La ‘contrarreforma’ que nadie quiere

En la comisión primera del Senado hay un proyecto al que le están sacando el cuerpo los congresistas. "No hay ambiente", es la frase que se oye en la célula legislativa. Se trata de una propuesta que busca reformar la Ley 1475, que estableció el régimen de sanciones a las directivas de partidos políticos y de movimientos, aprobada hace apenas unos meses.

Esta semana, por tercera vez, se aplazó su discusión, pese a que está radicado desde septiembre pasado. Sus impulsores son tres directores de partidos: Rafael Pardo (quien dejó la dirección liberal desde que asumió el Ministerio de Trabajo), José Darío Salazar (conservador) y Juan Lozano (de La U), que advirtieron, muy tarde, que se les fue la mano con la ley y ahora quieren reversar algunos de sus efectos. La razón es muy simple: en las pasadas elecciones los partidos políticos avalaron candidatos cuestionados y la responsabilidad recae sobre sus directores. Algunos candidatos no solo están investigados por la justicia, sino que podrían ser condenados y la Ley 1475 consideró una falta avalar candidatos que "hayan sido condenados o llegaren a serlo durante el periodo para el cual resultaren elegidos", por delitos relacionados con la vinculación a grupos ilegales, narcotráfico o de lesa humanidad.

En otras palabras, quienes dirigen los partidos son los responsables de permitir colados en sus listas y podrían recibir sanciones que van desde la suspensión del cargo hasta la expulsión del partido. El primer cambio a la ley busca eliminar la frase "hayan sido… o llegaren a serlo…", pues en criterio de los impulsores no hay forma de saber si un candidato avalado por un partido puede terminar condenado.

Además, el proyecto de ley contiene nuevos grados de sanción para los partidos y movimientos políticos. La ley vigente establece la suspensión de la financiación estatal, de la personería jurídica y de la posibilidad de inscribir candidatos, entre otras sanciones. Y el texto impulsado por los directores de los partidos agrega "amonestaciones" y "multas", todo con el fin de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) considere otras sanciones menos rígidas, dependiendo del grado de la falta.

A pesar de que el proyecto suena razonable, porque no se le puede imputar toda la responsabilidad al director de un partido de los delitos que cometan las personas elegidas, la propuesta es impopular en el Congreso. En la Comisión Primera del Senado no hay quién se le mida a defenderla, pues temen que les lluevan rayos y centellas después de haber anunciado una ley para castigar drásticamente la responsabilidad de los partidos con la parapolítica y la farcpolítica.

En las elecciones pasadas, pese al intento de depuración, los partidos no lograron impedir que participaran todos los candidatos que estaban bajo la lupa. El caso más emblemático fue el de Cambio Radical, cuyo presidente, Carlos Galán, extemporáneamente pidió revocar la candidatura de 308 candidatos. Solo 171 fueron inhabilitados porque sobre ellos pesaban sentencias. Los demás, entre ellos el concejal César Acosta (quien fue denunciado por Gina Parody por la supuesta reunión que sostuvo con un jefe paramilitar), participaron en las elecciones. Él, por ejemplo, fue reelegido.

La semana pasada, el presidente del CNE, Joaquín José Vives, reiteró que ese organismo no puede hacer nada y que los candidatos cuestionados que ganaron las elecciones se posesionarán en sus cargos. Y varios de los senadores de la Comisión, como el liberal Juan Fernando Cristo, insisten en que están impedidos para votar el proyecto pues entregaron avales por autorización de sus partidos, lo cual los enfrenta a un conflicto de interés. Así las cosas, los jefes de las organizaciones políticas tienen razón de estar asustados.