La Corte Suprema tocó fondo; autonomía judicial amenazada por falta de quórum

El 23 de enero, cuando 16 magistrados de la Corte Suprema de Justicia celebren su primer encuentro de 2020, la crisis en este tribunal llegará un punto de no retorno. Ese día, el actual presidente de la corporación, Álvaro García Restrepo, deberá dejar esta dignidad y la escogencia de su sucesor se someterá a votación. Este asunto –que por reglamento debe ser lo primero en el orden del día– detonará el desplome definitivo de la autonomía del máximo tribunal.

La decadencia comenzó desde el 11 de diciembre de 2018, cuando el Consejo Superior de la Judicatura publicó cuatro listas de aspirantes a ocupar igual número de vacantes en el tribunal de cierre. Los meses pasaron, otros magistrados dejaron la corte, y la falta de consensos llevó a que de los 23 magistrados reglamentarios quedaran solo 16.

Esta cifra constituye a su vez la mínima votación exigida para tomar decisiones cruciales, como reemplazar a los siete magistrados que faltan o elegir a un fiscal general en propiedad. Con una arista adicional: el 28 de febrero saldrá de la corte por periodo cumplido el magistrado Ariel Salazar, lo que significa que el tribunal se quedará sin quórum y perderá cualquier posibilidad de recuperarse solo. La única salida sería que el presidente de la república interviniera.

La explicación al prolongado bloqueo interno de la corte es conocida. A quienes aspiran a conseguir consensos se atraviesan los que prefieren mantener el control de las mayorías en la corporación o van tras la torta burocrática. Por todo eso, la coyuntura de la elección del próximo fiscal, que controla 22.000 cargos, la cosa está al rojo.

Históricamente, la corte ha sorteado la situación mediante acuerdos previos entre las salas (Civil, Laboral y Penal) para presentar a sus candidatos de preferencia que los demás respalden. Pero, este año, todos los intentos han sido torpedeados con votaciones en blanco. En la Sala Penal han llegado a hablar hasta de traición, pues hay un puñado de candidatos que alcanzan votos en Sala Plena (hasta siete) sin que nadie asuma de frente su respaldo. Esta particularidad preocupa porque entre los nombres hay aspirantes con pasado oscuro.

Antes del cierre del año, los magistrados quemaron las últimas cartas para superar la crisis. Propusieron el voto público, barajaron nuevos candidatos para las salas, y el presidente Duque aceleró el envío de la terna a pesar de su manifiesta reticencia a quemar a sus alfiles en una elección bloqueada. Pero nada funcionó para evitar el próximo desenlace.

Costeños vs. Paisas

El actual vicepresidente de la corte, el cordobés Jorge Luis Quiroz, pujará por la presidencia con su colega de la Sala Laboral. 

Los magistrados llegarán de vacaciones este lunes y se encontrarán con una situación devastadora. A la pelea de puestos se le sumará la elección de presidente y vicepresidente de la corte. Por tradición, debería ocupar la presidencia Jorge Luis Quiroz, magistrado cordobés que viene de ser vicepresidente. Pero a su aspiración le saldrá la competencia de su compañero en la Sala Laboral, el magistrado manizaleño Gerardo Botero.

El manizaleño Gerardo Botero peleará la presidencia de la corte. Su candidatura tendría el respaldo del llamado ‘bloque paisa’.

La división de la sala laboral viene del año pasado cuando en medio de otro letargo, Botero retiró su aspiración a la vicepresidencia en favor de Quiroz. A esta pugna se le conoció como ‘paisas contra costeños’, y desde entonces se sabía que a futuro traería una verdadera sinsalida pues ninguno daría su brazo a torcer ante la posibilidad de ocupar la presidencia.

En este contexto, muchos temen que se avecine un último evento fulminante. Hay quienes rumoran que el magistrado Ariel Salazar precipitará su salida de la corte y presentará su renuncia inmediata. Esto implicaría que el quorum quedaría deshecho en cuanto se la acepten. SEMANA contactó a Salazar, quien no confirmó ni negó esta posibilidad. 

Magistrado que se respete no quiere pisar las escalinatas del Palacio de Justicia este lunes, porque viene un golpe al principio de separación de poderes y al sistema de pesos y contrapesos establecido en la Constitución de 1991. A pesar de que el presidente de la república está sujeto al control de la Corte Suprema, esta deberá acudir a él para salvar el futuro del máximo tribunal.

El presidente Iván Duque se adelantó a sus propios planes y precipitó el envío de la terna para elegir fiscal general, a pesar del bloqueo interno de la corte. Los abogados Camilo Gómez, Clara María González y Francisco Barbosa no han conseguido la votación necesaria para salir electos. Barbosa va a la cabeza con 10 de 16 votos necesarios.

Algunos creen que no necesitan la intervención del Ejecutivo y que la corte puede reformar autónomamente su propio reglamento para modificar el quorum. Un intento en este sentido salió muy mal en el pasado cuando eligieron a Viviane Morales como fiscal general. En ese momento, solo había 18 despachos ocupados y ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo para darle 16 votos a alguno de los candidatos, acudieron a una interpretación de la regla. Según ellos, la expresión “integrantes” se refería a los magistrados presentes y no a la totalidad de los miembros que deben integrar la corporación. Con esta jugada, declararon electa a Morales con 14 votos en una decisión que posteriormente tumbó el Consejo de Estado.

El único antecedente de una corte sin quorum ocurrió luego del holocausto al Palacio de Justicia, cuando murieron 11 magistrados de este tribunal. El presidente Belisario Betancur tuvo que decretar el estado de conmoción interior y expedir un decreto para solucionar el lío. Solo sobrevivieron 12 magistrados, y en consecuencia, la normativa presidencial redujo el quorum y la mayoría para alcanzar decisión quedó en 8 votos. Algo similar tendría que ocurrir ahora solo que ya no sería ocasionado por el peor ataque a la justicia sino por el apetito voraz de los magistrados que van tras cargos burocráticos.

Este tribunal edificó su confianza a lo largo de muchos años, a partir de sentencias que cambiaron el rumbo del país: sus magistrados castigaron el proceso 8.000, desmantelaron la parapolítica y la yidispolítica. El Palacio de Justicia desapareció por las posturas inamovibles de los magistrados frente a la extradición de capos de la mafia; en sus peores enfrentamientos con el Gobierno, a la imponente sala plena donde sesionan le fueron instalados micrófonos para chuzar sus deliberaciones. Esta entidad se ganó a pulso su independencia pero está a punto de perderla por la incapacidad de sus actuales integrantes.