La Defensoría del Pueblo ha recibido 87 reportes de violencia de género por parte de la fuerza pública durante las protestas

El caso de una joven de 17 años de Popayán que se suicidó, después de que denunció en sus redes sociales que, supuestamente, miembros del Esmad la habían agredido sexualmente, agregó un nuevo capítulo de horror a los que se han vivido en medio de la protesta social.

“Dada la gravedad de las acusaciones, solicitamos a las autoridades priorizar la investigación para esclarecer los hechos y que se apliquen las sanciones correspondientes”, afirmó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, quien le solicitó a Medicina Legal inmediatez y exactitud para que se apliquen las sanciones correspondientes a los responsables.

Lastimosamente, el caso de la adolescente caucana no es el único, pues la Defensoría del Pueblo ha recibido 87 reportes de violencia basada en género a mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas, entre el 28 de abril y el 14 de mayo, presuntamente a manos de la fuerza pública.

La entidad, a través de la Defensoría Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, en el marco del seguimiento y acompañamiento al ejercicio del derecho a la protesta, monitorea y acompaña los casos de violencia de género por parte de la Policía y/o el Esmad, las 24 horas del día, toda la semana.

En el lapso mencionado, las violencias que se reportaron a la Defensoría fueron, con mayor frecuencia, violencia física en 67 oportunidades, uso desproporcionado de la fuerza y la autoridad en 63 y violencia verbal en 54.

Asimismo, la entidad recibió reporte sobre dos casos de violencia sexual; “14 de otros casos” de ese mismo tipo de violencia, como tocamientos inapropiados con carácter sexual, amenazas de violencia sexual o cualquier acto que involucre afectaciones a la libertad e integridad sexual de la persona; 18 casos de cachetadas, pellizcos y jalada de pelo; 5 casos de tortura física, y 4 de tortura psicológica.

Los departamentos del país en donde se concentraron la mayoría de las denuncias fueron Antioquia, Valle del Cauca, Nariño y Cauca.

“Cada una de estas agresiones es inadmisible. Así mismo, los efectos que las mismas tengan en la salud, psicológica, emocional y física de las víctimas. Por este motivo, la Defensoría alerta sobre las graves consecuencias que este tipo de violencias pueden tener sobre las vidas e integridad de las mujeres”, dice el comunicado de la entidad, en el que reconoce que hay un temor por denunciar este tipo de violencias.

No obstante, la Defensoría del Pueblo invitó a seguir reportando los hechos de violencia de género a través de la encuesta virtual dispuesta para ello por esa entidad, o a través de los canales de comunicación que siempre han estado disponibles.

“Instamos a la fuerza pública a tomar todas las acciones para prevenir este tipo de violencias en contra de mujeres, niñas, adolescentes y personas con orientación sexual e identidad género diversas”, dice el preocupante documento compartido por la Defensoría.

Entre otras medidas, la entidad recalcó la necesidad de que cada CAI, URI, CPT, entre otras instalaciones en donde son detenidas o trasladadas las personas, tengan activas y en uso permanente las cámaras digitales, que permitan corroborar las denuncias de forma expedita, así como prevenir posibles abusos de poder y autoridad, entre otros que pueda llegar a cometer la fuerza pública.