“La derecha quiere victimizar a los 4 policías que abusaron de Allison”; Gustavo Bolívar contraataca y arremete contra el uribismo

No para la polémica por la expresión que sigue utilizando el candidato a la Alcaldía por Bogotá, Gustavo Bolívar, al señalar de “cerdos” a varios policías por el caso de Allison Salazar, una joven que denunció que había sido abusada por miembros de la policía durante el llamado estallido social.

Por este caso, la Fiscalía anunció, en el 2021, imputación de cargos por tortura a varios integrantes de la institución. Los uniformados implicados presuntamente, fueron llamados nuevamente “cerdos” por Bolívar y estos denunciaron en las últimas que han sido amenazados de muerte tras los señalamientos del hoy candidato a la Alcaldía de Bogotá, quien dijo sus nombres al aire en un debate de SEMANA.

Sobre los señalamientos de los uniformados, el exsenador Bolívar publicó recientemente un trino en donde contraatacó y arremetió contra un sector de la política del país.

En su momento, Lizeth Montero, abogada de la familia de Allison Salazar, dio su versión de los hechos respecto a lo que ocurrió el 12 de mayo en Popayán. Lo hizo en entrevista con Vicky en Semana. De acuerdo con la abogada Montero, la menor, de 17 años de edad, dejó un mensaje en su página oficial de Facebook, donde da cuenta de lo que ocurrió. Luego, publicó otro mensaje anunciando que se quitaría la vida.

“La vas a pagar, tombo hp. Te tenemos bien ubicadito”: así amenazan de muerte a los policías a los que Gustavo Bolívar llamó “cerdos”

Los policías a los que Gustavo Bolívar llamó “cerdos” hoy viven bajo amenazas de muerte. Según ellos, la situación se volvió crítica después de que el candidato a la Alcaldía de Bogotá los mencionó nuevamente en un debate de SEMANA y posteriormente los incluyó con nombre y apellido en un trino en el que los señala de violar a Allison Meléndez.

Aunque ellos participaron en el procedimiento policial, uno de los más polémicos de la ola de violencia que vivió el país en 2021, nunca fueron investigados por abuso sexual. La joven participó en las movilizaciones en Popayán durante el paro nacional y se vio en un video cómo era conducida por policías a una estación. Allí estuvo unas horas y luego un grupo de infancia y adolescencia la entregó a su abuela para llevarla la casa, en donde se quitó la vida. Dejó un video en el que sostenía que había sido víctima de abuso.

El patrullero Julián Andrés Martínez, quien es uno de los señalados por Bolívar, habló con SEMANA. “Soy el primero que nombra. Es algo que me afecta no solo a mí, sino a mi familia. Yo personalmente estoy tranquilo, porque yo sé lo que hice. Yo sé mi proceder”.

“No es un secreto que estamos en esta investigación, pero no es justo que este señor nos calumnie de esta forma, con hechos que no son verdad. Con el poder que tiene, quiere venir a pisotearnos”. El patrullero reitera que “el dictamen de Medicina Legal corrobora que eso (la violación) no sucedió y no estamos investigados por delitos sexuales”.

El joven asegura que tras los señalamientos de Bolívar, a él y a varios de sus compañeros les han llegado amenazas de muerte. “Me mandan fotos camino a mi casa, llegando al trabajo, andando en moto”, sostiene y agrega que lo buscan por Facebook y WhatsApp y le escriben de diferentes cuentas y números. “Yo la he intentado coger suave, no quiero mostrar miedo, pero uno no sabe hasta dónde puede llegar esto. Mencionan a mi familia, a mi hijo, a mi esposa”, agrega. Por cuenta de las amenazas, ellos ahora tienen una medida de protección.

SEMANA conoció las amenazas que le llegan al patrullero. “La vas a pagar, malparido. Ya te tenemos bien ubicadito”, le escriben al WhatsApp. “Te voy a comprobar con fotos tuyas, de tu mujer y tu hijo”, agrega el mensaje.

“Cállate. Te vamos a dejar la jeta llena de moscas... pero antes de pelarte a ti, te vamos a sacar la plata, por eso que le hiciste a la niña”. La persona que le escribe comienza a mandarle fotos en donde se ve su casa y su moto. Y le dice: “¿Te da miedo salir? Te estábamos esperando para pegarte un pepazo en la cabeza... te vamos a pelar como el cerdo que sos”.

Desde otro celular, tras haber bloqueado el anterior número, le vuelven a escribir. “¿Pensaste que con bloquearnos te ibas a salvar del pepazo que te vamos a pegar en esa cabeza?”, le escriben.

“Vas a quedar con la jeta llena de moscas, así como tus compañeros de Morales hoy”, le agregan. El agresor se refiere al crimen de las disidencias de Iván Mordisco en ese municipio del Cauca, que dispararon sin piedad y asesinaron a sangre fría a tres policías.

Los cinco miembros de la fuerza pública pusieron en conocimiento de las autoridades esas amenazas y denunciaron penalmente por calumnia a Gustavo Bolívar. “Lo que queremos es resarcir nuestro buen nombre. Nosotros no somos unos abusadores sexuales. Están en peligro nuestras vidas y la vida de nuestras familias”, asegura Víctor Hugo Martínez Martínez, quien era el comandante del Escuadrón Móvil Antidisturbios No. 9 de la Dirección de Seguridad Ciudadana Disec en el momento de los hechos en Popayán.

Además de Martínez, también se sumaron a la denuncia Julián Andrés Martínez Pérez, Jhon Jader Montenegro, Edwin Orlando Cortés C. y Ricardo Andrés Salazar M., quienes fueron señalados por Bolívar en la publicación de Twitter.

En el documento, los cuatro policías aseguran que la investigación que cursa en su contra es por “uso excesivo de la fuerza y nunca por delitos contra la libertad y pudor sexual”. Aseguran que la narración que ha hecho Bolívar de los hechos corresponde al delito de calumnia.

“Sus afirmaciones no corresponden a la verdad”, le dijo a SEMANA.

El comandante asegura que no tienen nada que ver con la trágica muerte de la joven. “Desconocemos las razones por las que ella se quitó la vida”.

Y cuenta que la versión de Bolívar les ha generado daños en su vida personal irremediables. “Se dijeron cualquier cantidad de cosas en redes sociales. Nada de eso corresponde a la verdad. Dentro de la URI y afuera había cámaras”, aseguró Martínez, y agrega que durante el paro nacional ellos no denunciaron al político, pero ahora lo vieron en el debate de SEMANA referirse de nuevo a ellos y decidieron buscar que la justicia proteja su buen nombre. “Nosotros no tenemos ninguna investigación por delitos sexuales”.

En ese debate, Bolívar aseguró: “vuelvo y reitero: esos cuatro policías son unos cerdos, así como son cerdos los policías que les dispararon a los jóvenes durante las protestas sociales. Lo digo nuevamente y me sostengo, pero eso no significa que sea un calificativo contra toda la institución”.

Martínez sostiene que el candidato, en aras de hacer campaña, “dio nuestros nombres completos al aire para que la gente nos trate como unos violadores”.

En la investigación que adelantó la Fiscalía sobre el hecho, se recuperaron todos los videos, incluso los de seguridad en la URI de Popayán, y de acuerdo con la información que está en poder las autoridades, la menor siempre estuvo con un funcionario de infancia y adolescencia, en un lugar visible donde las cámaras garantizaron que no fue trasladada a oficinas o dependencias cerradas.

Esos videos ya son parte de la investigación, además de las pruebas forenses que descartaron, según la Fiscalía, un caso de acceso carnal abusivo en contra de Allison.

La Procuraduría sancionó la semana pasada con destitución e inhabilidad general de 14 años al comandante Víctor Hugo Martínez Martínez por el uso excesivo de la fuerza y la privación ilegal de la libertad de Allison, ocurrida en las manifestaciones del 12 de mayo de 2021.

Asimismo, la entidad sancionó por 13 años a los patrulleros Julián Andrés Martínez Pérez y Jhon Jader Montenegro Camilo; de la misma manera, por 12 años a Edwin Orlando Cortés Cifuentes y Ricardo Andrés Salazar Manrique. De acuerdo con la decisión del Ministerio Público, los integrantes del Esmad privaron de la libertad, de manera ilegal, a una joven cuando se encontraba agachada en el antejardín de una casa ubicada en Versalles Pajonal, en Popayán, posiblemente grabando la actuación policial, trasladándola a la Unidad de Reacción Inmediata, URI.

El fallo es de primera instancia y los miembros de la fuerza pública apelaron.