SEMANA: Canciller, si usted pudiera enviarle un mensaje al Presidente Petro ¿cuál sería?

A.G: La injerencia en asuntos internos de otro país es inaceptable y violatoria del principio de no intervención entre Estados. Prioricemos el futuro de los colombianos y peruanos a través de una agenda común con acciones concretas de desarrollo.

SEMANA: ¿En algún momento han pensado en romper definitivamente relaciones con Colombia?

A.G: El Perú mantiene una política exterior de Estado que privilegia las relaciones de amistad y cooperación con los países vecinos, sobre la base del respeto al derecho internacional y al principio de no intervención en los asuntos internos. Esperamos una reflexión del gobierno colombiano en función de la importancia de las agendas bilaterales y los enormes intereses que compartimos.

SEMANA: ¿Cuál cree usted que es la razón por la cual el presidente Petro defiende a Pedro Castillo?

A.G: No me corresponde hacer esas valoraciones. El entonces Presidente Pedro Castillo decidió dar un golpe de Estado e intervenir el Ministerio Público, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, entre otras instituciones constitucionalmente autónomas. Todas las instituciones democráticas peruanas lo rechazaron. Los procesos contra el señor Castillo se encuentran en manos del Ministerio Público y Poder Judicial, no solo por el golpe de estado perpetrado el 7 de diciembre, sino, además, las denuncias en su contra por casos de corrupción y crimen organizado.

SEMANA: Según el presidente Petro “nadie puede quitarle los derechos políticos a un jefe de Estado si no es por la sentencia de un juez”, refiriéndose al caso de Pedro Castillo.

A.G: La vacancia está prevista en la Constitución Política del Perú.

SEMANA: En entrevista con SEMANA, el presidente Gustavo Petro dijo que eso que le pasó a Pedro Castillo puede pasarle a cualquier gobierno de izquierda de la región porque la consigna es tumbar los gobiernos de izquierda.

A.G: El 7 de diciembre del año pasado, se produjo un golpe de estado en el Perú propiciado por el entonces presidente Pedro Castillo. Como he indicado, ese día, él anunció públicamente en televisión nacional de cadena abierta la disolución inconstitucional del Congreso y ordenó intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, entidades que se encontraban a cargo de investigar las denuncias en su contra por casos de corrupción y crimen organizado, así como el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia. No se trata de una cuestión que sea valorada en función de ideologías sino de la defensa de la institucionalidad democrática en el Perú frente a un intento de golpe de estado.

SEMANA: ¿Qué les responde a los países que piden la liberación de Pedro Castillo?

A.G: Pedro Castillo dio un golpe de Estado. Sin embargo, ha prevalecido la democracia. Fracasó su intento de hundir las esperanzas de un país que, iniciado su tercer siglo de vida republicana, aún lucha por el mayor ideal de todos, que es el bienestar y el desarrollo de su población. El expresidente Castillo cometió delitos graves y flagrantes. Como se sabe, fue detenido de manera inmediata y actualmente se encuentra en prisión preventiva y provisional. Su caso está siendo analizado y evaluado por las instancias legales y judiciales correspondientes, en el marco de la independencia y autonomía que la ley les otorga. No se trata de una persecución política. En el Perú existe el Estado de derecho, la separación de poderes y la autonomía de las instituciones que ejercen la justicia. En consecuencia, el expresidente Castillo recibirá la pena que le corresponda, siempre bajo el respeto innegable del debido proceso y de los derechos humanos. Eso no está en discusión y el gobierno de la presidenta Boluarte es el primero en decirlo.

SEMANA: ¿En Perú se están violando los derechos humanos en el marco de las protestas?

A.G: El Perú es un país absolutamente respetuoso de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, incluido el respeto al derecho a la protesta legítima y pacífica, diferenciando la misma de los actos de violencia que atentan contra el orden democrático y el Estado de Derecho. Para el Gobierno peruano la promoción y defensa de los derechos humanos es uno de los pilares fundamentales del sistema democrático y del fortalecimiento de la gobernabilidad, indispensables para la construcción de sociedades más justas, pacíficas e inclusivas. El Gobierno peruano lamenta profundamente la irreparable pérdida de vidas humanas ocurridas en el contexto de las protestas y actos vandálicos, así como los numerosos heridos tanto civiles como policiales, lo que ha sido expresado en diversas ocasiones.

El Gobierno ha reafirmado en todas las instancias su firme compromiso por contribuir con las investigaciones que viene desarrollando el Ministerio Público para encontrar la verdad e identificar, procesar y sancionar a los que resulten responsables de las graves afectaciones a la vida ocurridas en el Perú en los últimos meses.

SEMANA: ¿Cuál sería el paso a seguir en materia de relaciones diplomáticas con Colombia para que vuelvan a ser fuertes como lo han sido siempre?

A.G: Estamos seguros de que prevalecerán los intereses que unen a nuestros estados y pueblos y los sentimientos de amistad y de futuro común que están en la base de nuestras bicentenarias relaciones bilaterales. El paso es sencillo: respeto y visión de futuro.

SEMANA: ¿Cuándo se espera que pueda regresar el embajador de Perú en Colombia Félix Denegri Boza?

A.G: El Gobierno de la Presidenta Dina Boluarte desea que las relaciones con Colombia se desarrollen al más alto nivel, como corresponde a los vínculos bicentenarios entre dos Estados y pueblos hermanos. No es nuestro deseo profundizar diferencias ni caer en un juego de declaraciones. El embajador Félix Denegri continúa siendo el Embajador del Perú en Colombia. Su misión es fortalecer nuestras relaciones bilaterales y retomará sus funciones en Bogotá cuando las condiciones lo permitan.

SEMANA: ¿La presidenta Dina Boluarte cuenta con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos frente a la situación que vive el país?

A.G: El Perú y los Estados Unidos cuentan con una relación bilateral sólida y de larga data que se sustenta en valores compartidos como la defensa de la democracia, la promoción y protección de los derechos humanos y el respeto al derecho internacional. En ese marco, el gobierno de los Estados Unidos ha expresado su apoyo al proceso democrático constitucional en el Perú y, por tanto, al gobierno de la Presidenta Boluarte. Este país, así como otros países de la región han sido testigos del intento de golpe de estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre pasado, lo cual precipitó su vacancia y la transición Constitucional de la presidencia. Luego de mi reciente visita a Estados Unidos, este apoyo se ha visto renovado considerando los esfuerzos que el Perú viene realizando, a fin de buscar una solución a la crisis política y social; atender las demandas sociales, atender a los deudos de los fallecidos y heridos durante las movilizaciones ocurridas en pleno cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales en materia del respeto a los derechos humanos.

SEMANA: Qué acciones concretas han realizado organismos internacionales dentro de Perú, ¿cómo la OEA, la ONU, la CIDH entre otros para ayudar a solucionar el conflicto dentro del país?

A.G: El Gobierno peruano, actuando con total transparencia, extendió una invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH) para realizar una visita al Perú y conocer la situación de los derechos humanos en el país. Atendiendo a dicha invitación, la CIDH, en seguimiento de la visita de una misión técnica preparatoria realizada en el mes de diciembre de 2022, visitó el país entre el 11 y 13 de enero. En dicha ocasión la delegación estuvo presidida por el Sr. Stuardo Ralón, Vicepresidente de dicho órgano y Comisionado para el Perú. Por su parte, también por invitación del gobierno peruano, los días 19 y 20 de enero se recibió la visita del Sr. Christian Salazar, enviado especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Para la realización de dichas visitas el Estado peruano brindó todas las facilidades a fin de que puedan entrevistarse con autoridades, representantes de la sociedad civil y víctimas de los lamentables sucesos. El Gobierno queda atento al informe final y las recomendaciones que formulará la CIDH luego de su visita, manteniendo la mayor disponibilidad para evaluar y considerar las mismas en beneficio de la población.

SEMANA: ¿De qué manera ha intervenido el expresidente Evo Morales en los asuntos internos del país y cómo ha afectado su presunta injerencia los diálogos y la posible salida al conflicto?

A.G: El 9 de enero la Superintendencia Nacional de Migraciones decidió que el señor Morales y otros ocho ciudadanos bolivianos no pueden ingresar al Perú puesto que en anteriores visitas desarrollaron actividades que no son compatibles con la calidad migratoria que se les otorgó.

SEMANA: ¿Ha afectado de alguna manera las protestas internas en Perú la estabilidad de la política internacional y las relaciones con otros países?

A.G: El Perú se ha posicionado como un país que defiende el Estado de derecho. Sobre esa base, la señora presidenta Dina Boluarte, como presidente legítima que es, ha recibido el apoyo de la gran mayoría de países amigos. Sin embargo, como indiqué en la CELAC, es de lamentar, por ello, que algunos gobiernos de países particularmente cercanos no hayan acompañado al Perú en este difícil trance institucional y, más bien, hayan priorizado la afinidad ideológica en lugar del apoyo inequívoco al Estado de derecho y a la sucesión constitucional, buscando establecer una narrativa tergiversada que no se condice con los hechos. Mi país seguirá firme en la defensa de los derechos humanos y no permitirá la injerencia de terceros gobiernos en sus asuntos internos, ni aceptará calificativos ofensivos a nuestras instituciones democráticas y las que están a cargo de la defensa del orden interno.

El gobierno busca una reconciliación social que atienda demandas históricamente relegadas. El Perú y el mundo lo entienden así. La sociedad y comunidad internacionales reconocen la sucesión legítima de la presidenta Dina Boluarte y reconocen, asimismo, que el Perú viene trabajando tanto para mantener su orden democrático como para salir prontamente de la actual crisis política y social. Complementando la política de reactivación económica, mi Cancillería reforzará la promoción de la inversión directa extranjera en los sectores que lo requieran, así como la cooperación internacional. De otro lado, mi país continuará promoviendo la paz mundial y el fin de los conflictos internacionales, que sólo provocan sufrimiento humano e inestabilidad económica.

SEMANA: ¿Ministra usted cree que la OEA pudo hacer más durante la visita de la delegación a Perú?, ¿cuál fue su balance sobre esta visita realizada antes del 7 de diciembre?

A.G: El Perú reconoce y agradece los esfuerzos que en su momento desplegaron los integrantes del Grupo de Alto Nivel, el Consejo Permanente y la Secretaría General de la OEA, que se mantuvieron atentos y dispuestos a brindar sus aportes para resolver la crisis institucional previa al intento de golpe de Estado. En su momento, el Perú brindó todo el apoyo necesario para que el Grupo de Alto Nivel pudiera cumplir el encargo que le fue dado por parte del Consejo Permanente de la OEA. No obstante, las recomendaciones formuladas por el Grupo de Alto Nivel de la OEA luego de su visita, se enmarcaron en un contexto sustancialmente distinto. Como es evidente, la coyuntura actual ha sobrepasado ampliamente las circunstancias en las que se constituyó el Grupo de Alto Nivel y se produjo su visita al Perú. En este momento, corresponde trabajar a nivel interno por alcanzar los acuerdos que nos permitan superar la situación por la que hemos pasado. Nos queda claro que los países del hemisferio comparten la convicción de que es necesario preservar y fortalecer la democracia en el Perú.