Gobierno y Defensoría vuelven a enfrentarse, esta vez por riesgos electorales

El proceso electoral que vive el país tiene dos caras en materia de orden público. Respecto a las elecciones para Congreso, el próximo 11 de marzo, la Defensoría del Pueblo alertó que hay 287 municipios que están en riesgo de sufrir algún tipo de intervención por parte de un grupo ilegal, pero -por otro lado- el Gobierno dice que eso está conjurado y que ya se adoptaron las medidas necesarias para evitar ese tipo de incidentes.

Estas elecciones serán las primeras en un un escenario de posconflicto, pues es el primer llamado a urnas desde la firma de la paz con las Farc y, por ende, se anticipaba que los riesgos de ataques violentos durante las votaciones deberían ser prácticamente cero. Pero parece que no es así y las versiones encontradas del Gobierno y la Defensoría despiertan dudas.

Este jueves,  el defensor del Pueblo, Carlos Negret ofreció una conferencia de prensa en Bogotá para hacer público un informe de alertas tempranas en el que dejó claro que en el 25 por ciento de los municipios de Colombia -en 29 departamentos- existe una alta posibilidad de que se registre algún acto violento el 11 de marzo.

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El funcionario explicó que, tras el trabajo de campo que se realizó en las últimas semanas, se pudo constatar que de los 287 municipios que tienen riesgo, 87 están calificados en riesgo extremo, 91 en riesgo alto y 109 en riesgo medio.  

Los datos arrojados durante el trabajo de campo indican que la guerrilla del ELN, que se niega a aceptar un nuevo gesto de paz para destrabar las negociaciones de Quito (Ecuador), es el grupo ilegal que mayor riesgo representa en materia de orden público de cara a las elecciones. Tienen capacidad de golpear, según la Defensoría, a 148 municipios.

Esta guerrilla, que tras la finalización de la tregua en enero pasado retomó los ataques terroristas para demostrar poder bélico, tiene incluso la capacidad de golpear a Bogotá durante la jornada del 11 de marzo.

Además, siempre acudiendo a lo revelado por la Defensoría, hay altas posibilidades de que insidan las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en 127 municipios; las disidencias de las Farc en 78; otros “grupos posdesmovilización” en 70; y los reductos del EPL en 17.

“Ningún grupo armado ilegal, a la fecha, ha manifestado públicamente querer atentar contra el certamen electoral. No obstante, su simple presencia, así como las acciones desplegadas recientemente, pueden afectar la libertad de los electores y de los candidatos en este proceso democrático”, advirtió el Defensor del Pueblo.

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Este crudo panorama, presentado justo cuando la bandera de la paz sigue siendo prioridad para el Gobierno de Juan Manuel Santos, no cayó muy bien en algunos sectores del Ejecutivo que vienen implementando medidas para evitar que la violencia sea un factor de riesgo en estas elecciones.

El primero en contestar fue el vicepresidente de la República, el general (r) Óscar Naranjo, quien por instrucción de Santos viene liderando la estrategia de prevención de acciones armadas en todo el país durante los comicios para Congreso y para Presidente.

Desde Montería (Córdoba), donde este jueves participó de una comisión de seguimiento electoral, Naranjo aseguró que “estos riesgos (...) para nada son comparables con los de comicios anteriores. Hay una disminución notable de los riesgos donde los municipios en riesgo extremo han disminuido con relación a otros comicios, donde las condiciones generales de seguridad, de convivencia y de violencia también han disminuido”.

Y con más vehemencia, en especial recordando que el propio Negret ha participado en reuniones con el alto Gobierno en las que se atienden el tipo de alertas que emitió este jueves, también se pronunció el ministro del Interior, Guillermo Rivera. Dijo que “él fue testigo de cómo nuestra Fuerza Pública y las autoridades tienen tareas muy concretas para que esos riesgos queden conjurados”.

Rivera, de extracción liberal, y Negret, proveniente del partido de la U, tuvieron hace dos semanas otra controversia pública también por un tema de alertas tempranas. El Defensor aseguró que el Ministro prácticamente engavetó un documento que advertía de los riesgos que corren los defensores de derechos humanos, luego lo desmintió mostrando unos correos que evidenciaban que sí se le había dado trámite. Igual, la herida quedó abierta.

Es por eso que esta vez, ante las amenazas de orden público de las que advierte el Defensor del Pueblo, el Ministro del Interior insistió en que ya se están tomando medidas para conjurarla y que eso debería tenerlo en cuenta a la hora hacer públicos estos documentos.

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“Esta alerta la vamos a atender, pero creemos que sobre sus recomendaciones, semanas atrás, ya habíamos tomado decisiones que nos permiten decir que los riegos que él (Negret) emite ya están cubiertos y perfectamente conjurados”, puntualizó Rivera.

Lo cierto es que hay expectativa por qué tan tranquilas y libres de acciones violentas estarán estas elecciones, pues la firma de la paz debería traducirse en reducir prácticamente a cero este tipo de riesgos, pero este tipo de controversias entre dos funcionarios con un marcado origen político abren un nuevo debate en torno a este aspecto. La alerta quedó sobre la mesa.