La conversación entre un policía encubierto y una trabajadora sexual que desenmascaró una red de trata de personas

En Villanueva, La Guajira, estaba ubicado el prostíbulo conocido por como ‘La mansión de la belleza’, que llevaba años funcionando y tenía varios clientes de la región. Todos llegaban a la casa esquinera de rejas oscuras y fachada blanca con azul. Sabían que al interior del establecimiento había mujeres dispuestas a complacer sus deseos sexuales.

Acá toda la conversación que se dio al interior de una de las habitaciones del prostíbulo:

Un cliente pagaba entre $50.000 y $180.000, según el servicio que quisieran. Las tarifas fueron establecidas por un hombre identificado como El Chamo, encargado de cobrar el dinero. Inicialmente se pensaba que era administrar mejor las cuentas, pero en realidad lo hacía para privar a las mujeres del pago por sus servicios ofrecidos. Tras casi año y medio de investigación, se supo que ellas eran obligadas a satisfacer a los clientes, pero no recibían el dinero correspondiente.

Los investigadores de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, (Dijin) de la Policía Nacional durante 16 meses le siguieron la pista a una organización transnacional que falsificaba permisos especiales para que ciudadanos venezolanos vinieran a trabajar a Colombia. Cuando se dieron cuenta que la mayoría eran mujeres y ejercían las prostitución, decidieron infiltrar la organización enviando a agentes que se hacían pasar por clientes.

Un policía encubierto llegó a la casa de pared blanca con azul, pagó el servicio al hombre identificado como El Chamo, quien le presentó a la mujer con la que pasaría “un rato”. Efectivamente era venezolana.

Ya en la habitación, el uniformado vestido de civil se ganó su confianza y logró que ella le contara la tragedia que vivía al interior de esas cuatro paredes. El testimonio es desgarrador. Describió como durante ocho meses ha estado obligada a pagar una supuesta deuda que adquirió con los dueños del establecimiento por aparentemente legalizar su estadía en el país.

“Aquí hay que pagar un poco de plata. Aquí el rato que pagaste eso no es mío”, le dijo la mujer, identificada con el nombre falso de Camila, al Policía encubierto. Ella le indicó por qué razón no cogía ese dinero: “eso le queda a él (El Chamo) porque tengo una deuda con él. Yo no recibo plata mi amor”, ratificó.

Las autoridades identificaron que la organización estableció una dinámica para que estás mujeres siempre estuvieran endeudadas y así someterlas, laboral, sexual y económicamente.

La deuda iniciaba con el trámite del permiso especial de permanencia, que obtenían de manera fraudulenta, el cual oscilaba entre $250.000 y $500.000. Luego les cobraban arriendo por el lugar a dónde eran llevadas luego de tener la documentación y por la alimentación. Así que ellas prácticamente no recibían en sus manos el pago de los clientes.

Camila dijo textualmente durante la charla: “Por eso es que nosotras trabajamos y trabajamos y nunca tenemos nada. Porque de un millón vemos una miseria. De 400 veo 100 mil pesos, apenas”. Y explicó al investigador : “Mi amor mira, 70 mil pesos a la semana y 35 mil la cena, ¿Cuánto da? Ciento y pico ya ¿verdad? Entonces del ciento y pico él aumenta. Que si tal cosa, que si esto, que si aquello, y ya viene siendo 200 y pico, 300 mil y pico. Ahora él me sacó la cuenta y yo hice 400 mil pesos a la semana ¿Y sabe cuánto me dio de 400? El investigador le pregunta: “¿cuánto?” Y ella le responde: “100 mil pesos”.

La mujer, de 22 años, asegura que el poco dinero que recolecta se lo envía a sus padres en Venezuela, quienes lo necesitan para poder alimentarse y comprar medicamentos. Contó que lleva ocho meses en la misma situación y que demoró dos semanas para reunir 100 mil pesos y poder enviárselos a ellos y que se se quedó sin dinero, ni siquiera para sus cosas personales. Esa situación facilita que el cabecilla de la organización siga manipulándola a ella y a sus compañeras.

Dice que su deuda va en 200 mil pesos, una cifra que parece poco para muchos, pero que en realidad la tiene maniatada. Espera sacrificarse aún más para poder salir de esas cuatro paredes que tanto la atormentan.

El general Fernando Murillo, manifestó que ella es solo una de las víctimas. La organización había logrado extender sus tentáculos hasta Cúcuta, Valledupar y varios municipios de Cundinamarca. En un operativo en conjunto con Migración Colombia desmanteló la organización y se rescataron a nueve mujeres.

El general Murillo aseguró que también fue posible rescatar a una menor de edad y señaló que en la misma casa donde se encontraba Camila se evidenciaron claros tratos inhumanos: “el inmueble tenía una habitación de aproximadamente 12 metros cuadrados en la que a veces, llegaba a mantener retenidas a más de 20 mujeres, sometidas a vejámenes en condiciones deplorables, sin recibir nada a cambio por los servicios sexuales a los que eran obligadas a tener bajo el pretexto de poner al día deudas adquiridas que no eran consentidas por las víctimas”.

Los investigadores reportaron que en el desarrollo de la operación se incautaron aproximadamente 5.000 folios con múltiples trámites de identificación, 80 cédulas de ciudadanía, 500 copias de registros civiles, 10 pasaportes, 109 sellos de diferentes juzgados de entidades públicas, privadas, nacionales y extranjeras de países como Colombia, Venezuela, Panamá, República Dominicana y Francia, 06 sellos de presión de la Diócesis de Cúcuta, de Notariado y Registro de Colombia, del SAREN (Servicio Autónomo de Registros y Notarías), de Registros Notariales y del Ministerio del Interior de Venezuela, 6 equipos terminales móviles y 2 computadores.

Para hacer la documentación falsa, los delincuentes contaron con la complicidad de funcionarios de Migración Colombia. De hecho, esta entidad arrancó la investigación tras recibir varias denuncias por parte de ciudadanos. En total se capturaron siete personas, entre ellas un oficial de Migración adscrito a la oficina de Valledupar. Situación que rechazó y lamentó el director de la institución, Juan Francisco Espinosa Palacios, “Aunque nos duele profundamente esta situación queremos reiterar que no vamos a permitir ningún acto de corrupción al interior por pequeño que sea. Se tendrán tantas capturas como sean necesarias pero la corrupción no es bienvenida en Migración Colombia”, puntualizó.

Por su parte, alias El Chamo, quien responde al nombre de Luis Enrique García Ramírez, cabecilla del grupo de delincuencia común organizada ‘Los P.E.P Web’, es un ciudadano colombiano sobre quien recae una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de migrantes, trata de personas, proxenetismo con menor de edad y falsedad ideológica en documento público. Además de tener notificación azul de INTERPOL con la finalidad de ser ubicado y localizado en 196 países del mundo”.