La nueva compulsa de copias contra Diego Cadena y otras decisiones de la Corte

La providencia con que se resolvió situación jurídica al expresidente Álvaro Uribe contiene también otras determinaciones judiciales. Una de estas afecta a Diego Cadena, abogado de Uribe, quien está en el centro del lío afrontando una imputación por soborno y fraude procesal.

La resolución jurídica que determinó la casa por cárcel para el líder del Centro Democrático incluye un recuento detallado del momento en que Cadena visitó en La Picota a Juan Guillermo Monsalve, antiguo paramilitar y testigo clave de las investigaciones en su contra. Para la Corte Suprema es evidente que el jurista intentó ejercer presión sobre Monsalve para que se retractara de sus declaraciones en contra del expresidente y, por lo tanto, concluyó que mintió en la declaratoria que rindió ante los magistrados en septiembre de 2019.

Cadena, quien no tenía poder formal de Uribe Vélez pero contaba con su beneplácito para acercarse a potenciales testigos que rindieran declaración, comenzó a visitar la cárcel Picota en diciembre de 2017. Su intención era entablar contacto con Juan Guillermo Monsalve.

Allí, señala la Corte, valiéndose de la colaboración del interno Enrique Pardo Hasche, Cadena consiguió reunirse con Monsalve y plantearle una serie de beneficios en caso de que accediera a retractarse. Aparentemente, el abogado habría empleado un tono intimidatorio para persuadirlo.

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El 22 de febrero de 2018, Cadena, nuevamente con ayuda de Parcho Hasche, se ve las caras con Monsalve y le solicita firmar la carta de retractación que ya traía redactada. En ese momento, soltó una frase que quedó resaltada en el expediente del caso "preciso el hijueputa tiempo hermano (…) sino vengo mañana porque mañana a primera hora se vence el recurso y es bien importante todas las declaraciones 3 o 4”. Las palabras de Cadena denotan el afán que lo invadía por obtener lo antes posible la retractación, ya que el término para interponer el recurso de reposición ante la Corte Suprema estaba próximo a vencer.

En este encuentro, según lo consideró la Corte, Monsalve fue presionado por Cadena y Pardo Hasche para que accediera a retractarse.

Los magistrados también creen que el interés por conseguir la retractación tenía otro trasfondo: la rueda de prensa convocada por el expresidente Uribe Vélez en donde revelaría a la opinión pública los testimonios de varios paramilitares que le daban la razón y, por ende, brindaban un mayor peso a su defensa.

Entre ellos estaban Jhon Jaime Cárdenas Suárez, alias Fosforito; José Fauner Barahona Rodríguez, alias Racumín; y Carlos Enrique Vélez Ramírez, alias Víctor. Este último se convirtió en otro importante testigo del caso después de que asegurara ante la Corte Suprema que el abogado Cadena le ofreció dinero para que rindiera una versión favorable al expresidente. Además, Cadena también le pidió que consiguiera las declaraciones de otros exparamilitares que apoyaran su versión y por esto fue que alias Fosforito y alias Racumín dieron su testimonio.

Este hecho también fue advertido por la Corte que, en adición a la casa por cárcel para el expresidente Uribe Vélez, ordenó se compulsen copias contra Cadena. Es decir, la Fiscalía deberá abrir otra investigación contra Cadena y su socio Juan José Salazar, ya que este aparece en varias de las situaciones. Salazar, tal como Cadena, actualmente afronta una imputación por los supuestos delitos de soborno y fraude procesal.

La providencia de la Corte también ordena compulsa de copias contra Enrique Pardo Hasche y los paramilitares contactados por Carlos Enrique Vélez. Todos deberán ser investigados por la Fiscalía. 

Por otra parte, con relación al representante del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada, quien también está envuelto desde 2018 en el proceso por presuntamente haber tratado de conectar con el testigo Monsalve para ofrecerle prevendas a cambio de que se retractara, la Corte Suprema tomó una determinación distinta. Decidió imputarle el delito de soborno en calidad de cómplice. Se trata de un cargo cuya eventual pena a imponer no reúne los requisitos que contemplan las medidas de aseguramiento. Es decir, el delito por el que procesa a Prada no es tan grave como para requerir una medida precautelar. El político seguirá vinculado y podrá defenderse en libertad.