La conexión de dos de los principales protagonistas del ‘carrusel de Bogotá’ con el escándalo de corrupción de la UNGRD

El pasado 8 de julio, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca notificó la suspensión de un polémico giro por 180 mil millones de pesos que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) le había enviado al municipio de Girón, en Santander.

Esto, al considerarse que nunca se pudo justificar la emisión del millonario giro, el cual fue firmado por Sneyder Pinilla, en su momento subdirector de riesgos de la UNGRD y actualmente uno de los principales testigos por el desfalco a la entidad.

Este giro, hacía parte de la celebración de millonarios contratos que tenía la UNGRD con el municipio santandereano, el cual se había visto beneficiado gracias a la cercanía y amistad que tenían sus dirigentes políticos con la cúpula de la entidad y con Carlos Ramón González, quien hace dos semanas renunció al cargo de director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Girón, según reveló el medio digital Metropolitano de Bucaramanga, obtuvo tres contratos por 350 mil millones de pesos para la ejecución de tres obras públicas para mitigar el riesgo en el municipio por las fuertes lluvias y un eventual desbordamiento del río de Oro.

Como si fuera poco, estos contratos habrían terminado en manos de empresas que tienen varias conexiones con Emilio Tapia y el llamado grupo Nule, dos de los principales protagonistas del escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá.

En la investigación periodística se señala que para dos contratos, avalados en 233 mil millones de pesos, se aprovechó el decreto de calamidad pública que se firmó para Girón por parte del Comité Municipal de Gestión de Riesgo el 13 de septiembre de 2023.

Por orden del entonces director de la UNGRD, Olmedo López, se le dio celeridad al proceso de cotización y licitación. En este punto, y en tiempo récord, aparecieron varias empresas interesadas para el contrato con sus respectivas protestas.

Tan solo pocos días después, la UNGRD descartó varias de las propuestas y señaló que solamente un oferente cumplía con los requisitos exigidos: la unión temporal Conexión Carrizal.

Los integrantes de la firma Ingeniería Universal Aplicada S.A.S., una de las empresas que hacían parte de la unión temporal, según reveló el medio Metropolitano, tienen una relación directa con Emilio Tapia –quien actualmente se encuentra en la cárcel por el caso de Centros Poblados- y el Grupo Nule.

“Los cuestionados contratistas han recurrido en una frecuente, pero eficaz estrategia: la tercerización empresarial”, señala la investigación periodística. De esta forma, según se encontró en la investigación, los condenados contratistas “camuflan sus empresas con otras firmas, socios o amigos cercanos, lo cual les permite evadir el foco de las autoridades y la opinión pública, y así, lograr quedarse con jugosos contratos”.

Tapia ya había utilizado esta estrategia en 2019 cuando, con la unión temporal Centros Poblados, se quedó con el billonario contrato que tenía como objetivo llevar conexión de internet a escuelas de los municipios más recónditos del país.

En la celebración de este contrato, el MinTIC les otorgó un anticipo de 70 mil millones de pesos para la compra de equipos. Sin embargo, Tapia junto a sus socios utilizó este dinero para gastos personales, el pago de deudas y, como si fuera poco, la compra de obras de arte para su oficina y apartamentos.

En la conformación de esta empresa aparecen los nombres de varios contratistas cartageneros que, en un pasado no muy lejano, tuvieron nexos con los emporios empresariales tanto de los Nule como de Tapia.

“Antes de pasar a manos de los hermanos Castillo Baute, Obras Maquinarias y Equipos Tres A tuvo como socio a Juan Carlos Aldana, primo de Emilio Tapia”, señala la investigación. Otro de los socios de esta empresa también apareció en el consorcio de Centros Poblados.