La demanda de Vargas Lleras que podría tumbar la ley de financiamiento de Duque

En la clase política se sabía que el distanciamiento entre Germán Vargas Lleras y el Gobierno tendría consecuencias posiblemente muy grandes. La balanza de esa puja se había evidenciado en las cuentas de los votos en el Congreso que tendrían las objeciones a la JEP. El peso para inclinar ese péndulo lo tiene por ahora el líder de Cambio Radical, y con eso podría darle uno de los golpes políticos más duros al Gobierno en su primer año. Ese debate no se ha resuelto, y al poder de Vargas le sale otra lucha clave: la ley de financiamiento.

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El exvicepresidente había dicho a comienzo de año que empezaría una nueva etapa de su vida: la de abogado. Vargas explicó que nunca había ejercido de ese modo la carrera de jurisprudencia que hizo en la Universidad del Rosario y que en marzo, una vez se cumplieran sus inhabilidades por haber sido servidor público, montaría su propia firma.

El primer caso que hace público es la demanda a la principal reforma que el presidente Iván Duque ha sacado en el Congreso. El exvicepresidente presentó este martes en la Corte Constitucional un documento de 62 páginas que compila todas las razones que, según él, hacen que esa ley sea inexequible. A su juicio, los cargos que presenta “se fundan en vicios de procedimiento en el trámite legislativo del mencionado cuerpo normativo, por lo tanto afecta a la totalidad la referida ley”, con lo cual queda claro que si la corte acepta sus argumentos, la reforma se caería por completo.

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El hecho de que Vargas sea quien lidere esa acción en la corte tiene un doble significado. El primero es político. Después de la demanda quedarán pocas posibilidades de que Cambio Radical pueda hacer equipo en el corto plazo con el Gobierno Duque, lo cual significa en la práctica que el presidente se puede quedar sin mayorías para tomar decisiones en los temas más sensibles como la JEP y el Plan de Desarrollo que se está aprobando en este momento.

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El segundo es jurídico. Al haber sido ministro del Interior y de Justicia, Vargas es una de las personas que más conoce del trámite legislativo. Por lo tanto, un estudio minucioso de los vicios que se pudieron cometer en el trámite de esta ley podrían entregarle a la corte un sustento ineludible de que la norma no puede pasar su examen.

Vargas comienza su demanda con un detallado recuento de lo que sucedió los últimos días de noviembre y los primeros de diciembre en los debates de esa reforma. Con un cuadro de excel, hora por hora, y soportado en los videos de cada una de las votaciones, el exvicepresidente  explica cuáles congresistas intervinieron en el debate y cómo se fueron dando las votaciones.

A partir de ahí, Vargas concluye que existieron tres vicios de forma que no son subsanables en ese proyecto. 1)  El total desconocimiento por parte de los miembros de la Plenaria de la Cámara de proposiciones que luego se votaron 2)  Repetición de una votación respecto de 88 artículos de la ley. 3) La omisión de la consideración y votación por parte de la plenaria de la Cámara del título de la reforma.

Sobre lo primero, Vargas asegura que muchos artículos que llegaron al Congreso y se votaron nunca fueron compartidos a los congresistas que básicamente no sabían qué estaban votando. El exvicepresidente adjuntó un cuadro en el que explica uno a uno cómo se fueron modificando esos textos, de modo tal que lo que se votó terminó siendo muy distinto al texto inicial que les repartieron a los parlamentarios. Según él, “adicionalmente se incluyeron 11 artículos nuevos cuyo texto no había sido previamente conocido por los miembros de la Cámara de Representantes”.

El segundo punto que sustenta la demanda tiene que ver con los debates del 18 y 19 de diciembre en la plenaria de la Cámara. Allí, según él, se “reabrió el debate sobre artículos que ya se habían votado y repitió la votación sobre los mismos, situación que excede la competencia que tiene el Congreso”.  

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Vargas deja ver que detrás de ese cambio en las votaciones lo que hubo fue presiones de grupos de interés sobre esos temas. “Esta pretendida anulación de la decisión ya tomada se presentó en un contexto de acuerdos por fuera del recinto de plenaria, en momentos diferentes al debate y con total exclusión de los grupos minoritarios”, explica en su documento. El tercero es un vicio de forma porque no se debatió ni votó el título de la ley, algo que es obligatorio en todas las reformas de este tipo.

Con esos argumentos, el exvicepresidente asegura que no solo debe caerse la ley completa, sino que además pide que esta decisión de la corte debe ser retroactiva, “de manera que se entienda que la ley nunca generó efectos dentro de nuestro ordenamiento jurídico”.  Según Vargas, lo que los colombianos han pagado estos meses, en el caso de que la ley se caiga, habría “generado un enriquecimiento sin causa a favor del Estado colombiano, y en perjuicio de quienes vieron vulnerado su derecho a la representación democrática en las decisiones políticas, máxime en aquellas leyes que crean tributos e imponen cargas fiscales”.

La salida del exvicepresidente, sin embargo, no es sorpresiva. Por un lado, porque él mismo había dicho en enero que se estrenaría en esta nueva fase como abogado con esa acción. Por otro, porque había calificado la reforma de ser “inequitativa y facilista”. En varias intervenciones aseguró que no compartía la mayoría de sus propuestas y que “la gran afectada sería la clase media, que después de haber soportado las dos últimas reformas ahora tendrá que asumir una mayor carga tributaria. No recuerdo que el entonces candidato Duque hubiera dicho una sola palabra sobre sus verdaderas intenciones en estas materias”.   

La demanda de Vargas llega en un momento también de distanciamiento entre la Corte Constitucional y el Gobierno Duque. Después de que el presidente objetó la ley estatutaria de la JEP, un tema al que ese organismo ya le había dado un año de estudio, se ha dicho que entre ambos poderes se vive una especie de guerra fría. A la demanda de Vargas se le suman algunas más, entre ellas la del constitucionalista Jesús Pérez, que ya comenzó su análisis en ese alto tribunal y otros temas clave del Gobierno como el glifosato y el Plan de Desarrollo.  

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