La decana del mal: jueza niega prescripción de caso de Silvia Gette

Por considerar que el delito del cual se le señala tiene el agravante de que fue cometido mientras cumplía un servicio público, la Jueza 10 Penal del Circuito de Barranquilla negó la solicitud de preclusión hecha por la defensa de Silvia Gette Ponce, en medio del proceso que se le sigue por abuso de confianza calificado en concurso homogéneo y sucesivo.

Los hechos a los que ser refiere la jueza son los ocurridos cuando Gette se desempeñó como rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, en los que se habría autoprestado 1.073 millones de pesos de manera ilegal.

La togada, contrario a la petición, señaló que la prescripción de la acción penal es de 81 meses y solo han pasado 62 meses desde el inicio del proceso por los hechos ocurridos en el año 2011.

Entre los argumentos planteados por la Fiscalía contra la petición de la defensa de la exrectora, estuvieron supuestas maniobras de dilatación del proceso y la suspensión de términos debido a las restricciones establecidas en la rama judicial del país debido a la pandemia del covid-19.

Ahora, debido a que la defensa de Gette apeló la decisión de la jueza, en segunda instancia estará en manos del Tribunal Superior de Barranquilla

La Fiscalía, por su parte, solicitó durante la audiencia virtual celeridad en las decisiones jurídicas del caso, con el objetivo de que lo más pronto posible sea dictada la condena correspondiente.

Antecedentes

Una investigación publicada por SEMANA en septiembre del año 2013 bajo el título “Silvia Gette, la decana del mal” reveló que en los primeros meses de ese año le universidad le giraba a su red de empresas familiares 36,5 millones de pesos diarios, sin contar la plata que le ingresaban por otros negocios y algunas propiedades que tenía.

Para ser exactos, la entonces rectora tuvo ingresos de al menos 1.095 millones de pesos mensuales girados de la universidad, entre otros, por conceptos como 45 millones de pesos de salario; 99 millones por la pensión de Mario Ceballos, su fallecido esposo; 30 millones de auxilio para sus hijos; 31 millones por arriendos de edificios al servicio de la institución; y el pago de contratos que tenía la universidad con firmas de propiedad de Gette, como el Instituto de Lenguas del Caribe, la Academia de Arte y Cultura del Caribe, y Ponce Visión, empresa de publicidad.

La red de beneficios económicos alrededor de Gette Ponce y su familia, sin embargo, eran solo la punta de un enramado criminal que se ha ido destapando con los años. Y que tuvo como uno de sus nudos iniciales las declaraciones dadas en septiembre de 2011 por cuatro de los más temibles paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia la señalaron de haberles pagado 150 millones de pesos, en 2003 para matar a Fernando Cepeda, el esposo de María Paulina Ceballos, su hijastra, heredera principal de la Uniautónoma.

Pero, fue tal el saqueo sobre la Universidad Autónoma del Caribe que esta vive hace algunos años su peor crisis económica, en medio de la cual se han dejado de pagar salarios y ha redundado en una disminución considerable del número de estudiantes y empleados.

Según las últimas cifras conocidas extraoficialmente con base en proyecciones hechas por el Ministerio de Educación los compromisos económicos de las Uniautónoma ascienden a 100.000 millones de pesos.

La gran crisis de una institución de educación superior que llegó a tener 15.000 estudiantes empezó con la llegada a la rectoría de Silvia Gette, y se complicó con su líos legales y judiciales. En mayo de este año fue acusada por la Fiscalía como presunta responsable del crimen del arquitecto y ganadero Fernando Cepeda Vargas. Antes ya había sido condenada en el mismo caso por el soborno a testigos y por la realización de un auto préstamo de un millón de dólares con plata del centro de estudios.

Pero, para muchos la cereza del postre caótico en que se convirtió la universidad de Barranquilla tras la salida de Gette, fue la llegada a la rectoría de Ramsés Vargas Lamadrid a la rectoría, quien es es señalado por la Fiscalía de desfalcar a la Uniautónoma en por lo menos 16.000 millones de pesos, provenientes de matrículas y pagos de estudiantes, que habrían sido sacados de la universidad en unas bien custodiadas bolsas negras.