La denuncia que promueven uribistas y petristas en Cali, por presunto fraude electoral

El tema de las enmendaduras en los formularios E-14 y que tanta polémica causaron en el país luego de conocerse los resultados electorales de la primera vuelta presidencial, siguen produciendo efectos judiciales.

Ahora se supo que un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Cali citó a interrogatorio a los registradores Carlos Alberto Torres Luna y José Francisco Daza Silva, del Valle y Cali, dentro de un proceso por presuntos delitos electorales que arrancó desde las elecciones al Congreso en 2014.

No obstante, a ese proceso se le incorporó otra denuncia que formuló un grupo de jóvenes que promueve la iniciativa Denuncias Ciudadanas Cali, en la que cuestionan los resultados electorales de la primera vuelta presidencial en 118 mesas de votación ubicadas en 16 zonas de la capital del Valle.

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La denuncia tiene como fundamento las mismas reclamaciones que se vienen conociendo desde las votaciones al Congreso, relacionadas con las enmendaduras, alteraciones o modificaciones reflejadas en los formularios E-14.

Al respecto, Luis Mejía Motato, un joven graduado en Ciencias Políticas que en primera vuelta votó por Humberto De La Calle, pero ahora lo hará por Petro, recalcó que lo más preocupante del barrido que ellos hicieron, “es que hay más votos que votantes en las mesas revisadas”, dijo.

Agregó, que ante esa situación formularon la respectiva denuncia el pasado 1 de junio ante la Fiscalía “y sabemos que el proceso quedó en manos de un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Cali”, anotó.

Mejía Motato aclaró que el grupo ciudadano que promueve la denuncia está formado por 35 jóvenes, entre los que se encuentran al menos cinco simpatizantes del Centro Democrático, otros de Alianza Verde, Liberales y Colombia Humana.

Esta revista indagó con fuentes de la Registraduría y allí confirmaron la citación a interrogatorio de los funcionarios Torres y Daza, pero recalcaron que se trata de un proceso abierto desde 2014.

Esas mismas fuentes confirmaron que el pasado 7 de junio miembros del CTI de la Fiscalía inspeccionaron judicialmente el material electoral del 27 de mayo pasado y concluyeron que “(…) verificadas una a una las mesas, se constató que las cifras registradas en los E-14 coinciden con los votos físicos de las bolsas de cadena de custodia de los escrutinios”.

Al indagar sobre el tema en la Fiscalía, una fuente cercana a esas investigación sobre presuntos delitos electorales, confirmó la existencia del proceso con un radicado desde 2014, pero aclaró que a partir de ahí se sumaron todas las denuncias en torno al fraude electoral.

El investigador añadió que gracias a esa compilación procesal, la Fiscalía tiene en la mira no solo las presuntas alteraciones presentadas en las votaciones al Congreso en 2014, sino las de 2018 y la primera vuelta presidencial.

“En la acumulación de esas denuncias ya logramos identificar que existen por lo menos 26 maneras de alterar un resultado electoral en el que podrían participar desde los jurados, personal técnico y funcionarios de la misma Registraduría. Por eso queremos escucharlos a todos antes de tomar alguna decisión de fondo”, dijo la fuente.

Recalcó que las diferencias entre los resultados de los formularios E-14 y los E-24, sumado a la presencia de software malicioso en el sistema o la manipulación posterior de las planillas digitales, son algunas de las más frecuentes.

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Como se recordará, durante el reconteo de votos para Congreso en marzo pasado, el CTI allanó el coliseo donde se realizaba esa labor escrutadora en Cali e incautó ocho computadores usados por la Registraduría para ese proceso.

El propósito de ese procedimiento era determinar si los equipos estaban infectados con algún programa malicioso y verificar la secuencia de las operaciones de registro. Esta revista pudo confirmar que los primeros análisis técnicos arrojaron que esos equipos que usó la Registraduría para el escrutinio en Cali, no fueron hackeados. Aun falta establecer si los manipularon por fuera del registro oficial.

Como se recordará, la semana pasada el Consejo Nacional Electoral, CNE, zanjó la discusión en torno al presunto fraude electoral durante la primera vuelta presidencial, al revisar las 27 reclamaciones formuladas por la campaña de Gustavo Petro. En las denuncias, se ponía en entredicho la veracidad de 600.000 votos.

Finalmente, la autoridad electoral determinó que al revisar una a una las mesas, solo hubo irregularidades con 495 votos. Esa decisión originó que a Petro le sumaran 238 votos, mientras que a Duque le restaron 257.

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Más allá del desenlace judicial de este proceso en Cali, hay un antecedente esperanzador, ya que en medio de la polarización política que vive el país, jóvenes uribistas y petristas se unieron por una misma causa: denunciar presunto fraude electoral.