La Comisión de la Verdad toma partido en el paro y, aunque reconoce los bloqueos, dice que sus inmensos costos para el pueblo no pueden seguir acrecentándose

Desde el pasado 28 de abril, Colombia vive uno de los más complicados momentos en materia social, económica y política, por cuenta de los bloqueos que se han dado en la mayor parte de los departamentos del país y que se han convertido en una forma sistemática de protestar.

Sin embargo, estos bloqueos han puesto en jaque varios encadenamientos productivos en el país y según expertos, han frenado la recuperación económica, así como han generado que varias industrias del país paren su producción, poniendo así en riesgo cientos de empleos formales.

En las últimas horas, a través de un extenso comunicado, la Comisión de la verdad se refirió al tema. En primer lugar, explicó que una de sus misiones es escuchar todos los lados, poniendo en primer lugar a las víctimas para proponer caminos de convivencia, no repetición y reconciliación.

También lamentó la muerte de los jóvenes que han caído en el marco de las protestas. “Cargamos el dolor desgarrador de más de 50 muchachas y muchachos asesinados. Pedimos que no maten más. Que no usen contra la vida las armas del Estado y que atajen los disparos de civiles. Que no haya más torturas, ni violaciones a mujeres ni desaparecidos, ni heridos de bala. Que el gobierno actúe firme, públicamente, contra las acciones violentas que se han hecho desde instituciones del Estado”, dice el comunicado.

Por otro lado, repudiaron la muerte de los uniformados de la Policía que se han presentado, pidieron que no “haya policías del mismo pueblo muertos” e indicaron que este es el resultado del mal manejo que le ha dado el Estado a las manifestaciones sociales.

“Ya dos o tres y otros heridos y quemados. Es intolerable que está explosión de esperanza, allí donde es mal manejada desde el Estado, se convierta en un baño de sangre”, dijo la Comisión.

En el comunicado celebraron la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al país y exigieron que se hagan pronto las investigaciones y se castigue a los responsables de todos los lados.

“Estamos ante un grito masivo de insatisfacción, hambre y desconfianza en las instituciones que requiere comprensión y escucha. Esto no es subversión armada. Cierto que quedan grupos insurgentes y mafias que pueden aprovecharse de las circunstancias, pero los líderes del Paro han protegido la movilización de esas pretensiones, y es irrespetuoso y mal intencionado tratar la protesta colectiva de más de 600 municipios como idiotas útiles de la subversión cuando no hay fundamentos para afirmarlo”, aseguraron.

Postura frente a los bloqueos

Uno de los puntos del comunicado que causó más sorpresa fue en el que se refirieron a los bloqueos en las diferentes vías del país, que se han presentado en 29 de los 32 departamentos, pues los catalogaron como una muestra de determinación de los jóvenes y de las comunidades populares, indígenas y afro quienes “no aceptan más la injusticia intolerable”.

Sin embargo, aclararon que estos no pueden ser indefinidos, pues acarrean costos costos inmensos para el pueblo en alimentación, salud y buen vivir y pérdidas enormes de bienes para toda la sociedad que no pueden seguir acrecentándose.

Según estimaciones del Consejo Gremial, los bloqueos le han pasado una costosa factura al país, pues han generado pérdidas de más de 6 billones de pesos.

Además, recordaron que conforme a lo establecido en el Código Penal colombiano, los bloqueos constituyen un delito (Artículo 353A C.P.), ya que atentan contra el orden público, la vida, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente y el derecho al trabajo”.

Para la Comisión, “las manifestaciones han puesto en evidencia que las formas como se da el “modelo económico” en Colombia profundizan la exclusión y el racismo y generan una profunda desigualdad que deja a la mitad de los colombianos en la pobreza. Contra esta realidad estructural e innegable se moviliza el Paro”.

Finalmente, expresaron que comparten la preocupación de ciudadanos, comunidades y empresas afectadas por el vandalismo que ha destruido edificios públicos, infraestructura, negocios pequeños y medianos, centros comerciales y transporte.

“Rechazamos estos hechos que sobre todo perjudican a los sectores populares y destruyen los bienes comunes. Los jóvenes han insistido en que esa violencia no es de ellos y que la utilizan para estigmatizarlos. Estos actos brutales también tienen que ser investigados y los perpetradores judicializados en debido proceso”, afirmaron.