La declaración reservada del asesor de Uribe

En los 23 cuadernos reservados que componen el expediente contra Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos, el nombre de Fabián Arturo Rojas Puertas aparece una y otra vez. A sus 35 años, este asesor se convirtió en la mano derecha del expresidente senador para manejar múltiples asuntos de su Unidad de Trabajo Legislativo. Su destacado trabajo con la senadora Paloma Valencia lo puso en noviembre de 2017 a trabajar directamente con el líder del Centro Democrático hasta febrero de 2019, cuando se retiró para intentar cumplir sus propias aspiraciones políticas.

La fluida comunicación con su jefe, según él de varias veces al día, se rompió por completo con su salida del Capitolio. Por lo menos así se lo afirmó a la Corte Suprema de Justicia el 26 de noviembre, cuando atendió el llamado de la justicia y durante cuatro horas respondió las preguntas del magistrado instructor César Reyes en una declaración bajo juramento. Rojas estuvo al lado de Uribe en 2018, el año en que la denuncia de este contra el senador Iván Cepeda se le convirtió en una investigación por supuestamente manipular testigos. Ese expediente derivó en el llamado a indagatoria al expresidente.

En medio del precipitado giro del caso, Uribe se distanció de sus abogados titulares, Jaime Lombana y Jaime Granados. Rojas afirmó que el expresidente estaba insatisfecho con sus penalistas de cabecera y por eso le delegó la interlocución con ellos. Además, le encomendó la labor de servir de enlace con Diego Cadena, otro abogado de Uribe cuyo nombre quedó en la picota desde el día cero de esta investigación.

Rojas destapó piezas cruciales en el rompecabezas, pero sus palabras bajo juramento ante la corte se habían mantenido en el completo hermetismo. SEMANA revela este testimonio, que explica a los magistrados cómo circulaba la información entre el expresidente y el polémico abogado Cadena para conseguir cada uno de los testigos ahora cuestionados. El 18 de febrero la Fiscalía le imputará a Cadena los cargos de fraude procesal y soborno, mientras que al expresidente la Corte Suprema le tendrá que definir su situación jurídica en las próximas semanas.

Las autoridades han encontrado contradicciones en las declaraciones de Cadena, además de sorpresivos pagos a testigos que ha justificado como “subsidios de viáticos”, “ayudas humanitarias” o “extorsiones”. Pero la información que Fabián Rojas le dejó a la corte anticipa una tormenta mayor, porque dejaría en evidencia una reunión secreta que el abogado quiso ocultarle a la justicia.

Cadena recorrió las cárceles en busca de declaraciones de paramilitares y narcos en favor del expresidente. Y lo consiguió. Entre los testigos que aportó aparecen Máximo Cuesta, Johany Cadavid y Elmo Mármol Torregrosa, todos presos en la cárcel de Cómbita. El abogado reconoció en el estrado que escribió de su puño y letra una carta que después firmó Mármol en la que afirmaba que intentaron manipular su testimonio para que incriminara a Uribe. También lo había hecho antes con Carlos Enrique Vélez, otro de los testigos aportados por él para la defensa de Uribe.

El periodista Daniel Coronell reveló la versión que rindió Cadena ante la corte. Describió en su columna cómo supuestamente el mismo día que hizo firmar a Mármol su declaración, recogió las de otros dos presos. Estas otras dos cartas –según Cadena– las escribió una abogada llamada Ángela López, con quien dijo haberse encontrado por casualidad en la entrada de la cárcel de Cómbita. Aseguró que ella se ofreció a ayudarle allí para conseguir los documentos firmados.

El magistrado César Reyes interrogó por más de siete horas a Fabián Rojas, el abogado que asesoró en su Unidad de Trabajo Legislativo al expresidente Álvaro Uribe durante el 2018.

Semanas después de escuchar el testimonio de Cadena, los magistrados se toparon con una versión diferente. Fabián Rojas aseguró que detrás de la aparición de las tres cartas manuscritas –ninguna de puño y letra de los testigos firmantes– había mucho más que un supuesto encuentro casual de la abogada López y Cadena en la entrada de Cómbita.

Rojas admitió ante la corte que estuvo presente cuando cocinaron estas declaraciones. Sin precisar fecha exacta, afirmó que la periodista venezolana Gisela Matamoros contactó al expresidente Uribe para advertirle que sus opositores estarían alistando un escándalo en medios con declaraciones de un cubano recluido en una cárcel. Y prueba de ello era un sorpresivo traslado de este hombre desde la cárcel de Cómbita a la Picota.

Tras esto, Uribe le habría pedido a Rojas reunirse con la fuente que le estaba entregando esta información a la periodista. El asesor de Uribe desconoce si el expresidente sabía quiénes llegarían a la cita, pero lo cierto es que le pidió no mandarlo solo a ese encuentro. Por eso el expresidente le encomendó a Cadena asistir también.

La reunión se habría llevado a cabo en la terraza externa de un hotel en el barrio Rosales, al norte de Bogotá. Al lugar llegaron el cuestionado coronel retirado del Ejército Germán Rodrigo Ricaurte acompañado con Ángela López, quien se presentó como su asesora. En la conversación, Rojas se enteró de que estaba sentado con el director de la cárcel de Cómbita y que la mujer, además de ser asesora del oficial, era la abogada del escurridizo Cesarín, el temible capo de la oficina de Envigado también conocido por corrupción judicial.

Cadena llegó de último a la cita y se saludó cordialmente con Ángela López, a quien ya conocía de antes. “Ah ¿pero se conocen?”, preguntó Rojas al percibir la cercanía. Cadena contestó: “Es que por el ejercicio profesional, hemos coincidido en algunos temas”.

Sentados en el establecimiento, Ricaurte manifestó las preocupaciones que tenía por el repentino traslado del cubano supuestamente ordenado por la dirección del Inpec. Dijo que detrás estarían Cepeda y Daniel Coronell para desprestigiar al expresidente. Y, según él, querían hacer lo mismo con el paramilitar preso Pablo Hernán Sierra, alias Pipintá. En el encuentro, Ángela López manifestó tener información adicional sobre manipulaciones a testigos para que declararan contra el expresidente.

Rojas y Cadena entregaron los detalles de la reunión esa misma noche al expresidente en su domicilio, incluyendo los saludos de admiración que el coronel Ricaurte le envió. Cadena se encargó de hacerle seguimiento al ofrecimiento del oficial y de su asesora. Continuó en contacto con ellos hasta que en junio de 2018 recogió y entregó las tres declaraciones a Fabián Rojas. De estas cartas quedó copia en el despacho de Uribe en el Congreso y también en la oficina del abogado Jaime Granados, a donde el expresidente ordenó remitirlas.

Rojas asegura que cuando estaba archivando las cartas notó con extrañeza que dos tenían la misma letra y estructura, pero se trataba de documentos firmados por reclusos diferentes. Reaccionó ofuscado: “Recuerdo que le hablé fuerte al expresidente acerca de por qué no se hicieron con la letra de los declarantes y él (Uribe) le recriminó a Cadena esta situación”, señaló.

Además de este episodio, Rojas subrayó que tiempo después Ricaurte llamó a pedirle al expresidente Uribe que lo ayudara para que no lo removieran de la dirección de la cárcel. Anticipaba que sería así por una información recibida por su hermano, el exdirector del Inpec general Gustavo Adolfo Ricaurte. El expresidente rechazó la petición y solicitó a Rojas cortar toda comunicación con el oficial. A pesar de las dudas sobre las cartas, Rojas reconoce que enviaron las declaraciones a la oficina de Granados sin advertencias sobre cómo las consiguieron.

La declaración del asesor de Uribe es clave por varias razones. Primero, porque plantea un choque con Cadena, dado que el abogado ocultó a la corte la relación con Ángela López y la forma como consiguió las declaraciones. Segundo, porque establece varias premisas de cara al caso: 1) El expresidente le pidió a Rojas y a Cadena que asistieran a la cita 2) Uribe supo que estas tres declaraciones salieron de esa reunión con el director de la cárcel de Cómbita y su asesora 3) A pesar de que existían varias dudas por la forma en que Cadena tomó estas versiones nadie encendió una alerta para impedir que los documentos fueran a dar a los expedientes de la corte.

El coronel Ricaurte fue apartado de la dirección del penal en junio de 2019 por decisión del Gobierno nacional. Hay al menos dos preguntas de fondo: ¿Qué hacía el equipo de Uribe sentado con un director de un penal y su asesora hablando de versiones de internos? ¿Si la cita secreta no tenía nada de irregular, por qué la omitió Cadena en su declaración jurada ante la Corte Suprema? La justicia tiene la palabra.