La Corte Suprema tiene más de 600 casos abiertos a candidatos al Congreso

En este 2018 se harán relevos cruciales en el manejo del poder en Colombia. La ciudadanía se apresta a elegir a un nuevo Congreso de la República y al próximo inquilino de la Casa de Nariño. Y, como con todo cambio, hay expectativa sobre la idoneidad de quienes ocuparán esos cargos claves para el funcionamiento del Estado.

La elección que se viene primero será la legislativa, el 11 de marzo, y es por eso que los ojos de las autoridades electorales están puestos en las hojas de vida de quienes aspiran a lograr una curul en la Cámara o el Senado. La intención es alertar desde ya si existe algún tipo de impedimento.

En un primer ejercicio de verificación de antecedentes y posibles riesgos sobre los aspirantes, elaborado por la Ventanilla Única Electoral Permanente, del Ministerio del Interior, se encontró que actualmente hay 631 candidatos con algún tipo de proceso pendiente ante la Corte Suprema de Justicia.

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Tras consultar 5.679 cédulas de candidatos inscritos por 14 partidos políticos y 2 grupos significativos de ciudadanos (por firmas), también se encontró que 103 de ellos presentan antecedentes judiciales o algún tipo de condena -ya sea vigente o extinta- ante la Policía Nacional.

La situación, además, generó una alerta porque de esos reportes se encontraron 76 candidatos con algún registro de delito penal, lo que eventualmente puede derivar en una inhabilidad legal para inscribirse como aspirante y, por ende, en sanciones a las colectividades que les dieron el aval.

En este grupo de delitos penales se registran casos de narcotráfico, inasistencia alimentaria, concierto para delinquir, estafa y, entre otros, homicidio.

Guillermo Rivera, jefe de la cartera política, advirtió que “si una persona está inhabilitada, y conociendo de esa inhabilidad es inscrita, eso ya es hoy un delito”. A lo que se refiere, en plata blanca, es a que las directivas de las colectividades que les dieron el apoyo de inscripción podrían responder por estas irregularidades.

La información sobre quiénes son las personas incursas en este tipo de procesos, con eventuales consecuencias directas para las directivas de los partidos, es de carácter privado y, por ello, los nombres solo los tienen las mismas colectividades. No obstante, se han hecho públicos este tipo de informes para que se tomen medidas que eviten que al nuevo Congreso llegue gente que desde ya se sabe que está inhabilitada.

Y, según la información de la Ventanilla Única Electoral Permanente, a todo esto se le debe sumar que otros 45 candidatos tienen algún tipo de pendiente disciplinario ante la Procuraduría y otros 3 ante la Contraloría, pero de carácter contractual.

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Claro que aquí no para la cosa. Ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) se han presentado, a la fecha, 57 solicitudes de revocatorias de inscripción de candidatos, las cuales están argumentadas en diferentes motivos. 32 de ellas recaen sobre candidatos a la Cámara y las 25 restantes versan en torno a aspirantes al Senado.

Si bien hay registro de todos los partidos, se puede anticipar que algunos de los casos más polémicos para resolver en los despachos de los magistrados del CNE correrán por cuenta de las revocatorias que se piden a los candidatos del nuevo partido Farc (Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia), no solo por los argumentos, sino por el impacto simbólico de estos aspirantes que hacen parte de quienes dejaron las armas y ahora militan en democracia.

Entre estos casos se destacan los de Iván Márquez, Pablo Catatumbo y Victoria Sandino, pues estos tres candidatos de la Farc hicieron parte de la mesa de negociación de La Habana que derivó en su desarme y son cuadros directivos importantes del movimiento político de la ahora exguerrilla.

Si bien el análisis del CNE debe ser eminentemente jurídico, la carga política en estos casos no es poca, pues se sabe que esta colectividad tendrá 5 curules en el Senado y 5 más en la Cámara producto de las negociaciones de paz y sus voceros -entre ellos estos tres- han dicho que evitar su llegada al Capitolio podría traducirse en un intento por bloquear la implementación del posconflicto,

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El caso es que estos dos documentos, el del Ministerio del Interior y el del CNE, dejan claro que no son pocos los candidatos que tienen cuestionamientos judiciales o administrativos que deberían ser resueltos antes de las elecciones del 11 de marzo. Incluso, por sinceridad con el elector, las propias colectividades deberían informar quiénes son estas personas y las actuaciones que han realizado. Lo que está en juego es la transparencia democrática.