La cronología del Caso Uribe, según la Fiscalía, en la nueva solicitud de preclusión del proceso en contra del expresidente

La Fiscalía, en el inicio de su argumentación para solicitar la preclusión en favor del expresidente Álvaro Uribe, hizo un relato cronológico del proceso que tiene en este enredo al exmandatario. El fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Javier Contreras, arrancó su explicación con un video donde el expresidente Uribe hace una intervención en sus redes sociales y tras una decisión de la justicia.

El Caso Uribe, según la Fiscalía, inició con la compulsa de copias que hizo la Corte Suprema de Justicia en contra del expresidente Álvaro Uribe, en la misma decisión que se abstuvo de investigar al senador Iván Cepeda, por la presunta manipulación de testigos. Se trata de un importante pronunciamiento que convirtió al expresidente de denunciante a investigado. La decisión fue firmada por los magistrados el 16 de febrero de 2018 con el radicado 52601.

El video que expuso la Fiscalía con un pronunciamiento del expresidente Uribe, está fijado el 18 de febrero de 2018, es decir, dos días después de conocer la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que lo dejó como investigado. En ese pronunciamiento el expresidente dice que la decisión de la Corte fue “peregrina”, sobre todo porque no tuvo en cuenta las pruebas que señalaban al senador Iván Cepeda. Lo calificó de “descarada impunidad”.

“Pregunto señores magistrados, quién es el enlace del senador Iván Cepeda en la Corte Suprema de Justicia. La Corte llega al abuso interpretar una conversación en la cual le preguntó a una persona sobre una noticia judicial en mi contra… El ejercicio legítimo a la defensa he buscado a personas y otras se han acercado en procura defender a mi familia, acaso esto es manipulación de testigos”, dijo el expresidente en ese momento y en el video.

El fiscal Contreras señaló el 22 de febrero de 2018 como una fecha importante, por un documento que radicó el abogado Reinaldo Villalba, como representante legal del senador Iván Cepeda, para advertir de los hechos que, a su consideración, constituyen una manipulación de testigos y un riesgo de seguridad para su cliente.

Ese mismo mes la Corte Suprema de Justicia arrancó con las diligencias de declaración en el proceso que nacía en contra el expresidente Uribe. La primera fue un testimonio que rindió el principal testigo contra el exmandatario, se trata de Juan Guillermo Monsalve, que desde la cárcel La Picota en el sur de Bogotá, reiteró sus señalamientos, que incluyeron las supuestas presiones para declarar en el proceso.

La Fiscalía continuó con su intervención, aunque afectada por fallas técnicas, propias de la virtualidad que hicieron un tanto tedioso escuchar algunas declaraciones expuestas para argumentar cada evento de la cronología, al punto de que fue necesario suspender por dos horas la diligencia y así permitir al fiscal resolver las fallas de la trasmisión y de paso almorzar.

Del expediente en poder de la Fiscalía se sabe que el 24 de julio de 2018 la Corte Suprema llamó a indagatoria al expresidente Uribe y dos meses después se supo que la misma Corte interceptó por “error” el teléfono del expresidente Álvaro Uribe al considerar que era el número del excongresista Nilton Córdoba, en el marco de otro proceso.

Casi un año más tarde, en julio de 2019, la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a interrogatorio al expresidente y el entonces representante Álvaro Hernán, hoy día también acusado por la misma Corte. Un año después la Corte, el 4 de agosto de 2020, ordenó una medida de aseguramiento en contra del expresidente, lo enviaron a la detención domiciliaria.

Luego llegó la renuncia del expresidente Uribe a su cargo como senador y así el proceso pasó a la Fiscalía, que después de varios meses formalizó la solicitud de preclusión en favor del exmandatario. Las diligencias siguieron y en abril de 2022 la juez a cargo del proceso negó la preclusión y ordenó continuar con la investigación.

Un mes después la Fiscalía reasignó el proceso. Salió del despacho de Gabriel Jaimes y pasó al fiscal Javier Contreras, que tras hacer varias verificaciones llegó a la misma conclusión, era necesario precluir y así lo solicitó a la justicia que fijó para este 10 de octubre el inicio de las audiencias para discutir la legalidad de precluir el proceso.