La Comunidad de Paz de San José de Apartadó anuncia la ruptura con la Defensoría del Pueblo

“La vida del corderito bajo el cuidado del lobo”. Con esa frase comienza el comunicado que protesta ante lo que La Comunidad de Paz de San José de Apartadó denomina como “degradación” de la acción del Estado colombiano. El disgusto se debe al nombramiento de José Augusto Rendón como nuevo defensor del pueblo en Urabá. La comunidad afirma que él es la persona menos idónea para ejercer el cargo debido a que fue “abogado y asesor de los victimarios y empresarios que buscan adueñarse de la tierras campesinas”, en procesos de restitución de tierras.

“No dudamos en calificar ese nombramiento como una grave afrenta a las víctimas, dado que sus antecedentes no lo acreditan de ninguna manera para defender los derechos de las víctimas, papel constitucional y esencial de un ‘defensor de pueblo’, sino para todo lo contrario, para pisotear los derechos de las víctimas y exponerlas a nuevas violencias”, menciona el pueblo en el comunicado.

En la resolución 298 del 26 de febrero de 2021, José Augusto Rendón, quien habría representado y asesorado a empresarios que en esa región figuran como compradores masivos de tierra en medio de la oleada paramilitar, fue designado como nuevo defensor regional del Pueblo en el Urabá, esto con la firma y el aval del Defensor Nacional del Pueblo, Carlos Camargo. Bajo este nuevo cargo, el funcionario deberá velar por el cumplimiento de los derechos humanos de los pobladores de la región.

Pero el manifiesto y los cuestionamientos en el Urabá no van únicamente hacia el nuevo defensor. Según ellos, la Defensoría ha incumplido en sus facultades de protección a los derechos humanos, y no ha presentado los informes de gestión semestral a la Corte Constitucional.

“Nuestra Comunidad le hace un llamado apremiante a la Corte Constitucional para que le retire a La Defensoría del Pueblo dicho encargo”, manifiestan en el documento. La población solicita inmediatamente que la Corte tome el seguimiento y revisión de todo lo incumplido, o que encuentre otra entidad con “un nivel de credibilidad y legitimidad suficiente para cumplir dicho encargo”.

Pero, en definitiva, el hecho que causa más indignación en los habitantes es el nombramiento del nuevo defensor. En el Urabá hay serios cuestionamientos sobre la idoneidad de Rendón García para defender sus derechos. La población ha sido testigo de su participación en varios procesos judiciales de restitución de tierras como contraparte. El personaje ha sido abogado de empresarios vinculados por la justicia al despojo, que aparecen como opositores en la ruta de restitución a los campesinos.

Los pobladores de la Comunidad de Paz afirman en su carta que en un proceso de restitución de tierras en curso, el abogado Rendón solicitó que se aceptara como testigo a un reconocido paramilitar, llamado Dafnis Sierra Martínez, alias ‘Samir’ para que contradijera las pretensiones de la comunidad. Según el documento, este personaje burló a la justicia y no fue juzgarlo por ordenar múltiples asesinatos a miembros de la Comunidad de Paz.

“Posteriormente se supo que tenía un pacto secreto con el ejército para infiltrar a las FARC-EP y por ello eliminó tantas vidas de campesinos inocentes sin ser tocado por la justicia. En la Brigada participó en montajes, calumnias y estigmatizaciones a través de medios de información corruptos y criminales y de personajes de larga trayectoria criminal como Rito Alejo Del Río”, dice el comunicado.

En los últimos días, varios pobladores del corregimiento de San José han comunicado su preocupación y temor por las amenazas hechas por grupos armados ilegales. Las amenazas, según los pobladores, se han efectuado para que las familias se vean obligadas a vender sus propiedades.

Por esas razones “la Comunidad de Paz se ve en la obligación de declarar públicamente, mediante este documento, su nueva ruptura con la defensoría del pueblo, una institución que de manera tan atrevida viola sus propios principios constitucionales y legales y se afirma, sin pudor ninguno, como institución corrupta y parcializada en favor de los poderosos y en contra de las víctimas y de los sectores más vulnerables de la población”.