La contradicción de Presidencia y Fiscalía en su proyecto anticorrupción

Lanzar la piedra y esconder la mano es la expresión que se utiliza cuando alguien provoca un conflicto y posteriormente niega haberlo hecho. En cierto sentido, eso es lo que está sucediendo con el proyecto de ley que presentó hoy el Gobierno al Congreso. Desarrollado conjuntamente por la Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría de Transparencia, órganos de control (Fiscalía, Procuraduría y Contraloría) y una decena de instituciones públicas, la iniciativa busca una serie de modificaciones legales “que contribuyan a la prevención de los actos de corrupción, la cultura de la legalidad, la corresponsabilidad, la integridad y el buen manejo de los recursos públicos”.

Sin embargo, hay un aspecto en particular de la propuesta que riñe con el proceder reciente de dos de sus autores, la Presidencia y la Fiscalía. Como lo anunció la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y como se confirmó posteriormente en el contenido del documento que se radicó, se planea crear, entre otras cosas, una serie de medidas de protección para quejosos y denunciantes de casos de corrupción. Es decir, se cuidará de posibles represalias futuras a quien prenda las alarmas sobre la posible comisión de delitos en la administración pública.

Pero mientras la semana pasada se ultimaban detalles del proyecto de ley –incluyendo la protección de denunciantes de corrupción–, la Fiscalía anunciaba que imputaría cargos a Diana Díaz, exdirectora de Señal Colombia, por la supuesta utilización de un asunto sometido a reserva. La decisión fue sumamente criticada porque Díaz jamás cometió un crimen. Lo que sí hizo, que requirió valentía de su parte, fue exponer la forma en que su jefe, Juan Pablo Bieri, violentaba groseramente el derecho a la libertad de expresión.

Los hechos se remontan a finales de 2018 cuando Díaz grabó una conversación que sostenía con Bieri, entonces gerente de RTVC, en donde él ordenaba censurar a Santiago Rivas, presentador de Los Puros Criollos, una producción que se transmitía por Señal Colombia. En una especie de castigo por unas declaraciones en las que Rivas criticó al gobierno de Iván Duque, Bieri le indicaba a su subalterna que el programa de televisión debía ser trasladado a una franja horaria distinta debido a las opiniones del presentador. “Matamos la producción”, manifestó a Díaz.

Todo concluyó en que el programa no fue incluido más en la parrilla de programación. Rivas denunció que era víctima de censura por parte de RTVC y sus directivas, pero las acusaciones fueron rotundamente negadas por Bieri. Incluso, aseguró ante los micrófonos de Blu Radio, tajante y sin titubear, que era “egocéntrico” por parte de Rivas pensar que su opinión acerca del proyecto de ley podía acarrear una censura.

Sin embargo, así como un búmeran, la soberbia con la que respondió le jugaría en contra cuando, meses después en 2019, se hicieron públicas las grabaciones de su diálogo con Díaz. En ellas se le escuchaba decir que Rivas no podía contradecir a “la entidad que le da de comer, que le paga un sueldo”, que “no había posibilidad que vuelva a trabajar con esta empresa (RTVC)”, y que “si se vuelve a hacer Los Puros Criollos, se hace con otra persona”, entre varias polémicas declaraciones.

La ola de indignación, como era de esperarse, llegó y se llevó consigo al gerente de RTVC. Dejó su cargo a disposición del presidente, según sus palabras, “para no hacer daño al Gobierno” y evitar ser utilizado como “caballo de Troya” por los detractores del primer mandatario.

Su puesto sería ocupado por Juana González –el actual gerente es Álvaro García– y tan solo un mes después, en marzo de aquel año, denunciaría penalmente a Díaz (quien en una diligencia ante la Procuraduría admitió haberlo grabado) por divulgar un asunto supuestamente sometido a reserva. De esta forma, lo que pudo haber quedado como un traspié que pronto se olvidaría, adquirió una magnitud mayor por cuenta de la actitud revanchista del exgerente. Y, a pesar de esto, regresó triunfante al sector público como asesor de la Casa de Nariño por un contrato de 25 meses y una cuantía superior a los 468 millones de pesos a finales de 2019.

Es decir, Bieri emprendió acciones legales contra Díaz porque denunció un acto irregular que él cometió. Si el proyecto de ley que propone el Gobierno estuviera vigente, Díaz estaría protegida ya que actuó como una ciudadana ejemplar y destapó el cuestionable accionar de su jefe. Adicionalmente, no se entiende cómo un funcionario de la rama Ejecutiva busca que se castigue penalmente una acción que el mismo Gobierno está buscando proteger.

De igual forma ocurrió con la Fiscalía. El ente acusador, a pesar de estar participando activamente en la redacción del proyecto de ley, al anunciar la imputación de cargos decidió mover un proceso que completaba año y medio quieto y que pretendía condenar a una mujer que denunció una irregularidad. Por si fuera poco, dentro del mismo proceso, ordenó una inspección judicial a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) –organización a la que Díaz entregó las grabaciones de Bieri y solicitó orientación– con el fin de verificar los registros de ingreso y salida de visitantes. La diligencia nunca se llevó a cabo porque dichos registros no existían. En otras palabras, no tuvo lugar por circunstancias ajenas a la propia Fiscalía.

El hecho fue severamente criticado, pero no disuadió al ente de emitir un comunicado en el que reafirmaba sus actuaciones y hacía un llamado a “la prudencia”.

Reconocidos abogados como Catalina Botero, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, y Rodrigo Uprimny, fundador de Dejusticia, enfatizaron en el grosero error que llevó a cabo la Fiscalía y expusieron la necesidad de que en el país se creara una ley que proteja a los ‘whistleblowers’ o alertadores, personas que denuncian afectaciones al interés público. Justo en ese proceso de creación intervenía la Fiscalía y aun así optó por fijar fecha para vincular a Díaz en una investigación que no tiene pies ni cabeza. Aunque ya el fiscal general Francisco Barbosa se reunió con la FLIP y se comprometió a revisar el caso –convocó un comité técnico– , todavía no es claro si este se caerá. Pero, más allá de lo que suceda, quedan dudas sobre la coordinación en el ente acusador y qué tan unificados están sus criterios.

Y lo mismo podría preguntarse en el Gobierno. No es claro cómo Juan Pablo Bieri, actual asesor del presidente, no ha desistido de una denuncia que va en contravía de uno de los proyectos bandera del Ejecutivo en esta legislatura. De hecho, la lucha contra la corrupción fue uno de los temas en los que Duque más insistió en su campaña. Y Bieri bien lo sabe porque fue su director de comunicaciones en la contienda electoral.