La CIDH pide al Estado investigar presuntas violaciones de los derechos humanos durante las protestas

Entre el vandalismo, saqueos, disturbios, agentes de la Policía y civiles heridos e incluso muertos, se han realizado cuatro jornadas de protestas en varios puntos del país en rechazo a la reforma tributaria y otras acciones del Gobierno nacional.

Tanto la comunidad como las oenegés han señalado en los últimos días que la población que sale a protestar pacíficamente ha sido blanco de abuso de la fuerza policial, detenciones arbitrarias, hostigamientos, y demás acciones por parte de la fuerza pública. La situación es tan crítica en algunas regiones del país que el presidente Iván Duque se vio obligado a desplegar militares para garantizar que no hayan más enfrentamientos. “Como comandante de las Fuerzas Armadas la figura de asistencia militar seguirá vigente en los centros urbanos, donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos y donde se requiere emplear toda la capacidad del Estado para proteger a la población”, aseguró el presidente Duque.

Los acontecimientos llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pidió al Estado adelantar todas las investigaciones pertinentes para verificar las denuncias de violaciones de derechos humanos. “La CIDH exhorta al Estado de Colombia a investigar pronta y diligentemente, esclareciendo el alcance de la denunciada participación de agentes de seguridad; y en los casos de denuncias sobre violencia sexual, con la debida diligencia reforzada”, señaló el organismo internacional.

La declaración de la CIDH se conoce luego de que 97 organizaciones sociales denunciaran, a través de un comunicado, ante este organismo las posibles violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales durante las movilizaciones.

En el documento, las organizaciones denuncian que, según cifras de la “Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas”, entre el 28 y 30 de abril de este año se registraron estos hechos violentos: ”La Policía Nacional hirió a 105 personas, de estas, seis sufrieron lesiones oculares y cuatro fueron impactadas con armas de fuego”, según se lee en el documento.

Además, la denuncia habla de un reporte de 445 detenciones arbitrarias en las principales ciudades del país. De estas, 159 se habrían dado en Medellín y el resto en Bogotá, Cali, Yopal, Neiva, Ibagué, Pasto, Villavicencio y Barranquilla. Según este informe, las autoridades estarían abusando del traslado por protección para realizar detenciones masivas y sin justificación. Inclusive, las organizaciones señalan que solo el 28 de abril, cuando inició la jornada, se registraron 286 personas detenidas en Bogotá, Cali, Yopal, Neiva, Pasto, Ibagué, Villavicencio y Barranquilla.

Precisamente en la capital de Antioquia, de acuerdo con los denunciantes, hubo 226 agresiones de las autoridades a defensores de derechos humanos y a la prensa en una sola jornada, la del 28 de abril. Luego, al siguiente día, se habría presentado una agresión por agentes estatales que dejó como resultado 6 defensores con graves lesiones.

Además de las supuestas detenciones arbitrarias, las organizaciones señalan que la comunidad también ha sido víctima de hostigamientos y abuso de la fuerza. “Golpizas, amenazas, choques eléctricos fueron propinados por los policiales de manera indiscriminada y brutal, produciendo heridas abiertas y graves contusiones a las víctimas, así como nuevamente se presentan agresiones en contra de las mujeres por su sexualidad y condición de género”, se lee en el informe enviado a la Comisión interamericana.

Ante esto, la organización internacional se pronunció y dijo: “La CIDH expresa preocupación por la información pública, según la cual, el 30 de abril se habría registrado varias personas fallecidas, heridas, detenciones arbitrarias y denuncias de violencia sexual en el marco de las protestas”.

Por parte del Gobierno, el presidente Duque señaló que la militarización en varias ciudades se dará en el marco de los derechos humanos y de la Constitución y en conjunto con los mandatarios locales. “Tenemos la responsabilidad de sacar nuestro país adelante todos unidos, alcaldes, gobernadores, órganos de control, jueces, fiscales, empresarios y ciudadanos”, dijo Duque.

“Nuestras Fuerzas Militares, entrenadas para actuar en contextos urbanos están apoyando el trabajo de la Policía Nacional. Su despliegue y actuación, se seguirá haciendo en el marco del respeto absoluto a las normas internacionales de derechos humanos, y será objeto de control por parte de los organismos constitucionales”, aseguró.

El mandatario agregó que su obligación es garantizar el derecho a la protesta, pero sobre todo, la seguridad de los ciudadanos y que no dejará de tomar las medidas para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los colombianos.