Sede del IDRECC en Valledupar.
Sede del Idreec en Valledupar. | Foto: Archivo Particular - Cortesía

NACIÓN

La conmovedora imagen del hombre que reclama 31 meses de sueldo encadenado a una silla

César Yesid Carrillo protesta para reclamar el pago como trabajador del Idreec en Valledupar.

13 de julio de 2021

Un hombre encadenado a una silla y en huelga de hambre como mecanismo para reclamar el pago de 31 sueldos atrasados. Abrazado a él, su hijo, en una escena muy conmovedora que se hizo viral en redes sociales.

El trabajador, César Yesid Carrillo, quien según manifestó, lleva 26 años desempeñando el cargo de vigilante en el Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación (Idreec), fue el protagonista de la escena.

El hecho ocurrió en Valledupar, la capital del departamento del Cesar, en las instalaciones del Idreec, donde el protestante dijo estar dispuesto a permanecer encadenado hasta “morir”, con tal de reclamar su pago.

Mientras reclamaba, Carillo lloraba abrazado a su hijo, a la vez que recibía el respaldo de otros compañeros. “Esta situación nos ha enfermado física y psicológicamente, ojalá se conduelan de nosotros. Hoy me he encadenado para que sepan la difícil situación que estamos pasando en la empresa, varias veces he pensado hasta en el suicidio”, narró a medios locales.

Los trabajadores responsabilizaron de la situación del incumplimiento en los pagos al actual gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, (quien fue imputado por la Fiscalía en estos días por problemas con contratos de alimentación escolar), quien, de acuerdo a afirmaciones, no ha querido pagar los salarios “por falta de voluntad política”.

El Idreec completó más de 3 mese en cese de actividades, lo que ha afectado a unos 30 trabajadores, que en su mayoría llevan más de 25 años de trayectoria en carrera administrativa, ya que les adeudan, a parte de los 31 meses de salarios, las primas, cesantías y lo correspondiente a seis meses de seguridad social.

Según la información divulgada, el instituto acumula un pasivo cercano a los 5.000 millones de pesos. Carillo dijo en diálogo con la W Radio que le parece muy doloroso que después de haber entregado su vida de trabajo, hasta ahora nadie le haya planteado una solución, ni le responden por los pagos.

Carrillo, que atribuyó la crisis del instituto al mal manejo de los recientes gerentes, explicó que solo a él le deben unos 40 millones de pesos, y que tuvo que recurrir a este modo de protesta porque ya no tiene como cómprar la comida para su familia ni para pagar los servicios o la seguridad social, además que presenta problemas de salud. “He sobrevivido porque mis amigos me ayudan, entre otras cosas, a comprar los medicamentos”, confesó.

Otra crisis

En ese momento señalaron que la Gobernación del Cesar les debía más de 11 salarios, una deuda que ascendía a los 20.000 millones de pesos. Además, señalaron que el cese de actividades se debía al no direccionamiento de pacientes del régimen subsidiado al hospital, según ellos, debido a una estrategia fraguada para que esta población sea atendida en la red privada de la ciudad, lo que ha ido en detrimento del funcionamiento de la red pública.

Desde ese momento hasta la fecha ha habido diferentes hechos y decisiones para la normalidad de la situación el hospital. Esta semana, por ejemplo, el gobernador Monsalvo anunció que tratando de buscar soluciones definitivas al problema del Rosario Pumarejo de López, se reunió con representantes de los estamentos que conforman la junta directiva, el Colegio Médico y varios especialistas vinculados al centro hospitalario para asegurar, con apoyo de los parlamentarios cesarenses, la participación del Ministerio de Salud y la Superintendencia del ramo en una cruzada para salvar este centro asistencial.

En el encuentro, según contó, dialogaron sobre los distintos factores desencadenantes de la crisis que afronta el hospital, entre ellos que las EPS contratan servicios solo con clínicas privadas, además de que no cumplen con los pagos a la ESE, sumando hasta hoy una deuda de $56 mil millones.

“Además, no se han podido recuperar los recursos por prestación de servicios a población migrante, que suman $38 mil millones, compromiso de la Nación y la deficiencia de la entidad para facturar lo suficiente para ser autosostenible, como lo indican las normas que rigen el sistema de salud”, señaló el gobernador.